El asesinato de Jovenel Moïse: un golpe con ramificaciones internacionales

Babyson Pierre*

Todo indica que el asesinato del presidente de facto de Haití, Jovenel Moïse, fue un golpe por parte de sectores del propio régimen, en alianza con el crimen organizado y con la complicidad del gobierno de EEUU; más allá de que no estén claros todos los detalles de la trama criminal, y no haya razones para confiar en las policías nacionales de Haití y Colombia, más el FBI, quienes conducen la investigación. El crimen, en rigor un golpe, refleja la descomposición extrema del régimen surgido en 2004 y sostenido por la Minustah y el Core Group imperialista. Se trata de un intento reaccionario de superar la debilidad extrema de Moïse, carente de cualquier base de apoyo importante, por parte de un sector del propio régimen, reinstalando algún resquicio de orden capitalista y poniendo en retirada al pueblo trabajador que viene movilizándose desde 2018. La izquierda y en general la oposición ha rechazado correctamente el magnicidio. Este asesinato ha frustrado la posibilidad de que se sometiera a la justicia a uno de los grandes protagonistas de la corrupción de la última década.

En el crimen participaron mercenarios provenientes de las fuerzas armadas colombianas, con entrenamiento de EEUU. Los asesinos a sueldo fueron contratados por una empresa de seguridad de un emigrado venezolano de derecha radicado en Miami, y actuaron con la complicidad de miembros de la guardia presidencial. Se acusa a un ex miembro de la inteligencia de Moïse de ser parte de la autoría intelectual. Versiones periodísticas también vinculan al primer ministro saliente Claude Joseph. Menos de 48 horas antes del crimen, Joseph había sido destituido como primer ministro interino, pero se aferró al cargo y obtuvo un reconocimiento de facto de sectores policiales y militares. Desde el propio 7 de julio decretó un estado de sitio y solicitó tropas de ocupación al gobierno estadounidense. El Core Group, que inicialmente le había reconocido se decantó por pedir a Ariel Henry conformar un gobierno el 17 de julio, y bastó una declaración para dirimir en pocas horas las disputas por la sucesión luego de la muerte de Moïse.

¿Cui bono?

Uno de los puntos de partida al elaborar una lista de sospechosos es la famosa pregunta de quién se beneficia con el crimen. Por la profundidad de la crisis política, económica y social, la lista de enemigos reales o potenciales de Moïse es enorme e incluye a sectores de su propio partido. El resultado inmediato del crimen fue que el primer ministro interino Claude Joseph asaltara el poder, a pesar de que Moïse antes de morir había designado primer ministro a Ariel Henry con el mandato de conformar un gabinete de unidad nacional con algunos sectores de oposición. De primero en la línea de sucesión estaba el presidente de la Corte Suprema René Sylvestre, quien falleció por COVID-19 el 24 de junio, dos semanas antes del magnicidio.

Tanto Joseph como Henry y el presidente del Senado, Joseph Lambert, reclamaron la jefatura del Estado. Finalmente, el Core Group dictaminó, al modo de una autoridad colonial, que apoya a Henry para que conforme un gabinete, adelantándose a la posibilidad de que se postule un gobierno de transición con apoyo de organizaciones populares y opositoras. El partido de Aristide, Fanmi Lavalas se ha incorporado al nuevo gobierno con un ministro, demostrando una vez más su carácter colaboracionista.

Medios colombianos, citando supuestas fuentes en el equipo investigador, han alegado que Claude Joseph, ahora en el cargo de canciller, participó en una reunión con mercenarios colombianos en la planificación del atentado y que fue el jefe del complot. La reunión se habría realizado en noviembre de 2020 en Miami, con la participación de la empresa CTU (Counter Terrorist Unit Federal Academy) del derechista venezolano Antonio Intriago. Habría participado también un médico y pastor evangélico de derecha, Christian Emmanuel Sanon, residenciado en Miami y el ex senador opositor John Joel Joseph, del partido Inite del finado ex presidente Preval. También se ha señalado como parte del complot al ex funcionario Joseph Felix Badio, miembro de unidad anticorrupción (ULCC), miembro de la inteligencia e inspector de la policía nacional hasta mayo de este año; así como el narcotraficante Rodolphe Jaar con vínculos con Florida e informante de la DEA, al igual que Joseph Vincent.

La Policía Nacional de Haití desmintió que las investigaciones incriminen a Claude Joseph, pero la prensa colombiana ha publicado que tres mercenarios incriminaron a Joseph durante los interrogatorios, además de que habría fotografías y conversaciones telefónicas como evidencia. De acuerdo con esta versión periodística, los mercenarios no tenían plan de escape pues esperaban contar con la protección de Joseph. El hecho de que la mayoría fueran capturados cerca de la residencia presidencial en Petionville, incluyendo los tres que fueron abatidos y los once capturados en la embajada de Taiwan, parece indicar que no hubo plan de escape, dicho plan fue abortado o fracasó totalmente.

La hipótesis oficial hasta ahora sostiene que desde Miami se planificó todo. Sanon, un evangélico megalómano, encabezó una conspiración con el apoyo de Itriago, quien habría acordado financiar parcialmente la operación a cambio de promesas de futuros pagos con activos del Estado haitiano. Otros implicados serían el empresario ecuatoriano Walter Veintemilla, de la empresa basada en Florida Worldwide Capital Lending Group y Gordon Phenil Desir. También participó Arcángel Pretelt, un mercenario colombiano ligado al gobierno de EEUU, quien fue testigo en un juicio en ese país contra un ex integrante de las FARC.

Sin embargo, lo que esta hipótesis no explica es cómo, dentro de este esquema, el asesinato de Moïse podía llevar al poder a un personaje desconocido, sin ningún respaldo político como Sanon. Ni Sanon ni Itriago son capitalistas con la capacidad para financiar una operación mercenaria importante. Lo único que podía brindar alguna perspectiva de éxito al golpe mercenario era que en su dirección participaran elementos del gobierno. Si Moïse fue torturado para que firmara una renuncia, ello indicaría un interés de que el golpe mantuviera alguna apariencia de sucesión legal, lo que beneficiaría a elementos del régimen, no a Sanon directamente.

Mercenarios detenidos

A todo esto se suma un hecho de gran importancia: no hubo resistencia al ataque por parte de los 23 miembros de la seguridad de la residencia presidencial. Uno de los mercenarios habría confesado en los interrogatorios que hubo coordinación con estos guardias para abrirles la puerta de entrada a la residencia. Ninguno de estos efectivos de la seguridad presidencial fue herido o asesinado en el ataque. Los atacantes se hicieron pasar por agentes de la DEA. ¿Desde la residencia presidencial se contactó a la embajada yanqui para verificar si estaba al tanto de tal operación? La DEA ha admitido que uno de sus informantes involucrado hizo contacto con la agencia luego del crimen. No está claro si se trata de Pretelt, Vincent o Jaar.

El jefe de la seguridad presidencial, Dimitri Herard, quien ya era investigado por tráfico de armas, habría viajado a Colombia en enero y mayo. Existen versiones de que participó en la contratación de los mercenarios colombianos con el acuerdo de Moïse, en el entendido de que se utilizarían para enfrentar a las pandillas. Hasta ahora los miembros de la seguridad presidencial se encuentran con medidas cautelares, hay cinco miembros de la policía detenidos, cinco estadounidenses de ascendencia haitiana detenidos, 18 mercenarios colombianos detenidos, cinco prófugos y tres mercenarios murieron en enfrentamientos con la policía.

También hubo contactos en el Estado haitiano para gestionar las visas para los mercenarios. Magalie Habitant, una de las principales figuras del PHTK, es señalada como responsable de haber provisto una de las viviendas en las que se hospedaron los mercenarios, aunque lo ha negado.

Otro sector que no podría dejar de ser considerado en una investigación independiente del crimen sería la oligarquía haitiana, con la que Moïse alegó tener conflictos por temas como los contratos de suministro eléctrico. Hay indicios que en el desarrollo de características cada vez más bonapartistas, Moïse perdió el apoyo de al menos un sector de la oligarquía. Es sabido, por ejemplo, que el multimillonario Reginald Boulos, ha realizado gestiones en EEUU para obtener respaldo como candidato presidencial, usando una empresa de lobby ligada a la ex congresista Ross-Lehtinen, de la extrema derecha de Miami, precisamente la ciudad que donde se planificó el crimen.

La implicación del imperialismo y el uribismo

La realización de un ataque mercenario planificado en EEUU contra un gobierno caribeño tiene amplios antecedentes en las operaciones terroristas de la derecha de Miami contra el gobierno cubano entre las décadas 60 y 90, con la complicidad del gobierno imperialista. También tiene un antecedente en el ataque mercenario del año pasado contra la dictadura de Maduro, que fracasó estrepitosamente y que de manera similar implicó a la derecha venezolana en la firma de un contrato según el cual se pagaría con activos del Estado venezolano el costo de la operación.

La diferencia es que el gobierno de Moïse era abiertamente proimperialista y era sostenido por EEUU a través del Core Group. Sin embargo, por la debilidad del régimen y las apetencias dictatoriales de Moïse, que lo llevaron a actuar de manera cada vez más unilateral, empezó a generar fricciones con EEUU, por ejemplo con el impulso a una reforma constitucional sin apoyo significativo de la burguesía haitiana. Es posible que el gobierno de EEUU haya dejado correr el atentado. No olvidemos que en el pasado, EEUU ha apoyado el asesinato de dictadores sobre los que ha perdido el control, como en el caso de Trujillo en República Dominicana en 1961, o incluso ha invadido países cuyos dictadores apoyó durante largos años, como en Irak y Panamá. Business as usual.

El jefe de la invasión mercenaria contra Maduro, Jordan Goudreau, no fue condenado en EEUU. Ahora vemos que pese a que todas las evidencias incriminan a Antonio Itriago en el magnicidio de Moïse, aún no ha sido detenido ni perseguido en EEUU. Esto ya indica un nivel importante de complicidad del imperialismo con el crimen. Se sabe que Itriago ha tenido vínculos como proveedor de armas con policías locales en EEUU. También está comprobada la participación de informantes de la DEA en el asesinato y de un ex agente de seguridad de la embajada canadiense.

No dejaron de escucharse llamados desde sectores del imperialismo a una invasión de Haití, luego del magnicidio, como un editorial del Washington Post. El gobierno de Biden anunció el envío de tropas a Haití, limitadas al resguardo de su embajada, pero sin cerrar la posibilidad de futuras ocupaciones. Además, mantiene una injerencia descarada en la política interna haitiana, al enviar una comisión del Departamento de Justicia y de Homeland Security a reunirse con Joseph, Henry y Lambert (los tres políticos que reclamaban la sucesión de Moïse); y a través de los pronunciamientos del Core Group.

Otro que solicitó una intervención extranjera, a través de la OEA, fue el presidente de Colombia, el uribista Iván Duque. En cuanto al involucramiento del régimen colombiano, las pruebas son numerosas y con posibles implicaciones a todos los niveles. Se ha publicado una foto de Itriago junto a Duque. Se conoce también que uno de los mercenarios detenidos es familiar de un consejero presidencial, vínculo reconocido por el propio funcionario.

Duque e Itriago

Según la policía colombiana, además de la empresa CTU de Miami, cuatro empresas colombianas estuvieron involucradas en el reclutamiento de los mercenarios, todos militares retirados entre 2018 y 2020. Uno de los mercenarios, Francisco Eladio Uribe, estaba bajo investigación por participar en la política uribista de ejecuciones extrajudiciales en 2008. Los ex militares de mayor rango en el comando mercenario eran Carlos G. Guerrero Torres, teniente coronel retirado y el capitán Germán A. Rivera.

Una de las consecuencias del terrorismo de Estado patrocinado por EEUU en Colombia ha sido que los militares de ese país, con amplia experiencia en cometer masacres y en cooperar con grupos paramilitares de extrema derecha, han pasado a engrosar la industria internacional de los mercenarios, trabajando como matones para contratistas de seguridad en el Oriente Medio, África, países centroamericanos, así como para grupos del narcotráfico. Muchos de estos mercenarios cuentan con entrenamiento de EEUU e Israel.

Bases yanquis en el marco del Plan Colombia

Finalmente, debe investigarse si hubo involucramiento de militares o policías corruptos dominicanos en la operación. Al menos parte de la planificación se habría realizado en un hotel en Santo Domingo, está comprobado que los mercenarios entraron por territorio dominicano y que contrataron los servicios de la empresa Helidosa, del dirigente del PLD Gonzalo Castillo. Si bien el gobierno de Abinader era aliado de Moïse y expresó apoyo público a su proyecto de reforma constitucional a cambio de apoyo para la construcción de un muro fronterizo, esta alianza estaba condicionada por la subordinación de ambos al imperialismo yanqui. Por lo demás, existen importantes antecedentes de apoyo dominicano al golpismo en Haití. El gobierno de Hipólito Mejía, del mismo partido que Abinader, apoyó a los paramilitares golpistas Guy Phillipe, Ernest Ravix y Jodel Chamblain, en 2004. La comisión creada por el ex fiscal estadounidense Ramsey Clark comprobó este apoyo de Mejía y Bush al golpe. Luego, en 2012, el militar Pedro Julio “Pepe” Goico, vinculado también al partido de Abinader, fue acusado de participar en una conspiración golpista contra Martelly. La causa judicial fue archivada bajo tecnicismos dudosos.

El magnicidio es parte del proceso de descomposición del régimen surgido del golpe de 2004

Contra los discursos proimperialistas que adjudican a EEUU y la ONU un rol pacificador en un país ingobernable, debemos establecer el verdadero rol del imperialismo en la crisis haitiana. Esta crisis es parte del saldo de caos y destrucción que ha dejado el golpe proyanqui de 2004 y los trece años de ocupación militar de la ONU. Fueron los invasores los que impusieron en el poder en 2011 a Martelly, un cantante derechista vinculado al duvalierismo y a los golpistas de 1991. Pese a haber llegado en cuarto lugar en la primera vuelta, el imperialismo presionó por medio de la OEA para que pasara al ballotage. Al año siguiente se conforma el PHTK.

Secretario de Estado gringo Kerry y Martelly

El llamado “progresismo” suramericano no solo colaboró con el imperialismo enviando miles de soldados brasileños, argentinos, bolivianos, ecuatorianos y uruguayos a invadir el país como parte de la Minustah. Además, el gobierno venezolano a través de Petrocaribe financió al régimen con cuatro mil millones de dólares, gran parte de los cuales fueron a parar a los bolsillos de corruptos derechistas. Moïse participó como empresario y como gobernante en este robo masivo. Uno de los ejemplos emblemáticos de esta corrupción ha sido el senador Rony Célestin, del PHTK, dueño de una mansión de 4.25 millones de dólares en Quebec.

En 2015 se intentó imponer electoralmente a Moïse pero el fraude fue tan escandaloso que finalmente se anuló la elección en junio de 2016. Al repetirse, en medio de una altísima abstención Moïse ganó en primera vuelta. Desde su inicio, el gobierno de Moïse estuvo bajo la sombra de la ilegitimidad. La crisis económica en Venezuela llevó a un recorte a los subsidios de Petrocaribe y el gobierno de Moïse en acuerdo con el FMI intentó aplicar un aumento a los precios de los combustibles. Esto dio origen al primer estallido social del 6 al 9 de julio de 2018, que obligó al gobierno a dar marcha atrás. Más tarde ese año se iniciaron las protestas exigiendo justicia ante la corrupción de Petrocaribe. Se logró un nuevo triunfo con el informe de la Cámara de Cuentas de mayo de 2019, que incriminó a Moïse, Martelly y otros miembros del régimen en lavado de dinero y malversación de fondos.

¿Dónde está el dinero de Petrocaribe?

Moïse no organizó las elecciones que correspondían en 2019 y a inicios de 2020, aplicando la ley a rajatabla disolvió la cámara baja, destituyó a los alcaldes y dejó al senado sin quórum por tener su período legal cumplido. Luego, no cumplió con la ley cuando su propio mandato expiró. Bajo el liderazgo de un ex policía, Jimmy Cherizier, en junio de 2020 se concretó una confederación de pandillas bajo el nombre de G9. El gobierno procuró un pacto con estas pandillas brindándoles zonas seguras a cambio de “paz”. Este acuerdo ha levantado sospechas sobre el uso de las pandillas como dispositivos paramilitares contra sectores de la oposición, por ejemplo la masacre del 30 de junio de este año en la que fueron asesinados el periodista Diego Charles y la activista opositora Antoinette Duclaire de Matris Liberasyon en el barrio Delmas 32 de Puerto Príncipe. La violencia de las pandillas ha dejado al menos 18 mil desplazados internos en los últimos meses, en zonas periféricas de la capital como son Martissant, Fontamara, Bel-Air, La Saline y otros barrios populares.

Esta alianza tampoco fue duradera ni trajo ningún apaciguamiento sino el recrudecimiento de los secuestros extorsivos y la violencia. Los grupos del G9 se lanzaron a la conquista de territorios controlados por grupos rivales. Estos grupos tienen intereses propios y controlan lucrativos negocios de extorsión y narcotráfico.

A pesar de que la posición de Moïse era débil, no solo se mantuvo en el poder sin parlamento, gobernando por decreto, sino que se negó organizar las elecciones presidenciales e incluso intentó imponer una reforma constitucional para habilitar la reelección inmediata, la eliminación de la figura del primer ministro y mayores atribuciones para presidenciales. Moïse había roto con Martelly, según algunas versiones. Hasta el imperialismo, que a través del Core Group encabezado por EEUU y la Unión Europea venía sosteniendo a Moïse, empezó a tener dudas sobre su capacidad para controlar la situación y a recomendar ampliar el consenso en la burguesía haitiana en vez de avanzar unilateralmente.

Las movilizaciones populares contra Moïse fueron masivas

Conclusiones

El asesinato de Moïse involucró a elementos mercenarios colombianos, un subproducto del terrorismo de Estado en ese país. El crimen se planificó en EEUU y contó con financiamiento y apoyo logístico de una empresa radicada en ese país, propiedad de un venezolano partidario de Guaidó y posiblemente relacionado con el gobierno de Duque. Al igual que la invasión mercenaria de Goudreau contra Venezuela, los involucrados no han sido procesados criminalmente en EEUU. Hubo una participación de miembros del régimen en el crimen, que explica cuando menos la complicidad de la guardia presidencial en el ataque.

Dada su naturaleza aventurera y golpista, debe rechazarse este crimen, así como el papel del imperialismo. Es necesaria una investigación independiente por parte de personas de reconocido mérito científico y profesional de Haití y la diáspora, para ir al fondo del asunto, no confiamos a las autoridades haitianas, colombianas y estadounidenses que investigan el caso. En Colombia y EEUU el movimiento popular y la izquierda deben exigir también investigaciones independientes sobre el rol de sus respectivos Estados.

En lo inmediato, hay que reorganizar al movimiento obrero y popular en torno a exigencias que permitan retomar la ofensiva en el terreno de la movilización:

  • No a la intromisión imperialista en los asuntos de Haití
  • Por un gobierno de transición de las organizaciones obreras y populares que garantice elecciones con garantías para todos los sectores
  • Contra las pandillas y mafias, organizar la autodefensa del pueblo y los trabajadores

Al mismo tiempo hay que responder a la brutal crisis económica y social con exigencias de emergencia: suspender el pago de la deuda externa y emplear todos los recursos posibles a atender el hambre, brindar refugio a los desplazados de la violencia y superar la carencia crónica de agua corriente, electricidad y gas doméstico.

Es crucial la solidaridad del movimiento obrero y la izquierda internacional para apoyar la exigencia a las potencias imperialistas, EEUU y Francia, de pagar reparaciones por la extorsión a Haití luego de su independencia y por las ocupaciones y golpes promovidos por EEUU en el siglo XX. Estas exigencias debemos discutirlas con todo el arco opositor y de la izquierda haitiana. Levantándolas unitariamente podemos obtener importantes expresiones de solidaridad internacional y postular una alternativa política propia a los ojos de millones de haitianos que ya han visto a todas las fracciones de la burguesía fracasar en la tarea de llevar a Haití por la senda de la prosperidad y la justicia social.

*Militante de la UIT-CI.

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