#HaitianosRD

Este 29 de noviembre 2021 se cumplen 8 años del decreto 327-13 que instituía el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE). Al pasar los años, se evidenció que el propósito final del Estado dominicano no era facilitar una verdadera regularización, sino mantener en una situación de precariedad y vulnerabilidad a la comunidad inmigrante. Las estadísticas oficiales confirman que solo alcanzó una regularización provisional un 3% de las más de 288 mil personas que aplicaron en las dos fases del PNRE, entre el 75 y el 88% accedió a una categoría de “No Residente”, y el resto aguarda todavía por una respuesta formal de su solicitud de regularización (unas 28 mil personas).

Hemos visto en las últimas semanas cómo el Estado dominicano ha puesto sus instituciones al servicio de una campaña de estigmatización y persecución de la comunidad inmigrante haitiana. Se ha desatado una verdadera cacería en contra de nuestra comunidad, bajo las premisas falsas de que somos una amenaza para la República Dominicana, que no pagamos impuestos, que acaparamos los servicios de salud, entre otras falacias. Estudios, encuestas y estadísticas oficiales dominicanas desmienten esas afirmaciones.

Una de las prácticas más lamentables derivada de esta campaña con características racistas y xenófobas ha sido la detención ilegal de mujeres haitianas, quienes encontrándose en estado de gestación y haciendo chequeos médicos de control de su embarazo, han sido detenidas en los hospitales y sus alrededores, para ser expulsadas del país por agentes de la Dirección General de Migración. Diversos abogados y organizaciones de derechos humanos han señalado que estas detenciones violan la Ley de Migración 285-04, convenios internacionales y el Protocolo de Entendimiento sobre mecanismos de repatriaciones de 1999 entre República Dominicana y Haití.

Queremos destacar que tanto las convenciones, leyes nacionales y el Protocolo citado anteriormente prohíben que se realicen dichos procesos en contra de mujeres embrazadas, lactantes, menores de edad y envejecientes. Estas detenciones ilegales en los hospitales y sus alrededores ponen en peligro las vidas de las mujeres y han implicado la separación de madres e hijos, cuando las mujeres expulsadas dejan hijos al cuidado de familiares o vecinos. Esas son violaciones graves de derechos humanos básicos, que exponen al Estado dominicano a acciones legales a nivel nacional e internacional.

Si el Estado dominicano tiene interés en ordenar la inmigración y minimizar la cantidad de personas inmigrantes en situación irregular, existe una política pública a su alcance, respetuosa de los derechos humanos y de las leyes, a diferencia de las campañas de odio xenófobo y las expulsiones masivas actuales. Esa política pública es impulsar un verdadero proceso de regularización que reconozca o normaliza el estatus de residencia de las personas inmigrantes que viven en el país. Otra vía sería implementar un plan específico, como el dirigido a la comunidad inmigrante venezolana. O por lo menos iniciar una tercera fase del PNRE para cumplir con los propósitos declarados con los que se inició dicho proceso hace ocho años. A diferencia de las primeras dos fases, esta tiene que realizarse de forma justa, clara y transparente.

Santo Domingo, República Dominicana.

29 de noviembre de 2021.