Movimiento Socialista de los Trabajadores

El gobierno reaccionó de manera tardía e improvisada a la amenaza del coronavirus. A nivel mundial ya se han registrado más de 200 mil casos en 159 países y han fallecido más de 6 mil personas, la mayoría por complicaciones de salud relacionadas con condiciones preexistentes. Hasta el momento en nuestro país se han confirmado 21 contagios, una persona ha fallecido y más de cien se encuentran bajo observación.

Si bien la tasa de mortalidad registrada hasta ahora es de menos del 1%, el virus se transmite con gran facilidad y rapidez. En nuestro país existen vulnerabilidades adicionales ligadas a las pésimas condiciones del sistema de salud pública y el avance de la privatización en el sector, así como la gran extensión de enfermedades como la tuberculosis. Si la tasa de contagio alcanzara el 60%, se enfermarían 6.4 millones de personas, lo que con una tasa del 1% de mortalidad elevarían los fallecimientos a 64 mil.

¿Qué ha hecho el gobierno?

Primero anunció la suspensión de vuelos desde y hacia Europa, China, Irán y Corea por un mes. Suspendió las clases en instituciones educativas públicas por dos días, después de las elecciones, y este martes el presidente ha anunciado una nueva batería de medidas. Se exhorta a la población a minimizar su interacción social durante las próximas dos semanas, se enviará al Congreso una declaratoria de emergencia nacional, se cierran todas las fronteras por 15 días a partir del 19 de marzo, se suspenden las actividades educativas hasta el 13 de abril, se suspenden por dos semanas los eventos públicos o proselitistas y el funcionamiento de restaurantes y lugares de recreación, se suspenden asimismo las actividades comerciales excepto en los locales que brindan abastecimiento básico, como farmacias, colmados o supermercados. Se reduce la carga laboral de los empleados públicos a la mitad, exonerando de la obligación de asistir al trabajo a empleados de más de 60 años o con condiciones de salud vulnerables.

También se conformó una Comisión Técnica dirigida por el Ministerio de Salud y se dictan algunas medidas adicionales para el área de salud, como limitar las visitas familiares en los hospitales o habilitar la realización de pruebas de detección del coronavirus en laboratorios privados. El gobierno acordó con las ARS que agreguen a sus servicios médicos los exámenes para detectar el coronavirus y la atención médica para atender casos que lo ameriten, al sector privado se le recomienda flexibilizar la jornada de trabajo e implementar el trabajo a distancia, reduciendo la asistencia de trabajadores. El gobierno flexibilizará el cobro de impuestos a las empresas y el ministro de Hacienda coordinará con los empresarios medidas adicionales.

Mientras que los capitalistas son tratados con guantes de seda, para los sectores populares y obreros la única oferta es la de aumentar la cobertura de los Comedores Económicos y mantener el funcionamiento del programa de alimentación escolar pese a la suspensión de la docencia.

Una respuesta al servicio de las mayorías populares

Desde el Movimiento Socialista de los Trabajadores consideramos que es necesario adoptar medidas en un sentido muy distinto, para verdaderamente minimizar el impacto de la pandemia y que los costos económicos y sociales de la crisis no recaigan sobre los hombros de las personas más vulnerables, explotadas y empobrecidas del país y que no se haga aún más pesada la doble jornada laboral de las mujeres, sobre quienes todavía recae la mayor parte de la responsabilidad de los cuidados.

El gobierno ha dicho que se debe anteponer la consideración de la vida y la salud de las personas por sobre cualquier otra. Pero si habla en serio, se deben tomar las siguientes medidas: 1) decretar la suspensión de todas las labores no esenciales tanto en el sector público como el privado, con pago de salarios; 2) prohibir los despidos durante el próximo trimestre; 3) establecer un fondo de auxilios financieros para las pequeñas empresas, cuentapropistas o trabajadores y trabajadoras informales; 4) establecer que las Administradoras de Riesgos Laborales respondan por los casos de contagio de coronavirus en el lugar de trabajo; 5) colocar a disposición del Estado las clínicas y laboratorios privados, así como los hoteles para su habilitación en caso de que las camas de los hospitales y clínicas resulten insuficientes para tratar pacientes o aislarlos; 6) aumentar los salarios mínimos y asegurar condiciones laborales dignas a los trabajadores y trabajadoras de la salud.

Adicionalmente, otras medidas sociales necesarias para paliar los efectos de la paralización parcial de la economía serían un congelamiento de los pagos de las hipotecas, los alquileres y los servicios públicos. Por la presión de la gente trabajadora, algunas medidas de este tipo están siendo adoptadas en países europeos.

Es un hecho que la población no confía en el gobierno. Consideramos imprescindible crear una instancia que cuente con legitimidad y credibilidad, un Comité Nacional de Emergencia que informe debidamente a la población y coordine la definición e implementación de políticas para responder a la crisis, que además de las autoridades estatales esté integrado por organizaciones sociales, gremiales y estatales como el Colegio de Médicos, los sindicatos de la salud y de otros sectores, las organizaciones feministas, estudiantiles y comunitarias.

Para poder hacer frente a los esfuerzos económicos que supondrá la crisis, que ya se ha reflejado a nivel internacional en las caídas sucesivas de las principales bolsas de valores y del precio del petróleo, es imprescindible suspender el pago de la deuda externa, eliminar los gastos suntuarios y reducir al mínimo el gasto militar. Deben reducirse los altos salarios de la administración pública, hasta un tope salarial de 4 salarios mínimos promedio.

Las organizaciones empresariales vienen presionando al gobierno para que no adopte las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud, tal y como se desprende de una carta de la Asociación Dominicana de Zonas Francas al presidente Medina del 16 de marzo, donde cuestionan que se suspendan las operaciones en las zonas francas. La Confederación Patronal de la República Dominicana, por su parte, ha recomendado a los empresarios afiliados suspender hasta por 90 días sin pago de salario a los trabajadores. No podemos aceptar que se coloquen las ganancias de un puñado de explotadores por encima de las vidas y la salud de miles de trabajadores y trabajadoras. Mantener las operaciones en las zonas francas aumenta los riesgos no solo para las personas que trabajan en ellas sino por extensión también las de millones de personas de las comunidades populares donde ellas viven. Las empresas que pongan en riesgo las vidas de sus trabajadores, apliquen suspensiones sin pago de salario, o se declaren en quiebra para no asumir ningún costo ante la crisis, deben ser estatizadas para garantizar los puestos de trabajo y el respeto a la vida.

Protestas de la clase trabajadora en distintos países están obligando a empresas a suspender labores y a gobiernos a tomar medidas urgentes y drásticas para aminorar el impacto del coronavirus. Los trabajadores de las automotrices en el Estado español, los astilleros en Italia, los trabajadores del correo en el Reino Unido, con sus paralizaciones han logrado imponer a las patronales la suspensión del trabajo con pago de salario y medidas de protección para quienes desempeñen tareas mínimas. Con la lucha en República Dominicana también se puede obligar al gobierno a respetar la salud y la vida de la clase trabajadora. Llamamos a un pronunciamiento unitario de organizaciones obreras, comunitarias, feministas y antirracistas para defender los intereses de las mayorías populares ante la crisis, así como convocar cacerolazos u otras formas de protesta si el gobierno no nos escucha.