La Voz de los Trabajadores

Ante la realización en Santo Domingo la XII Conferencia de Ministros de Minería de las Américas (CAMMA), varias organizaciones populares, ambientalistas y grupos especializados en el tema minero, entre ellas la Coordinadora Popular Nacional, la Red Socioambiental Nacional y el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, fijaron posición en una nota de prensa, denunciando “el entreguismo de gobiernos y élites nacionales al poder depredador de los monopolios mineros y gasíferos”.

Denunciaron que el gobierno de Abinader proyecta una expansión que aumenta en más de 100% el tamaño original de la explotación aurífera de Barrick Gold en Cotuí, se dispone a instalar la explotación subterránea de oro en San Juan de la Maguana, a cargo de la también canadiense Gold Quest, y que el gobierno y la empresa Belfond Enterprise están destruyendo la Sierra de Bahoruco Oriental, «de extraordinaria riqueza hídrica y parte de la más importante zona de biodiversidad de la República Dominicana y El Caribe». El gobierno de Abinader también promueve «la explotación de uno de los más grandes  yacimientos de oro de sulfuros identificado binacionalmente, en la frontera, desde Dajabón hasta La Miel en el Plato Central norte de Haití, que igualmente han sido concesionados, en ambos países a Gold Corp, Unigold y Barrick Gold».

El gobierno ha concesionado la plataforma marina, desde la ciudad capital hasta el litoral de la principal zona turística de la nación, a la empresa estadounidense Apache, para la exploración petrolera.

“Los gobiernos de América Latina y el Caribe no deben seguir postrados ante las depredadoras… mineras, empresas petroleras y gasíferas, (que) destruyen el medio ambiente, potencian la crisis climática y sumergen en la crisis económica a nuestras naciones y pueblos”, expresaron las entidades.

Explican que realización de la conferencia del CAMMA fue precedida por la desinformación, con el falso anuncio de que no se realizaría en forma presencial, sino virtualmente, a fin de impedir la participación de las organizaciones ambientalistas en los debates y así asegurar que el evento sirviese a la ofensiva propagandística minera para vender «las bondades» de la llamada «minería verde» y «responsable».

Las organizaciones plantearon la necesidad de detener «la destrucción del medio ambiente, la vida en comunidad y el saqueo al que históricamente han sometido a nuestros pueblos».

La atención de los gobiernos, reiteraron, «debe ser puesta en el alarmante deterioro ambiental, la situación de vulnerabilidad frente a las amenazas, en la capacidad destructiva y contaminante de la minería metálica y el efecto pernicioso de la no metálica,  especialmente aquellos países que han asumido Acuerdo de Escazú».

Alertaron que la presa de cola El Llagal amenaza con arrasar seis comunidades y sus 450 familias, ubicadas debajo de un muro del relave que contiene millones de toneladas de lodo tóxico almacenados por Barrick Gold. Las comunidades llevan más de cinco años apostadas en el Campamento de los Encadenados demandando su reubicación, sin acceso al agua potable, impedidos de cultivar la tierra y sin servicios eficientes de salud.

Señalaron la incompatibilidad entre la depredación minera y el desarrollo sostenible, subrayando que la única alternativa al desastre climático es la necesaria y urgente transición energética, «garantizada por la participación de los pueblos… dejando el carbón, el petróleo y el gas bajo tierra, protegiendo los bosques y los ecosistemas».

«Ante esta situación de vulnerabilidad, amenaza y riesgo, proclamamos la resistencia ante las empresas transnacionales y gobiernos irresponsables», concluyeron, llamando a la defensa del medio ambiente y la vida humana.