Editorial de La Voz de los Trabajadores #18

El gobierno realiza una campaña sistemática de odio contra la comunidad inmigrante haitiana, distrayendo al pueblo trabajador de sus problemas más agudos y explotando a fondo los prejuicios raciales de un sector de la población. Se movilizaron tropas hacia la frontera, alimentando una atmósfera de histeria colectiva como si fuera inminente una guerra, y lanzando una persecución feroz contra la comunidad inmigrante. El ministro del Interior y Policía, “Chu” Vázquez, llegó a decir que la principal amenaza para el país era Haití. Tal y como demostraremos a continuación, la principal amenaza contra los derechos democráticos, económicos y sociales del pueblo dominicano no viene de Haití, sino de este gobierno.

En su primer año de gobierno, Abinader y el PRM han confirmado que están dispuestos a aplicar a fondo su programa privatizador, al servicio de los grandes empresarios y del imperialismo estadounidense. En esa orientación han forjado una alianza con los sectores más conservadores del país, las iglesias y la derecha. Cualquier esperanza que algún sector haya tenido en que el discurso “modernizador” del presidente durante su campaña se traduciría en un avance respecto de los vicios antidemocráticos del PLD, se ha visto destruida por las acciones del gobierno.

Un ejemplo de ello es el proyecto de Código Penal, en la recta final de su aprobación. Se trata de un peligroso instrumento legal que habilitaría la discriminación bajo argumentos religiosos o “institucionales”, prohíbe de manera absoluta el aborto y crea una jurisdicción militar especial. El gobierno demostró ser un enemigo de los derechos de las mujeres y un continuador de la perversa convergencia entre la Iglesia y el Estado inaugurada por el Concordato trujillista. Pero además de ello, con la creación de una jurisdicción militar se abren las puertas para una profundización de la impunidad reinante, que beneficia a los altos mandos policiales y militares. Solo la lucha en las calles puede echar abajo este proyecto antidemocrático, que la mayoría del PRM en el Congreso y Abinader están ansiosos por aprobar. Las mujeres, la comunidad LGBTQ y todos los sectores que defendemos los derechos democráticos del pueblo trabajador debemos gritar juntos: ¡Abajo el Código Penal!

En materia económica, el presidente Abinader al quedar expuesto con la publicación de los Pandora Papers, decidió dar marcha atrás con la reforma fiscal. Lejos de representar un intento de distribuir de manera más justa la carga impositiva en el país, el fallido proyecto de Abinader seguía en la misma línea de su intento de 2020 de cobrar un impuesto al salario 13 y cobrar un impuesto adicional a los consumos con tarjeta de crédito. O sea, más impuestos para la clase trabajadora y los sectores medios, no para los que más ganan, que son los grandes capitalistas nacionales y transnacionales. El esquema tributario que queda en pie es el mismo que exoneró a las empresas de las zonas francas, grandes cadenas hoteleras y megamineras de pagar más de doscientos mil millones de pesos en impuestos este año. El endeudamiento externo al que recurre el gobierno es una forma de obtener dinero para mantener estos costosos subsidios a los grandes capitalistas. Queda claro que este gobierno es incapaz de una tarea tan modesta como la de realizar una reforma tributaria progresiva. Las exoneraciones a los capitalistas representan el doble del presupuesto de salud, mientras el gobierno quiere hacernos creer que los partos de inmigrantes, que consumen menos del 1% del presupuesto de salud, son una gran carga.

Mientras en Chile y Ecuador la publicación de los Pandora Papers generó grandes protestas e intentos parlamentarios de sancionar a los presidentes de esos países por utilizar paraísos fiscales, en República Dominicana vemos que no hay oposición en el Congreso y Abinader se sacudió el escándalo con un engañoso comunicado. También quedó en evidencia una vez más que el cuento de la “justicia independiente” es falso de comienzo a fin, pues tampoco desde la Procuraduría General de la República hubo iniciativa alguna ante este escándalo, así como tampoco actuó ante la revelación de turbios nexos del ministro Macarrulla con casos de corrupción.

Los paraísos fiscales se utilizan para evadir impuestos, para lavar dinero y para ocultar lazos financieros, no para otra cosa. De tal forma que el pueblo dominicano merece ser informado, mediante una auditoría, del contenido de las operaciones del presidente en los paraísos fiscales. Esa es una exigencia democrática básica a la que no puede renunciar un pueblo que se movilizó en masa durante años en el movimiento Marcha Verde.

Si el gobierno se vio obligado a retroceder una vez más en el terreno fiscal, se le puede obligar a retroceder en las otras reformas que somete al Consejo Económico y Social, como la reforma laboral con la que se pretende recortar derechos como el pago de la censantía o aumentar la jornada laboral. Todas las reformas son antidemocráticas. Por ejemplo, la reforma policial cuenta con la asesoría del régimen narcouribista de Colombia. Y si bien la reforma fiscal fracasó, de manera encubierta y parcial se está aplicando con el aumento de las tarifas en aplicación del pacto eléctrico, y por la vía inflacionaria, con una inflación que va creciendo y acercándose al 10% anual.

Pese a todas las dificultades, el movimiento popular viene dando demostraciones de vitalidad y de que va recuperando su confianza en sus propias fuerzas. En el mes de septiembre se realizó una multitudinaria marcha contra la megaminería, convocada por la Coordinadora Popular Nacional. En noviembre se realizó una huelga en San Francisco de Macorís por exigencias tanto locales como nacionales. La Coordinadora de Organizaciones Populares del Cibao ha convocado a asambleas para articular luchas ambientales, como la lucha contra la Hidroeléctrica de Las Placetas, la defensa de la Loma de los Melaos en Baitoa y la lucha contra las areneras que están destruyendo las fuentes de agua de las comunidades de Villa González. En octubre se realizó una marcha en la comunidad popular capitaleña de Los Alcarrizos, también contra la contaminación ambiental y por reivindicaciones nacionales. El 25 de noviembre las mujeres marcharon contra la violencia machista y racista del gobierno y el Congreso.

En este marco, es imprescindible ampliar la unidad de acción y poner en pie un movimiento fuerte contra el Código Penal y también contra las medidas racistas y xenófobas que ha lanzado el gobierno contra la comunidad inmigrante haitiana y la comunidad dominicana de ascendencia haitiana que fue víctima de la desnacionalización en 2013. Si el gobierno capitalista, antiobrero, misógino, discriminador y racista de Abinader lanza una ofensiva contra nuestros derechos, no podemos responder por separado a sus ataques. Es urgente la unidad en las calles para obligar al gobierno derechista a retroceder, construyendo al calor de la lucha una alternativa política de la clase trabajadora y todos los sectores oprimidos.