La Voz de los Trabajadores

Foto: Roxanne de La Rosa, 2023

El Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados (GARR) de Haití denunció mediante un comunicado el 19 de enero que agentes de la Dirección General de Migración (DGM) detuvieron a una pareja de ciudadanos haitianos, dejando abandonados en una vivienda de Puerto Escondido, en la provincia Independencia, a sus tres hijos pequeños, de 8 años, 3 años, y 3 meses de edad, respectivamente. La detención habría ocurrido el martes, 16 de enero, mientras los padres se dirigían a su trabajo. «Sus teléfonos fueron confiscados y desde entonces no tienen noticias de los niños», denunció el GARR. El reglamento de la Ley de Migración 285-04 prohíbe la detención de mujeres embarazadas, madres lactantes e infantes, así como la separación de infantes de sus familias, pero estas prácticas ilegales han sido sistemáticas por parte del régimen encabezado por el presidente Abinader, como parte de las expulsiones masivas perpetradas desde el año 2021, incluyendo la detención arbitraria de centenares de mujeres embarazadas. También son frecuentes la extorsión y los robos de teléfonos celulares y dinero de las personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana por parte de agentes migratorios, policiales y militares.

El Consejo para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) confirmó el hecho a través de una red social, el 21 de enero. «Sobre el caso al que hacen referencia… nuestra Oficina Municipal en Jimaní estableció contacto con las autoridades locales y confirmó que los niños actualmente se encuentran bajo cuidado y protección de una red comunitaria de apoyo», afirmó la institución, alegando que apoyarán «la reunificación familiar con sus padres». A fines de 2022, la DGM negó que separara a infantes de sus familias, luego de que UNICEF contabilizara ese año más de 1800 casos de infantes expulsados a Haití sin la compañía de familiares. Aunque el gobierno intenta negarlo, las violaciones a los derechos humanos son sistemáticas y forman parte de una política oficial que pretende capitalizar electoralmente el racismo y la xenofobia. Ante la presistente exigencia de organizaciones sociales y políticas, a lo largo de años, la Procuraduría General de la República se niega a someter a la justicia a los agentes represivos que cometen crímenes en el contexto de los operativos de interdicción migratoria, perpetuando la impunidad.

GARR denunció que en 2023 fueron deportadas más de 250 mil personas haitianas por parte del Estado dominicano. Según el director del Instituto Nacional de Migración, la población inmigrante haitiana se estima en 700 mil personas. Se trata de una comunidad trabajadora, frecuentemente superexplotada por el empresariado que depende de esa fuerza de trabajo, por lo que la política racista e ilegal de expulsiones masivas ha impactado en la industria de la construcción, la agricultura y otros sectores económicos. La noche del 18 de enero, el GARR recibió en su centro de acogida en Belladere a más de cien personas, incluyendo trabajadores de la construcción con sus uniformes y herramientas de trabajo, mujeres lactantes y niños. GARR alertó que el Estado dominicano estaría violando la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño y otros pactos y convenios internacionales que protegen a las personas migrantes. Según el GARR, una madre lactante con un bebé de 4 meses narró que su vivienda fue allanada ilegalmente a las 4 de la mañana y estuvo detenida junto a su esposo y su bebé durante dos días en condiciones de higiene terribles en el centro de detención de Haina. La organización exigió a las autoridades haitianas reclamar a sus pares dominicanas el cumplimiento del protocolo de repatriaciones y a las autoridades dominicanas tratar a las personas migrantes haitianas con respeto y dignidad. Llamados similares en el pasado, como el realizado por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, en 2022, han sido rechazados violentamente por el gobierno dominicano.

En enero de 2024, la organización Human Rights Watch publicó su informe mundial, en el cual constató que las detenciones migratorias en República Dominicana se realizan empleando el perfilamiento racial, deteniendo a personas «únicamente por el color de su piel» y que regularmente se les mantiene «en jaulas en camiones a la espera de ser procesadas, en medio de un calor sofocante y con poco o ningún acceso a alimentos o agua». La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que alrededor del 94% de las repatriaciones de migrantes haitianos entre enero y agosto de 2023 fueron perpetradas por el Estado dominicano.