Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

El 28 de abril se inició un poderoso paro nacional indefinido en Colombia contra la reforma tributaria regresiva del gobierno uribista de Iván Duque, una semana más tarde continúa con fuerza. Fue convocado por el Comando Nacional de Paro integrado por las tres centrales sindicales y la Fecode, que agrupa a los docentes. Miles de trabajadores, estudiantes, indígenas y pobladores de las comunidades populares salieron a las calles en Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Ibagué, Neiva, Medellín, y otras ciudades del país en una contundente respuesta al gobierno. Los indígenas Misak derribaron la estatua del conquistador español Sebastián de Belalcázar en Cali, sedes de bancos y símbolos de la derecha como el canal de televisión RCN-NTN24 también fueron blanco de la indignación masiva.

El 2 de mayo el gobierno tuvo que retirar su proyecto de reforma, llevándose su primera gran derrota a manos del pueblo trabajador movilizado, y el ministro de Finanzas renunció. Aunque intentará imponer una versión modificada a través del consenso parlamentario, el gobierno ha perdido una batalla en las calles. Engañosamente titulada “Ley de solidaridad sostenible”, la fracasada reforma castigaba a los más pobres y favorecía a los ricos, al gravar los servicios públicos e impactar en los precios de productos de consumo básico. La justificación del gobierno para su proyecto era el déficit fiscal en el marco de la crisis económica. Pero el déficit se agravó por los auxilios financieros del gobierno a grandes bancos y empresas capitalistas. La reforma aumentaba los impuestos a sectores de la pequeña burguesía y de la clase trabajadora pero no eliminaba las grandes exenciones de impuestos a los capitalistas creadas en las recientes reformas fiscales, como la del año 2019, e incluso eliminaba impuestos a ciertos dividendos de acciones. Al tiempo que promovía la reforma tributaria, el gobierno mantenía las zonas francas que eximen millones de dólares de impuestos a grandes empresarios, e incluso se anunciaban gastos militares ridículos como adquirir 24 jets F16 por 4,500 millones de dólares.

El gobierno ha hecho todos los esfuerzos por aplastar con una violencia salvaje la digna y justa lucha popular. Desplegó más de 50 mil policías y militares en las principales ciudades, aplicando toques de queda y en los hechos Estados de sitio, uno de los más brutales en la ciudad de Cali, epicentro del paro nacional. Un día antes del inicio del paro un tribunal prohibió las protestas bajo el pretexto de frenar la pandemia del covid19. Como cientos de miles salieron a las calles de todas formas, entonces vino la violencia asesina del ESMAD, un cuerpo policial especializado en atacar a la población, y se militarizó las ciudades bajo la figura de la “asistencia militar”, en realidad la suplantación de las autoridades civiles locales por autoridades militares en materia de seguridad. El gobierno salió a justificar los asesinatos, las torturas y violaciones sexuales con furibundos discursos en defensa de la propiedad privada y calificando las protestas como “terrorismo urbano”. El genocida Uribe, el verdadero poder detrás del monigote Duque, quien es famoso en toda Latinoamérica por sus vínculos con el gobierno de EEUU, con el narcotráfico, con el paramilitarismo y sus crímenes incontables en la aplicación del terrorismo de Estado, se expresó públicamente a favor del “derecho” de policías y militares a disparar contra los manifestantes.

¡Abajo la militarización, que la crisis la paguen los capitalistas!

Esta rebelión del pueblo trabajador colombiano tiene antecedentes en la movilización estudiantil de 2018 y el paro nacional de 2019 contra el paquetazo, que incluía privatizaciones, ataques a los derechos laborales, reforma a las pensiones, una reforma fiscal, e incluía exigencias democráticas como la implementación de los acuerdos de paz, fin a los asesinatos de dirigentes sociales y la exigencia de disolver la ESMAD. Nuevamente el asesinato de un estudiante en de septiembre de 2020 generó un gran estallido en Bogotá. Luego de cada uno de estos procesos de lucha el gobierno llamó a mecanismos de diálogo y siempre los acuerdos firmados fueron irrespetados por el gobierno.

Las masas movilizadas han dejado muy claro que pese a los riesgos que representa el actual pico de la pandemia, con más de 400 muertos diarios, el gobierno es una amenaza mucho mayor, de ahí que sea necesario luchar para derrotarlo. De hecho, el gobierno es el culpable de que no haya un plan de vacunación masivo en ejecución y que por la privatización de la salud la mayoría empobrecida no tenga acceso a atención médica oportuna y de calidad. La brutalidad represiva de Duque recuerda los crímenes de otros gobiernos de Latinoamérica enfrentados a sus propios pueblos en años recientes: Piñera, J.O. Hernández, Moïse y Moreno en 2019, Ortega en 2018 y Maduro en 2017, cada uno con decenas o centenares de muertos y miles de detenidos, heridos, torturados. Nos solidarizamos con los sectores obreros y populares que plantean que Duque debe irse.

La fuerza de la juventud, los trabajadores y los indígenas derrotó la reforma pero es importante derrotar el conjunto del ajuste del gobierno de Duque-Uribe. Es importante superar las vacilaciones de la conducción, que por ejemplo llamó a una “conmemoración virtual” el 1ero de mayo, respetando las medidas de confinamiento del gobierno y evitando las aglomeraciones. Las bases desbordaron este llamado con una poderosísima movilización y grandes choques con los cuerpos represivos. El ex candidato presidencial de Colombia Humana, Gustavo Petro, llamaba en un artículo del 2 de mayo a “guardar fuerza y acumularla para jornadas más contundentes” en el futuro, recomendando acciones como no comprar gaseosas. Mientras tanto el gobierno realiza allanamientos arbitrarios, mantiene a Cali sitiada y perpetra toda clase de crímenes, involucrando no solo a sus perros de presa del ESMAD, los policías y militares, sino incluso a las fuerzas de seguridad privadas, con un amplio prontuario criminal y una historia vinculada al paramilitarismo.

El Comando Nacional de Paro ha llamado a una gran movilización el 5 de mayo por la desmilitarización de las ciudades, castigo a los responsables de crímenes represivos, la eliminación del ESMAD, el retiro del proyecto 010 de profundización de la privatización de la salud, derogación del decreto 1174 del año pasado que precariza las relaciones laborales, por un plan de vacunación masiva contra el covid19, por una renta básica de al menos un salario mínimo, contra las privatizaciones, contra los ataques a las poblaciones campesinas con glisofato, por una renegociación de la deuda externa y la eliminación de las exenciones tributarias a los capitalistas. Desde República Dominicana llamamos a todas las organizaciones populares, democráticas y de izquierda latinoamericanas y caribeñas a apoyar la lucha del pueblo colombiano.