Ingrid Luciano

A raíz de la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero de 2020 (16F) se desataron masivas manifestaciones que reclamaban investigación independiente, renuncia de la Junta Central Electoral (JCE) y castigo a los responsables de lo que el pueblo veía como un fraude electoral fallido. La OEA fue convocada por el gobierno, con el aval de la oposición tradicional y de algunas agrupaciones sociales, para que investigara las causas de la suspensión de las elecciones. Varias organizaciones y activistas estuvimos en contra de que fuera la OEA quien realizara dicha auditoría, conociendo el rol nefasto del organismo en la historia de nuestro país y región. 

El informe que presentó la OEA el pasado 14 de abril concluye que las fallas que llevaron a la suspensión de las elecciones se debió a: “1) un software mal diseñado, 2) la falta de testing en las diferentes etapas del proceso y 3) la ausencia de un protocolo de control de calidad”*. El informe concluye que todo esto se debe a una mala gestión del área informática de la Junta Central Electoral (JCE) y que no se encontró evidencias de ataques externos, sabotaje o intento de fraude. 

El hecho de que el informe de la OEA solo plantee que hubo errores técnicos y que no hubo intencionalidad de fraude no es una sorpresa. Ya el secretario general de dicha organización, Luis Almagro, a inicios de marzo, había dicho que la suspensión de las elecciones había sido correcta y demostraba la condición «vigorosa» de la democracia dominicana. La ausencia de fraude era, entonces, una premisa que el organismo adoptó antes de realizar la auditoría, y no se desprende de la misma. En su informe, la OEA nunca plantea haber investigado si hubo o no hubo fraude, no presenta criterios para definir una cosa o la otra. Sin embargo lo presenta como una conclusión. Esto es tanto metodológicamente incorrecto como políticamente viciado.

Además, hay preguntas que quedan abiertas y que el informe de la OEA no aborda: ¿Por qué la falla “técnica” de la oferta electoral siempre afectaba a los partidos de oposición? Tomando en cuenta que el equipo de auditoría inició sus labores el 3 de marzo y las elecciones fueron suspendidas el 16 de febrero: ¿Qué garantías hay de que información clave no haya sido escondida o manipulada? ¿Qué pasó con los “artefactos de software e ítems de configuración involucrados en el proceso” que, según el mismo informe de la OEA “no se preservaron”**? ¿Cómo se explica la saña del gobierno y la Procuraduría que inventaron un expediente contra un técnico de Claro y un Coronel de la Policía como supuestos responsables de un “sabotaje” orquestado por la oposición?

Todo esto queda en el misterio. La JCE aceptó rápidamente el informe de la OEA, calificándolo de “imparcial y objetivo”, asegurando que llevarán a cabo las recomendaciones de la OEA. Despidieron al director del Departamento de Informática, cortando la soga por el lado más débil. El Partido Revolucionario Moderno (PRM) y La Fuerza del Pueblo (FP), por su parte, también avalaron el informe y, cada uno, quiso presentar que el mismo confirmaba las dudas que ellos ya habían planteado con respecto al voto automatizado. Por su lado, el PLD aseguró que dicho informe devuelve la tranquilidad de espíritu sobre nuestra democracia. Nada más falso. 

La “tranquilidad” es lo que la OEA ha querido transmitir con su informe cómplice con el gobierno, agradeciendo de paso el voto de República Dominicana a la reelección de Almagro. A 55 años de la Revolución de Abril, necesitamos recordar el rol de la OEA en la invasión al servicio de los intereses estadounidenses y en la conducción de negociaciones que llevaron al gobierno provisional de García Godoy y, eventualmente, la restitución del trujillismo de la mano de Joaquín Balaguer. Más recientemente la OEA ha ratificado su rol antidemocrático en nuestra región, avalando gobiernos de facto como los de Bolivia, Honduras y Haití o dando espaldarazos a locuras autoritarias en El Salvador o Brasil, la represión en Chile y Ecuador o la injerencia yanqui en Venezuela.

En RD, la OEA pretende hacer lo mismo una vez más. Pero el pueblo dominicano no siente ninguna tranquilidad con el despilfarro de miles de millones de pesos en unas elecciones fallidas, sin ningún tipo de consecuencias, dinero que ahora falta para el sistema de salud ante la pandemia del coronavirus. No nos sentimos con “tranquilidad” con la misma JCE conduciendo nuevas elecciones, luego de demostrar, como mínimo, su absoluta negligencia, y sin que hayan podido refutar la acusación de fraude que levantaron miles de manifestantes en febrero. Por el contrario, esa acusación se fortalece aún más cuando la JCE admite que utilizó un software viciado y que no dispuso de protocolos de control de calidad.

Seguimos sin respuestas. Pero seguimos reclamando la renuncia o destitución de la JCE, investigación independiente y castigo a los responsables políticos e intelectuales de las fallas que llevaron a la suspensión de las elecciones del 16F.

Fuente:

OEA (2020). Auditoría para identificar la o las causas por las cuales no fue posible la correcta implementación del voto automatizado en las elecciones municipales de República Dominicana del 16 de febrero de 2020. Informe final. 

*Página 4

**Página 36