Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

Imagen: obra City Skins de los artistas Various & Gold

Introducción: El domingo 12 de junio se realizó el Foro por un Referente Unitario de la Izquierda Dominicana en el que representantes de 17 organizaciones y varios activistas independientes debatieron sobre la situación nacional e internacional, las diferentes formas de concebir las alianzas o frentes y sus objetivos, en definitiva sobre las diferentes perspectivas estratégicas que existen en la izquierda dominicana. Saludamos la iniciativa de abrir un espacio de debate, impulsada por activistas tanto de la diáspora como residentes en el país. A continuación compartimos el documento que desde el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST) presentamos en el evento. Invitamos al activismo obrero, juvenil, popular, feminista, antirracista, ambientalista y de la comunidad LGTB, a participar en este importante debate público que sigue abierto.

De la resistencia obrera y popular a la construcción de una alternativa socialista

Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

La crisis capitalista que no cesa

La crisis cíclica del capitalismo ha tenido en los últimos años episodios agudos, expresados como las debacles de 2007-2008 y de 2019-2020. Más allá de sus detonantes coyunturales, la especulación inmobiliaria o la pandemia del covid19, el fenómeno de fondo es la incapacidad de la economía capitalista para salir de la espiral de una crisis crónica cuya causa estructural es la tendencia a la caída de la tasa de ganancia. Pese a todos los ataques a los derechos y las conquistas de la clase trabajadora, a nivel mundial la clase capitalista no puede revertir o superar esta tendencia inherente al capitalismo, descrita por Marx en el siglo XIX.

La crisis de 2007-2008 dio origen a una intensificación de la luchas de clases a nivel mundial, con las revoluciones árabes, movimientos juveniles de “indignados” en Europa, los Ocupa Wall Street, las luchas contra el ajuste de la Unión Europea en Grecia, entre otros. También llevó a la crisis de la marea rosada de los llamados gobiernos “progresistas” latinoamericanos, afectados por la caída de los precios de las materias primas, de cuyas exportaciones siguieron dependiendo en enorme medida, y a la que respondieron con ajustes y represión como los demás gobiernos capitalistas. Pese a las heroicas luchas libradas por los pueblos en gran parte del mundo, resistiendo a las medidas de austeridad y ataque a los derechos sociales por parte de los gobiernos, en ningún país fue derrocada la burguesía por una revolución social.

Entre 2018 y este año también vimos estallidos sociales y rebeliones populares en gran parte del mundo, en países como Puerto Rico, Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Nicaragua, Cuba, Argelia, Irak, El Líbano, Kazajistán, Bielorrusia, Sri Lanka, Birmania, e incluso en el propio corazón del imperialismo yanqui con el enorme movimiento antirracista del Black Lives Matter. 

La aceleración de la crisis climática y ambiental ya está desencadenando crisis sociales y económicas, migraciones masivas. La propia pandemia del covid19 es una expresión de la degradación ambiental. La agroindustria capitalista y las grandes granjas animales mecanizadas son focos de riesgo para el salto de enfermedades de una especie animal a otra, incluyendo la especie humana. De tal forma que la destrucción del ambiente por parte de los capitalistas es cada vez más una fuente de inestabilidad y polarización social en cuyo marco la izquierda socialista es la única que puede plantear una salida de fondo, como lo es la planificación democrática y sostenible ambientalmente de la economía.

El fin de la ilusión

La República Dominicana actualmente atraviesa una crisis económica y social. El impacto de la pandemia del covid19 y las políticas implementadas por los gobiernos del PLD y el PRM, ambos de centroderecha, han tenido un gran impacto sobre el pueblo trabajador dominicano. Pero lo más importante es que han hecho estallar la falsa imagen que durante casi dos décadas vendió el régimen dominicano de un supuesto “milagro económico”. 

Las altas tasas de crecimiento económico en realidad se basaron en el endeudamiento externo, en las remesas que envía la diáspora dominicana, en la superexplotación de trabajadores dominicanos e inmigrantes haitianos, con salarios míseros y sin libertad sindical, y en un modelo económico privatizador que permite a una parte significativa de los capitalistas nacionales y transnacionales enclavados en el país no pagar impuestos. Lo que se ocultó detrás del crecimiento económico de esos años es que en realidad para la clase trabajadora fue un período de decrecimiento. Las estadísticas oficiales revelan que el salario promedio real se redujo 23% entre 2000 y 2021, un proceso sostenido y previo a la crisis generada por la pandemia. Actualmente 4 de cada cinco trabajadores gana un salario por debajo de la canasta familiar. Este retroceso terrible fue posible por la bajísima tasa de sindicalización y la total complicidad de la burocracia sindical con los gobiernos y los capitalistas. 

Si algo ilustra la deformación semicolonial de nuestra economía es el hecho de que las remesas del año 2021 llegaron a 10,4 mil millones de dólares, un monto similar al de todas las exportaciones dominicanas, que suman 11,8 mil millones de dólares.

La seguridad social y la salud fueron privatizadas en enorme medida y el país está además amarrado a una serie de tratados de libre comercio, el principal de ellos con EEUU.  La producción nacional de arroz enfrenta su inminente destrucción si, como está previsto, empiezan a entrar al país sin ninguna traba arroz estadounidense altamente subsidiado. En 2021 la inflación fue de 8,5%, pero la de los alimentos de consumo popular se estima que fue de más de 15%. Ese es el marco económico muy sombrío que tenemos, que contrasta totalmente con los discursos triunfalistas del gobierno y de los empresarios que se benefician.

No deja de ser irónico que el actual gobierno de Abinader, un empresario multimillonario con cuentas offshore en paraísos fiscales, un derechista amigo de Rudolph Giuliani, es el resultado distorsionado e indeseable de un importante proceso de luchas sociales que puso fin a 16 años de gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, un partido de centroderecha, igual de corrupto y proimperialista. 

Pero así fue, largos años de luchas contra la corrupción, contra la depredación ambiental, contra la brutalidad policial, y contra la persecución y desnacionalización aplicada a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, tuvieron su punto culminante cuando el gobierno del PLD intentó realizar un fraude electoral en febrero de 2020, lo que generó grandes protestas frente a la Junta Central Electoral. El movimiento, mayormente juvenil, que se expresó en esas protestas era muy diverso, desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda, pero el régimen pudo canalizar el descontento hacia el terreno electoral. Fue así como el voto castigo llevó al poder a Abinader y al Partido Revolucionario Moderno, aunque como veremos esa organización no tiene nada de revolucionaria ni de moderna, y hasta se podría dudar de que sea un verdadero partido, se parece más a una corporación electoral.

Con Abinader se han agravado los peores vicios antidemocráticos del régimen, profundizándose sus políticas privatizadoras, antiobreras y racistas, al tiempo que una parte del activismo del período anterior, sobre todo el más ligado a las ONG’s, fue cooptado con cargos en el nuevo gobierno. Este resultado paradójico, de que un triunfo de la movilización, como lo fue el fin del gobierno del PLD y la derrota del intento de fraude electoral, se transformó en un retroceso para el pueblo dominicano y la clase trabajadora, no se podría terminar de comprender si no se observan debilidades estructurales, como un bajísimo nivel de sindicalización y la ausencia de un movimiento estudiantil, popular, campesino y de mujeres autónomo. Pero también debe tomarse en cuenta el rol jugado por los sectores de la izquierda que se aliaron al PRM en las elecciones y obtuvieron cargos en la administración pública.

La situación de la izquierda y las luchas sociales

Desde el MST no llamamos a apoyar al PRM en 2020, advertimos que el programa de Abinader era privatizador, represivo, racista y que no se podía confiar en un partido cuyo antecesor, el PRD, gobernó de manera nefasta contra la clase trabajadora. 

A la cooptación de un sector del activismo, y el hecho de que gran parte de la izquierda decidió apoyar al PRM, alimentando falsas ilusiones, se sumó un proceso de militarización y regimentación policial, iniciado por el ex presidente Danilo Medina y continuado por Luis Abinader, como respuesta a la pandemia, con la imposición de un toque de queda y un Estado de emergencia que llevó a que durante más de un año se registraran más detenciones que contagios de covid19. Todo ello atentó contra la posibilidad de responder en el terreno de la movilización a los ataques del gobierno a los derechos democráticos del pueblo trabajador.

Sin embargo, ha habido focos de resistencia. Las mujeres dominicanas han resistido el intento del gobierno de imponer un Código Penal que mantendría una prohibición absoluta, sin excepciones, del aborto, realizando un campamento frente al Palacio Nacional durante varias semanas y una importante marcha en marzo de 2021. En este movimiento hay un debate abierto entre un sector que considera que debe exigirse únicamente en casos de violación, inviabilidad del feto o peligro a la salud de la madre, y sectores que consideramos que es necesario visibilizar la exigencia de una completa legalización del aborto durante las primeras 14 semanas, pero de todas maneras la muy modesta exigencia de despenalizar parcialmente el aborto fue negada por el gobierno y su partido en el Congreso. El presidente Abinader ha usado diferentes argumentos para oponerse a la despenalización del aborto, como plantear que es un tema religioso o que debería decidirse mediante un referendo.

La oposición al proyecto de Código Penal también movilizó a la comunidad LGBT, cuando uno de los borradores de esta ley incluyó una escandalosa legalización de la discriminación sexual y de género por razones religiosas o “institucionales”. Hasta ahora el gobierno no ha podido aprobar este proyecto legal antidemocrático y también las protestas relacionadas han quedado en stand by.

La lucha ambiental sigue siendo de enorme importancia. En septiembre de 2021 se realizó una importante marcha nacional contra la megaminería en Santo Domingo, que brindó un apoyo importante a la lucha de las comunidades campesinas de Yamasá contra la instalación de una presa de cola de la empresa minera canadiense Barrick Gold. Ya hay un triunfo parcial de esta lucha con el anuncio gubernamental de que se evalúan otras ubicaciones para la presa de cola, si bien en nuestro caso nos oponemos a la construcción de este depósito tóxico en cualquier parte del territorio nacional. Es inaceptable que en medio de la actual crisis climática y ambiental se continúe destruyendo áreas boscosas y fuentes de agua para extraer oro, un mineral cuyos usos industriales son muy limitados.

En marzo y abril se realizaron una enorme manifestación por el derecho al agua y una potente huelga regional en el Cibao,que paralizó varias de las ciudades de la región norte del país. Tomemos en cuenta que más de la mitad de los hogares dominicanos no tienen suministro de agua y aquellos que reciben, la enorme mayoría no tiene suministro permanente. Y 9 de cada 10 personas tienen que comprar agua embotellada para su consumo.

Las reivindicaciones de la huelga regional fueron más políticas y fueron convocadas por organizaciones populares y de izquierda articuladas en la Coalición de Organizaciones Sociales, Populares, Feministas y Ambientales de El Cibao. Se cuestionó los elevados costos de los alimentos y los combustibles mientras los grandes empresarios no pagan impuestos. Se exigieron importantes obras de infraestructura de salud, educación y de servicios públicos en las comunidades, promesas incumplidas de los anteriores y el actual gobierno. Se rechazaron las privatizaciones, tanto en el área de la salud como en otras, y el esquema de seguridad social que genera grandes ganancias a empresas privadas mientras niega el derecho a tener pensiones por vejez a la mayoría de las personas trabajadoras del país. También se exigió un aumento general de salarios.

Existe asimismo un movimiento que cuestiona el régimen legal vigente de la seguridad social, exigiendo un esquema solidario que garantice el derecho a las pensiones. En este Movimiento por una Seguridad Social Digna, también coexistimos sectores que exigimos una seguridad social estatal y bajo el control democrático de la clase trabajadora con quienes plantean un esquema mixto público-privado, pero en lo que estamos de acuerdo todos los que nos movilizamos estamos de acuerdo es en que el actual esquema no puede continuar.

El tema de la brutalidad policial también ha generado protesta social, retomándose tradicionales consignas de lucha como “Policía Nacional, una banda criminal” y “Policía no me mate”, por ejemplo ante la tortura y asesinato en custodia del joven trabajador David de los Santos. Entre 2007 y 2019 se contabilizaron oficialmente más de 3 mil ejecuciones policiales, en su mayoría de jóvenes de los barrios. Cada vez más se plantea la exigencia de la disolución de la Policía Nacional, que es una institución creada durante la dictadura trujillista, con un récord de crímenes extensísimo, no solo durante las dictaduras de Trujillo y Balaguer, sino también durante los gobiernos de la democracia capitalista. El gobierno ha respondido con la farsa de la reforma policial, un supuesto intento de profesionalización policial con asesoramiento de las policías más asesinas y corruptas de la región, como la policía colombiana y los Carabineros de Chile. Pero una y otra vez salen a la luz nuevas atrocidades cometidas por policías y militares contra el pueblo trabajador. Actualmente hay barrios de Santo Domingo militarizados, pues el presidente sacó a los militares a participar en lo que llama un “patrullaje mixto” policial y militar.

El caso de la Policía Nacional no es el único que muestra una continuidad institucional que vincula al régimen actual con el período de la dictadura trujillista. Por eso planteamos que la Destrujillización sigue siendo una tarea pendiente. En República Dominicana nunca hubo una ruptura drástica con el legado de la dictadura, no hubo una revolución democrática que liquidara instituciones como la Policía Nacional, el Concordato entre el Estado dominicano y la Iglesia Católica, que no solo compromete al Estado a financiar a la Iglesia y delegarle responsabilidades, hasta las concesiones mineras entregadas por Trujillo a transnacionales mantuvieron vigencia, como la entregada a la minera estadounidense Falconbridge.

Pero lo más notorio es la continuidad de un brutal racismo institucionalizado que contiene elementos de apartheid, como la negación de la nacionalidad en base a un criterio racial como consecuencia de la sentencia 168 emitida en el año 2013. Abinader ha convertido el racismo en su principal bandera, agitando constantemente el odio hacia la comunidad inmigrante haitiana. Entre sus medidas racistas y xenófobas está el muro fronterizo, bajo el falso discurso de que la inmigración haitiana amenaza la soberanía nacional, el mismo argumento empleado por sectores de extrema derecha y por la propia dictadura trujillista cuando cometió la masacre de más de 20 mil personas haitianas en 1937.

Abinader también ha lanzado un ataque contra las mujeres embarazadas haitianas que utilizan los hospitales públicos dominicanos, acusándolas de consumir el presupuesto de salud. La realidad es que fue el propio gobierno el que recortó el presupuesto de salud en 16% en 2022, pero bajo esa falsa acusación contra las mujeres embarazadas haitianas, que tributa al falso argumento de que “República Dominicana no puede seguir cargando con Haití”, el gobierno de Abinader lanzó una campaña de detenciones arbitrarias de mujeres embarazadas haitianas en los hospitales y sus alrededores, violando las propias leyes migratorias dominicanas y los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Desde noviembre de 2021 hasta la fecha actual el gobierno reconoce haber detenido a unas 800 mujeres embarazadas. Infantes haitianos también han sido detenidos en camino a sus escuelas y deportados sin acompañamiento de familiares. 

En lo que va de año el gobierno ha realizado más de 25 mil deportaciones. Luego, en foros internacionales como la Comisión Internacional de Derechos Humanos, el gobierno niega que realice deportaciones masivas, con su cobardía característica. Pero, por ejemplo, nada más en Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este, se realizaron más de trescientas detenciones arbitrarias durante el mes de mayo. El gobierno no solo detiene arbitrariamente a personas haitianas que no cuentan con su visa de residencia al día, también detiene a personas que tienen sus documentos vigentes e incluso detiene a personas dominicanas de ascendencia haitiana y a personas dominicanas negras que no cuentan con su cédula de identidad y tienen la mala suerte de cruzarse un operativo de detención masiva en cualquier barrio o estación de metro o parada de autobuses.

Con frecuencia se utiliza la agitación y la histeria racista contra los trabajadores haitianos para distraer de graves problemas sociales que sufre el pueblo dominicano. Por ejemplo, el gobierno utilizó sus ataques racistas en Ciudad Juan Bosch para distraer la opinión pública de los grandes apagones sufridos en la mayor parte del país a mediados de mayo.

El gobierno también ha intentado aplastar al movimiento cañero, que desde hace más de diez años se moviliza exigiendo el pago de sus pensiones. Abinader al llegar al poder prometió que haría justicia y que pagaría 1,610 nuevas pensiones. Pero mintió. Las pocas pensiones otorgadas son exclusivamente para cañeros dominicanos, ninguna para trabajadores haitianos, y peor aún se le ha quitado casi 400 pensiones a cañeros haitianos que ya las cobraban. Paralelamente el gobierno intenta criminalizar a la única organización sindical que defiende a los cañeros y su derecho a la pensión, que es la Unión de Trabajadores Cañeros. Las centrales sindicales patronales han llegado al extremo de justificar las condiciones de semiesclavitud que padecen los trabajadores de la caña de azúcar actualmente, acusando a los periodistas y organizaciones que critican la superexplotación de ser agentes de intereses extranjeros.

No se puede dejar de señalar que el gobierno de EEUU es cómplice de las compañías azucareras de grandes familias capitalistas como los Vicini y los Fanjul, al otorgar a República Dominicana la mayor cuota preferencial de importación de azúcar. Luego, como se demostró con la filtración de los Pandora Papers, gran parte de la riqueza obtenida mediante la superexplotación de trabajadores inmigrantes haitianos va a parar a paraísos fiscales.

Abinader además ha repetido obsesivamente en estos dos años una exigencia a EEUU y a Europa de que intervengan en Haití. El 13 de enero de este año el gobierno emitió una declaración con apoyo de la mayoría de los partidos con representación en el Congreso, incluso con apoyo de partidos de centroizquierda como el Movimiento Rebelde y el Frente Amplio, llamando a EEUU, Francia y la Unión Europea a asumir “el rescate de Haití”. Como organización revolucionaria dominicana repudiamos esta grotesca declaración y reivindicamos el derecho del pueblo haitiano a su propia autodeterminación, sin injerencia ni tutelaje imperialista, por lo que más bien acompañamos a las organizaciones haitianas que exigen la salida de Haití del Core Group, así como siempre rechazamos la ocupación militar por parte de la Minustah, entre 2004 y 2017, cuyas tropas fueron provistas en su mayoría por gobiernos autodenominados progresistas, como el de Lula en Brasil.

El gobierno además le brinda impunidad a grupos de ultraderecha con ideologías neonazis, que difunden teorías conspirativas parecidas a la del “gran reemplazo”, grupos que consideran que la inmigración haitiana constituye una “invasión pacífica” y creen que hay una conspiración judía y globalista para imponer la “fusión” entre República Dominicana y Haití.

Construir una alternativa de izquierda sin alianzas con capitalistas, corruptos ni racistas

Todos estos aspectos reaccionarios del régimen deberían ser enfrentados de manera unitaria en el terreno de la movilización por las organizaciones que se reclaman de izquierda y revolucionarias en la República Dominicana. Ningún ataque gubernamental, ninguna movilización fascista, ninguna restricción al derecho a la protesta, ninguna humillación a los trabajadores, debe dejarse pasar sin una respuesta contundente y unitaria en las calles. Creemos que solo de esa forma es posible construir una alternativa política obrera y popular.

Como sabemos, todas las organizaciones que se reclaman de izquierda reivindican la unidad, pero comúnmente se entiende esa “unidad” en términos de una amplia alianza o frente que incluye a un sector de la clase capitalista del país. Bajo la noción de que esta estrategia es válida y necesaria para un período histórico de décadas como mínimo. Una concepción que no compartimos y sobre la que creemos que es importante debatir con franqueza.

Tal y como venimos sosteniendo, creemos que no podemos dar apoyo político a dirigentes u organizaciones capitalistas, con programas antidemocráticos, conocidos por su trayectoria corrupta, entreguista y proimperialista. En todo caso, la unidad de acción es posible a pesar de las diferencias. Fortalecer espacios como la Coordinadora Popular Nacional o la Coalición de Organizaciones Sociales, Populares y Feministas del Cibao, sus movilizaciones, es fortalecer espacios de articulación donde coexisten perspectivas políticas muy diferentes, pero donde se impulsan acciones unitarias.

En ese sentido, ha de destacarse que un conjunto de organizaciones socialistas, de la diáspora haitiana, de personas dominicanas de ascendencia haitiana, y de defensa de derechos humanos nos venimos movilizando contra la política racista y xenófoba del gobierno. El 30 de mayo pasado, realizamos una protesta frente al Palacio Nacional bajo la consigna de “Las vidas haitianas importan”. Esta consigna también la utilizamos cuando el gobierno arremetió contra las mujeres embarazadas haitianas el año pasado. Responsabilizamos directamente al presidente Abinader por cualquier agresión que pudieran perpetrar los grupos neofascistas en vista de que el 23 de mayo una pequeña movilización de racistas y ultraderechistas había obtenido apoyo policial para recorrer Ciudad Juan Bosch amenazando a los residentes haitianos e incluso agrediendo a dos personas estadounidenses negras, a quienes confundieron con inmigrantes haitianos por el color de su piel. 

Lamentablemente, ninguna voz en el Congreso se ha levantado contra el fascismo, contra el muro, o contra el brutal racismo del gobierno. Por eso nos corresponde construir una verdadera oposición extraparlamentaria desde las organizaciones de izquierda, junto a las organizaciones obreras y populares, antirracistas y de defensa de los derechos de las mujeres y la comunidad LGTB con las que podamos converger en una perspectiva autónoma.

República Dominicana es especialmente vulnerable al cambio climático, por sus extensas costas y por encontrarse en la ruta de los huracanes de la temporada caliente cada año, además de la dependencia que tenemos respecto de la importación de alimentos. Pero pese a ello, el gobierno está obsesionado con aumentar el consumo de carbón, gas y petróleo. Solo con una planificación democrática, racional, científica y socialista de la economía es posible una transición tanto a una matriz energética no basada en la emisión de gases de efecto invernadero como una preparación para que lo impactos del cambio climático no se sigan descargando sobre los sectores más empobrecidos y explotados del país.

Todos los esfuerzos en el terreno de la movilización para resistir a la ofensiva antiobrera, antipopular y racista del gobierno los entendemos como parte de la construcción de una alternativa política revolucionaria. La lucha contra el racismo oficial es parte de la necesaria unidad práctica de la clase trabajadora, más allá de divisiones raciales o nacionales. Siempre defendemos a la clase trabajadora y propugnamos su autoorganización, pero especialmente defendemos a los sectores más oprimidos de la clase trabajadora como los inmigrantes, las mujeres y las personas LGBT. 

Entendemos que en ese proceso es posible y necesario ir coincidiendo con otras organizaciones de la izquierda y eventualmente lograr una participación unitaria en las elecciones sin repetir los esquemas equivocados que llevaron a tejer alianzas con el PRM en 2020.

Como internacionalistas, aplicamos el mismo criterio: procuramos la unidad de todas las clases trabajadoras de todas las nacionalidades y no apoyamos a ningún gobierno capitalista. Ante una agresión imperialista contra un país semicolonial o colonial, debemos apoyar la lucha antiimperialista, incluso si su gobierno es reaccionario, como ha sido frecuentemente el caso en la historia reciente. Por eso apoyamos al pueblo palestino ante el colonialismo israelí, al pueblo haitiano ante la injerencia del Core Group, al pueblo irakí y al pueblo afgano cuando sufrieron invasiones yanquis, nos oponemos a las sanciones imperialistas a Cuba y Venezuela y apoyamos al pueblo ucraniano contra los invasores imperialistas rusos.

Existe una nueva vanguardia, una nueva generación de jóvenes activistas que protagonizan las luchas democráticas sin la mediación de las organizaciones políticas porque ellas en su enorme mayoría carecen de respuestas para sus cuestionamientos y exigencias. Confiamos en que como socialistas podemos ganar a un sector importante del activismo hacia la izquierda demostrando que somos diferentes mediante prácticas democráticas, asamblearias, mediante una política de principios claros y sólidamente fundados en una perspectiva de clase, atendiendo a los problemas actuales de la lucha social y la resistencia a todas las formas de opresión capitalista en el presente, sin renunciar al objetivo de que gobierne la clase trabajadora a través de sus propias organizaciones.

Proponemos avanzar en definir y realizar una campaña unitaria nacional de movilización que podríamos denominar «Una lucha, todas las luchas» o algún otro título que aluda a la solidaridad de los sectores en lucha, y que tome como base el conjunto de exigencias levantada por la huelga regional de El Cibao de abril. Sería un paso concreto de la unidad de acción que necesitamos urgentemente y que puede abonar a otras instancias de articulación.