La Voz de los Trabajadores

El asesinato del ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, por parte de un amigo cercano, financista del PRM, quien además encabezaba una mafia en ese ministerio, constituye la más impactante demostración de la degradación política y moral de un gobierno que llegó al poder prometiendo un supuesto “cambio”, pero que en los hechos ha dado continuidad a los peores métodos del régimen político dominicano. Esta semana se acumularon otros casos que confirman esa descomposición.

Mafia en Ambiente y Recursos Naturales

La divulgación del documento con el que el Ministerio Público solicitó la medida de coerción contra el asesino Fausto Miguel Cruz ha arrojado luces sobre una trama mafiosa y corrupta en el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. La designación de Cruz como asesor técnico honorífico del ministro, sin que realizara ninguna asesoría técnica como tal, como contraprestación por el financiamiento a las campañas electorales del PRM, es el punto de partida, según se desprende de las informaciones oficiales.

Según el mismo documento, un mes antes del asesinato, Cruz había amenazado al consultor jurídico del ministerio. Pero no fue destituido, tal era su poder. Gracias a su credencial de asesor, su cercanía con el ministro y su condición de financista del PRM, Cruz obtenía un tratamiento privilegiado en el ministerio y realizaba tareas de cabildeo que denotan tráfico de influencias.

Estas actividades, según el documento del Ministerio Público, no se realizaban en secreto. El propio ministro se reunía en su despacho con representantes de las empresas por las que cabildeaba Cruz. Una de estas reuniones se realizó en julio de 2021. El documento, citado por varios medios, también recoge que el asesino, el día del crimen, gritaba en el ministerio: “Hice campaña y no me resuelven”.

La periodista Indhira Suero ha publicado información referida a las empresas mencionadas en los documentos obtenidos por las autoridade en el vehículo de Cruz. Se menciona a DACD Metal & Recycling Export, empresa que obtuvo un permiso ambiental para la compraventa de chatarra, firmado por el ministro Jorge Mera, en marzo de 2021. DACD representa en la República Dominicana a la empresa surcoreana Coy Co. LTD. Otras empresas mencionadas son Dans International SRL, dedicada a la exportación de desperdicios de metales ferrosos y no ferrosos, DW Tech Corporation Inc, Lincey Shire SRL, Caranday SRL, y Aurum Gavia SA, empresa de propietarios de Israel y Suiza, que usó los servicios ilegales de Cruz para intentar obtener permisos para la exportación de 5 mil toneladas de baterías usadas, materiales altamente contaminantes.

Los hallazgos son tan escandalosos que el periodista Huchi Lora, quien no oculta su simpatía por el gobierno y por el finado ministro, ha comentado: “entonces, ese es el esquema electoral de la República Dominicana, yo te doy dinero para la campaña y después tú me pagas de cualquier manera, acabando con el ambiente, sencillamente beneficiando mis negocios. Hay quienes confunden amistad con complicidad… Queda una lección a la sociedad: los aportes de campaña compran violaciones a las leyes, privilegios ilegales, mafias”.

Suero ha publicado que el ministerio otorgó 435 permisos ambientales en el año 2021, y 155 entre enero y abril de 2022. Es necesaria una revisión exhaustiva de estos permisos. Esta trama corrupta tiene que ser investigada hasta las últimas consecuencias, tal y como lo ha exigido el MST.

Pistoleros, narcos y abusadores

Al día siguiente del asesinato del ministro, el representante regional del Ministerio de Industria, Comercio y Mypimes en la provincia Santiago Rodríguez asesinó dos personas e hirió a dos más, en un bar del pueblo de San Ignacio de Sabaneta.

Tanto el asesino, Carlos Juan García, como las víctimas tenían vínculos con el negocio del transporte. De hecho García le debía el cargo a la recomendación del senador y empresario corrupto y convicto del transporte, Antonio Marte, electo en 2020 con el apoyo del PRSC y el PRM. Marte fue indultado por Leonel Fernández en 2008. Los antecedentes criminales de su protegido García incluían violencia de género y tenencia ilegal de armas.

Otro caso que atrajo la atención de la prensa fue el de un ex candidato a regidor por el PRM en las elecciones municipales de 2020, Rafael Hernández, alias “Leñita”, quien el viernes 3 de junio sacó una pistola en el antedespacho del alcalde de Los Alcarrizos, en medio de un altercado con la seguridad de la alcaldía por negarle el ingreso a su esposa. “Leñita” también apoyó al PLD en las elecciones presidenciales de 2020.

El diputado perremeísta Miguel Gutiérrez, detenido desde mayo del año pasado por narcotráfico en EEUU, estuvo nuevamente sobre el tapete debido a que sigue sin ser destituido por el Congreso. Medios nacionales han reseñado que Gutiérrez logró ser declarado incompetente mentalmente para enfrentar juicio mediante el recurso de ingerir sus propias heces. Según la acusación judicial en su contra, Gutiérrez traficaba cocaína usando barcos mercantes y yates de su propiedad, desde 2014 hasta 2017. El hermano del diputado, Miguel Emilio Gutiérrez, involucrado en la misma causa judicial, se declaró culpable.

Cuando su detención trascendió, el año pasado, el PRM emitió una declaración indicando que: “(El partido) reitera su apego a la Ley, defiende la institucionalidad y el Estado de Derecho”. Sin embargo, durante más de un año el partido de Abinader ha evitado impulsar un juicio político para la destitución del narcodiputado.

Hay otros casos similares en el PRM. Juan Maldonado Castro, director de Comunidad Digna y ex diputado, fue detenido por narcotráfico en el marco de la Operación Falcón, en septiembre 2021. También fueron detenidos Yamil Abreu Navarro, ex director de la junta municipal de Las Lagunas en Azua; Melvin Martínez, aspirante a regidor detenido en 2020; más tarde Boanerges Sánchez, ex candidato a senador, vinculado a red de César Peralta alias “el abusador”; la diputada Rosa Pilarte y su esposo Miguel Arturo López, entre otros casos.

En enero de 2021 se conoció públicamente la acusación por agresión sexual en contra de Leonardo Faña, entonces director del Instituto Agrario Dominicano (IAD), quien habría citado fuera de la institución a la gerente financiera del IAD, para luego drogarla y abusar de ella. Faña recibió apoyo público de pesos pesados del PRM como el ex presidente Hipólito Mejía ante las acusaciones. Eventualmente la denunciante se retiró del proceso judicial. Esta semana Faña fue designado director del programa gubernamental Siembra RD.

A todo esto se suma el caso del ex alcalde y actual regidor perremeísta Inocencio Carrera, de Villa los Almácigos, en la provincia Santiago Rodríguez. Carrera está siendo enjuiciado por el delito de violación en perjuicio de una adolescente de 14 años. Carrera fue enviado a prisión domiciliaria en junio a pesar del peligro que representa para la víctima.

¿Cómo enterrar al régimen mafioso?

La corrupción y la proliferación de mafias son fenómenos inherentes al capitalismo, no solo en países semicoloniales como la República Dominicana. Hasta en la principal potencia imperialista, EEUU, un gángster como Trump llegó a la presidencia. Antes había hecho lo propio Berlusconi en Italia, después lo logró el corrupto y reaccionario Bolsonaro en Brasil. Rusia, otra potencia imperialista, es gobernada por los oligarcas y sus aliados, quienes acapararon la riqueza saqueando al Estado luego de la caída de la URSS. Los ejemplos sobran.

Hay una relación directa e imposible de disolver entre el contenido antidemocrático, racista, misógino y antiobrero del proyecto capitalista de Abinader, por una parte; los medios represivos y clientelares que usa para imponerlo, por otra; y finalmente los elementos corruptos y mafiosos que integran el gobierno de multimillonarios del PRM.

Se hace necesario construir una alternativa política de la clase trabajadora, la juventud, las mujeres, la comunidad LGBT, los sectores más oprimidos y explotados, que son quienes no tienen nada qué defender en un régimen clientelar putrefacto, antes representado por el PLD y ahora por el PRM. No se pueden curar los síntomas sin acabar con la enfermedad: el cambio tiene que ser de sistema. Para construir una República Dominicana sin corrupción, sin saqueo, sin mafias enquistadas en el Estado, el primer paso es retomar la lucha en las calles contra la impunidad y por el pleno esclarecimiento de los crímenes cometidos por los mafiosos del gobierno. Solo bajo el control democrático de la clase trabajadora, el Estado dejaría de ser un instrumento para la opresión de las mayorías por una minoría, también dejaría de ser usufructuado por mafias. Nuestro horizonte tiene que ser una salida de fondo: un gobierno de la clase trabajadora.