Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

En los últimos meses, el gobierno capitalista y depredador ambiental encabezado por Abinader ha arremetido violentamente en contra de pueblos humildes de Azua, para imponer los proyectos de empresas capitalistas europeas y sus socios de la burguesía dominicana. El 14 de octubre falleció Balbino Valdez Cuevas, campesino de Villarpando, herido de bala el día anterior por agentes de la Policía Nacional (PN) en un ataque en el que otras dos personas fueron heridas de bala. A fines de septiembre, también varias personas resultaron heridas cuando la PN atacó a balazos a la comunidad Los Negros de Azua, durante otra protesta. Exigimos justicia ante este brutal crimen y responsabilizamos al gobierno de Luis Abinader.

Las comunidades de Villarpando y Las Canoas, en el municipio Las Yayas de Viajama de la provincia de Azua, vienen movilizándose desde el mes de mayo en contra de la imposición de un proyecto de generación eléctrica solar de la transnacional francesa Total y el fondo de inversiones Visolar, en el cual el capitalista dominicano Celso Marranzini es el principal accionista. Marranzini es un capitalista estrechamente ligado a Luis Abinader, a tal punto que el gobierno intentó beneficiarlo con el contrato de fideicomiso de la planta termoeléctrica de Punta Catalina. Otro capitalista ligado al gobierno, Carlos Frías, también es señalado por su involucramiento en el proyecto de Villarpando.

El rechazo popular al proyecto se debe a que se ejecutaría sobre terrenos en litigio e implicaría la expropiación y desplazamiento forzoso de parte importante de las tres mil familias que viven en la zona. El coronel Valenzuela Madera es señalado en la comunidad como quien ordenó la represión que culminó en el asesinato del señor Valdez Cuevas. El Comité de Lucha Juan Sebastián Lemba responsabiliza a la alcaldesa de Las Yayas, la gobernadora de Azua, Grey Pérez, al representante de las iglesias protestantes en el Palacio Nacional, Dio Astacio y al ministro José Paliza de ser cómplices de los atropellos y las recurrentes militarizaciones por medio de las cuales se ha intentado aplastar la resistencia popular. Señalan que en los terrenos en disputa se encuentran numerosos sembradíos, una escuela y el cementerio municipal. Ante la intensificación de las protestas, durante el mes de septiembre el gobierno respondió con una fuerte represión, deteniendo a decenas de personas, y en octubre escaló la violencia con el baleamiento de manifestantes .

Las acciones represivas continúan pese a que el permiso municipal para el uso de suelo, otorgado a los empresarios en 2019, fue revocado posteriormente.

En Los Negros de Azua se protesta contra la instalación de una barcaza de generación termoeléctrica en el muelle de esa localidad, que destruiría manglares y contaminaría el balneario, afectando el turismo y la pesca, actividades que sustentan económicamente a la comunidad. Los activistas locales alertan que se trata de una zona protegida, por lo que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales nunca debió otorgar un permiso parcial a la empresa turca Karpowership. También señalan la complicidad de la gobernadora de Azua.

El gobierno de Abinader reprime a campesinos, pescadores y trabajadores del turismo, colocando la represión militar y policial al servicio de los intereses de grandes capitalistas locales y extranjeros, siempre dispuestos a sepultar a pueblos enteros si así lo requieren sus negocios. Nos solidarizamos con la lucha de los pueblos de Azua que resisten ante la ofensiva capitalista y la represión del gobierno. A las organizaciones populares y ambientalistas les hacemos un llamado a realizar una jornada nacional de protesta que unifique en una sola acción todas las luchas territoriales y ambientales del país.