La Voz de los Trabajadores

Imagen tomada de https://www.instagram.com/arteruario/

A mediados de abril, una investigación periodística reveló que los cinco consulados dominicanos en Haití recaudan millones de dólares que luego son utilizados de manera discrecional por los funcionarios diplomáticos. Aunque los costos de las visas según la resolución vigente van de los $40 a los $60, los consulados cobran hasta $250 por cada visa. “Buscones” ligados a los propios consulados cobran alrededor de $400 por el trámite. En diciembre pasado fue destituido el cónsul dominicano en Ouanaminthe, José Altagracia, por la venta de visas, pero no ha sido condenado y el negocio corrupto sigue prosperando en la impunidad.

Poco antes había estallado el escándalo de los Abinabots. Publicaciones españolas como Público revelaron que Abinader, vinculado a través de paraísos fiscales a la red de lobbies de derecha Atlas Network, también usa la compañía De Vengoechea y Asociados (DVA) para disponer de miles de cuentas falsas en Twitter para promover matrices de opinión favorables al gobierno. Mauricio De Vengoechea fue jefe de campaña de Abinader en 2020, y el gobierno lo recompensó dándole la ciudadanía dominicana por la vía de una naturalización privilegiada. Antes de eso, De Vengoechea fue asesor de Leonel Fernández y del PLD entre 2004 y 2016. La supuesta “justicia independiente” no ha abierto ninguna investigación sobre este escandaloso caso.

El PNUD ya era cuestionado por recibir el pago de más de RD$13 mil millones por “asesorías” para la compra de equipos electrónicos por parte del Ministerio de Educación en el año 2020. Ahora se sabe que República Dominicana fue el país en el mundo que más dinero dio al PNUD ese año, la absurda cifra de 237,6 millones de dólares. Es tal el nivel de corrupción, que el propio director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, reconoció que “no hay control ni fiscalizaciones” de los contratos que firman las entidades gubernamentales con el PNUD: las instituciones delegan funciones como la realización de compras e incluso hay acusaciones de la implementación de nóminas paralelas administradas por el PNUD para burlar los topes salariales oficiales. La práctica, según la Alianza Dominicana contra la Corrupción, fue iniciada por David Collado como alcalde del Distrito Nacional. No se conoce la existencia de ninguna investigación contra el PNUD por corrupción.

Por si todo esto fuera poco, el 11 de abril un grupo de funcionarios de la DIGESETT, actuando como una vil banda del crimen organizado, atacaron a periodistas y funcionarios de la Defensoría del Pueblo cuando intentaron documentar la situación del canódromo, espacio donde la DIGESETT acumula miles de vehículos secuestrados a sus dueños, a veces por años. Existen amplias denuncias de corrupción y venta ilegal de autopartes allí. Estas sospechas se confirmaron con el ataque a los periodistas, el robo de sus cámaras y celulares, y su posterior devolución, pero con las fotos y videos de esa jornada borrados. El gobierno destituyó a la funcionaria a cargo del canódromo pero no destituyó al director de la DIGESETT, Ramón Antonio Guzmán. La autodenominada “justicia independiente” tampoco actuó ante este caso para desmontar la mafia del canódromo y perseguir los delitos allí cometidos.