La Voz de los Trabajadores

El viernes, 2 de diciembre, una vocera de la transnacional francesa Total anunció que junto a la empresa Visolar Holding habrían llegado a un acuerdo con los comunitarios de Villarpando, poniendo fin a un largo conflicto. En su despliegue represivo para imponer el proyecto de parque fotovoltáico, el gobierno ha detenido a decenas de personas y un campesino fue asesinado por agentes policiales. La representante empresarial se refirió al terreno en disputa como una parcela despoblada “donada por el Estado”, y mencionó que se pagarían dos millones de pesos anuales al pueblo durante la duración del proyecto, además de construir áreas recreativas y otras obras de infraestructura en beneficio de la comunidad. En realidad, la situación es totalmente diferente, como se evidencia en el propio texto de acuerdo y en la forma en que se firmó.

El supuesto acuerdo, fue firmado el 14 de noviembre por la gobernadora de Azua, funcionarios de la Junta Distrital, cuatro dirigentes comunitarios, los capitalistas Carlos Frías y Rodolfo Marranzini. Si representaba el fin de tan largo conflicto, ¿por qué la transnacional francesa Total tardó hasta el 2 de diciembre para anunciar el acuerdo? La realidad es que el conflicto no ha concluido.

El propio texto del acuerdo es revelador en este sentido. Según este acuerdo, el empresario Carlos Frías, estrechamente vinculado al gobierno del PRM, donaría al Estado porciones de la parcela 619-A, donde se encuentran viviendas, para su deslinde, subdivisión y titulación, y se comprometería a “no disponer de los predios agrícolas” dentro de dicha parcela. El Estado expropiaría los terrenos de utilidad agrícola y áreas recreativas dentro de la parcela. Frías también se compromete a no realizar construcciones sobre una cancha de béisbol hasta no reubicarla. Hasta aquí, el texto demuestra que la veracidad de las denuncias de las personas de Villarpando sobre la venta de un terreno que la comunidad ha usufructuado por largos años y en el que hay viviendas, cultivos y tierras de pastoreo de ganado. Las autoridades nunca debieron permitir que se llegara a una situación tan extrema en la que capitalistas compran literalmente el territorio de un pueblo sin la menor consideración hacia sus derechos y su historia.

Pero eso no es todo. La empresa Natural World Energy, propiedad del capitalista Frías, también se compromente a solicitar la suspensión de las órdenes de arresto contra los comunitarios firmantes del propio acuerdo. Éstos enfrentaban procesos de criminalización por “alteraciones del orden público”, en otras palabras, por protestar. Los comunitarios se comprometerían a no expresar por ningún medio de comunicación o red social opiniones contrarias al proyecto. No solo no podrían protestar o expresar opiniones contrarias al proyecto, serían incluso obligados a “promoverlo”. En el colmo del autoritarismo, se les obliga igualmente a hablar favorablemente de la persona del empresario Carlos Frías, para “limpiar su buen nombre”. Como es evidente, son términos abusivos y cualquier contrato firmado bajo coacción carece de validez.

Otros elementos del acuerdo son el compromiso de la Junta Distrital de Villarpando de solicitar la suspensión de cualquier medida judicial o administrativa contra la empresa o el proyecto. La donación de 2 millones de pesos anuales mientras funcione el proyecto, por parte de Natural World Energu, iría a un fondo administrado por la propia empresa, conjuntamente con la Junta Distrital de Villarpando y representantes comunitarios.

No está claro cómo pudo Natural World Energy recibir durante el gobierno del PLD la concesión otorgada por el Estado para el proyecto de generación de energía solar, en terrenos ocupados por la comunidad desde hace años, desencadenando el conflicto que sigue en curso. Lo cierto es que el gobierno del PRM le ha dado pleno respaldo y ha desatado una gran represión para imponer el proyecto, como ya reseñamos.

Una semana después de la firma del acuerdo coaccionado, el 21 de noviembre, la CNDH se pronunció exigiendo el fin de la represión por parte de la Policía Nacional en Villarpando y Las Canoas de Azua. En visita a las comunidades, constató la presencia de personas golpeadas y heridas de perdigones por la represión policial. También se convocó una marcha para el 24 de noviembre en el pueblo, exigiendo justicia para Balbino Cuevas, campesino asesinado por efectivos de la Policía Nacional en el marco de una protesta el 13 de octubre. El coronel Valenzuela es responsabilizado por los comunitarios de la represión que ha sufrido el pueblo y de ordenar el ataque en el que Cuevas fue asesinado de un disparo por la espalda.

La CNDH comparó la situación impuesta por el gobierno en Villarpando con los 12 años de Balaguer, dados los allanamientos sin orden judicial y el uso de la fuerza policial para aterrorizar a quienes protestan. La organización hizo un llamado a Procuradora General de la República, Miriam Germán, a intervenir ante esta grave situación, acusando al procurador Dante Castillo, de Azua, de no perseguir al asesino de Balbino Cuevas, pese a la abundancia de evidencia material y testimonios. A quienes sí persigue Castillo es a los miembros de la comunidad que vienen ejerciendo su derecho a la protesta.

Las demandas más importantes que continúa levantando la comunidad de Villarpando y el Comité de Lucha Lemba son justicia para Balbino Cuevas, libertad plena de detenidos y criminalizados, indemnización de predios agrícolas ya afectados por la empresa, y la titulación de la tierra a nombre del municipio, para poder desarrollar un acuerdo justo con la transnacional francesa Total.

Fotos del acuerdo impuesto bajo amenaza de arresto