Ingrid Luciano

Ya conocemos la noticia: luego de dos días de debates sobre el Código Penal, el proyecto de ley ha sido rechazado. Esto nos deja con un sabor dulce amargo en la boca. Como cuando te dicen “te tengo una buena y una mala noticia”. La buena ya la tenemos: fracasó el antidemocrático y regresivo proyecto de Código Penal del gobierno de Abinader.

Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, parecía un tanto desesperado porque se aprobara el Código Penal. Hasta permitió una segunda votación irregular a ver si pasaba el texto, pero fracasó en el intento. Luego culpó a “la ultra derecha y la ultra izquierda” de supuestamente votar juntos contra el Código Penal y dijo que él ya no iba a bregar más con eso. Pero más allá de su desubique ideológico y sus quejas, ¿qué fue lo que pasó en realidad? ¿De quién fue ese logro? 

Aclaremos. Obviamente no hay izquierda en el Congreso y la minoría de centroizquierda es muy pequeña para impedir la aprobación de ninguna ley. Fueron diputados del PRM y otros partidos de derecha quienes también votaron en contra del proyecto e impidieron que alcanzara los dos tercios requeridos para ser aprobado. Ya el miércoles se visibilizó una disidencia de extrema derecha en el PRM, cuando Eugenio Cedeño, diputado por la Romana y fiel sirviente de las empresas azucareras, protestó contra la tipificación de que un agravante en el delito de violación sea la intención de “corrección sexual”. Para el perremeísta, eso indicaría que se está elevando la homosexualidad a la norma (?), en perjuicio de la heterosexualidad. Es decir, una teoría conspirativa más de la extrema derecha, que no soporta que sectores oprimidos o discriminados avancen en sus derechos legales o que se reconozcan las formas específicas de violencia que sufren.

En el debate del jueves, la diputada Fior Peguero del PRD intentó incluir un párrafo para que la “disciplina” no se considerara violencia intrafamiliar. El ultraderechista Elías Wessin propuso eliminar la palabra “deportación” del artículo referido a los crímenes de lesa humanidad. Eugenio Cedeño insistió en lograr un texto legal todavía más retrógrado que el presentado, al solicitar cambiar el término feminicidio por “crimen pasional” y suprimir al engaño y la fuerza como elementos constitutivos de una relación sexual no consentida en una pareja. También intentó aumentar el rango de penas por aborto a entre 4 y 10 años. Estas propuestas no fueron aprobadas. Pero ya se iba mostrando un consenso debilitado en el partido de gobierno.

Entonces, la mala noticia es que quien logró este desenlace no fue la oposición de un amplio movimiento social que ha exigido la despenalización al menos parcial del aborto y que no se legalice la discriminación. Fueron las divisiones en el PRM, entre quienes apoyaban el texto propuesto y quienes querían uno aún peor, más antidemocrático, las que llevaron a que no se aprobara el Código Penal.

La mayoría de los diputados votó contra el informe disidente, presentado por José Horacio Rodríguez y otros parlamentarios, en el que abogaba por la inclusión de las tres causales para la despenalización del aborto, que se retomara la imprescriptibilidad de los crímenes de corrupción, que se eliminara la jurisdicción militar y se tipificara la discriminación contra las personas de la comunidad sexodiversa. Esa misma mayoría rechazó otras mociones puntuales para incorporar las tres causales o la imprescriptibilidad de la corrupción. Una enmienda para eliminar la alusión a personas “ilegales” para referirse a inmigrantes sin residencia legal también fue rechazada por esa mayoría racista del Congreso. Queda claro que, en cuanto a la defensa de la corrupción, la misoginia, la impunidad de los militares y los corruptos, así como el apoyo a la discriminación, sí hay un consenso mayoritario en este Congreso antipopular. Los matices surgen al momento de definir qué tan lejos ir en esa dirección.

El código no se aprobó ahora por la inhabilidad del gobierno de consensuar una posición en su propio partido. Hemos tenido suerte, digamos, de su propia debilidad e ineptitud. Sin embargo, cuando se retome la discusión del Código Penal, y esto ocurrirá pronto, las negociaciones van a ser entre la centroderecha, la derecha y la extrema derecha, para intentar forjar un consenso y esta vez sí aprobar un texto legal antidemocrático, misógino, discriminador y antipopular. 

Es una buena noticia que no se haya aprobado un texto legal tan reaccionario. Aprovechemos esta tregua para organizar mejor la lucha contra el Código Penal e impedir que se apruebe en el futuro próximo. Que les salga caro políticamente legislar contra los intereses de las mujeres, las comunidades sexo-diversas y el pueblo trabajador. A una gritemos: ¡Ese Código no va!