Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

Foto: Anuncio del pacto del 2 de enero en el Palacio Nacional entre el gobierno y organizaciones ambientalistas

Al iniciar el año, el presidente Abinader anunció la creación de un Observatorio de Políticas Ambientales y Áreas Protegidas integrado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y organizaciones ambientalistas como la Comisión Ambiental de la UASD y el Grupo Jaragua, en representación de la Coalición para la Protección de las Áreas Protegidas. El ministro del ambiente, Ceara Hatton, afirmó que sería un organismo para asesorar al ministerio, realizando informes sobre temas relacionados con la protección y uso sostenible de los recursos naturales, áreas protegidas y biodiversidad. El viceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad, Federico Franco, sostuvo que el acuerdo demostraba la existencia de una “alianza” entre sociedad civil y gobierno. “Toda la ayuda que la sociedad civil pueda hacer, colaborando con el Gobierno, es bienvenida”, dijo. El gobierno de Abinader ha sido uno de los mayores depredadores ambientales en la historia del país, pero con este acuerdo se presenta como “aliado” de las organizaciones ambientalistas.

“Este acuerdo no quiere decir que vamos a estar de acuerdo en todo o que vamos a estar en desacuerdo, lo importante es ponernos de acuerdo… porque si no hay sostenibilidad ambiental no habrá un verdadero desarrollo económico y social”, dijo el Presidente, con su peculiar estilo, agregando que era un acuerdo “sin precedentes”. Si la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas y la Red Socioambiental han podido cumplir por años un rol de vigilancia y denuncia, alertando ante las gravísimas violaciones a las leyes ambientales y el ataque a las áreas protegidas por parte del gobierno y los grandes empresarios, ha sido precisamente porque no han estado aliadas al gobierno. Ya existe una mesa técnica interinstitucional para la persecución de delitos ambientales, y muchas de las funciones de este nuevo observatorio en realidad corresponden al propio ministerio, como monitorear las áreas protegidas, educar y vigilar el cumplimiento del marco legal. Por otra parte, el gobierno no anunció la más mínima concesión a las organizaciones ambientales como parte de los acuerdos negociados para la conformación del observatorio.

Por todo esto, el anuncio de la “alianza” tuvo el efecto de dividir al movimiento de defensa del ambiente. Voceros del Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC) y del Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente (INSAPROMA), rechazaron el acuerdo firmado en el Palacio Nacional. Las organizaciones denunciaron que se trató de “un acto de campaña que busca encubrir las violaciones a la Ley de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la múltiples agresiones en contra de las áreas protegidas del país que ha cometido el presente Gobierno”. Llamaron la atención de que el acuerdo se firmara mientras persiste la actividad de la barcaza termoeléctrica turca Karadeniz Powership, contaminando y destruyendo un área protegida, continúa la legitimación de la apropiación privada ilegal de terrenos en Bucan Yé como «alianza público-privada» en un área protegida de Pedernales, sigue vigente la licencia ambiental para establecer un astillero en la reserva de vida silvestre de la Bahía de Luperón y continúa la deforestación de manglares en el área protegida Laguna de Saladillo.

Nos sumamos al llamado a las organizaciones que firmaron el acuerdo a poner fin a cualquier alianza con este gobierno destructor del ambiente. Es evidente que el gobierno del PRM ha tenido como objetivo político, desde su inicio, la liquidación del movimiento ambientalista y que para ese objetivo ha combinado la represión y la cooptación. A diferencia del movimiento de protesta contra la corrupción, que fue casi totalmente desmantelado mediante la cooptación, las luchas ambientales aún movilizan a miles de personas, aunque de forma atomizada por toda la geografía nacional, y son vistas como una piedra en el zapato por los poderosos.

Hasta comentaristas como el subdirector del Diario Libre, Benjamín Morales, señaló en un editorial que la creación del observatorio probablemente sea “una treta política” para cubrirse en la campaña reeleccionista de las críticas por su gestión ambiental. Además alertó a los ambientalistas que deben “evitar verse como un obstáculo al desarrollo del país”. Efectivamente, así es como el gobierno y los grandes capitalistas depredadores del ambiente ven a las organizaciones ambientalistas.

Un gobierno depredador no puede ser aliado de las organizaciones de defensa ambiental

El gobierno ha sido totalmente negligente, inepto y cómplice de los peores crímenes ambientales, cuando no un perpetrador directo. Ha estado del lado de la Barrick Gold, mientras el pueblo ha protestado por sus abusos, autorizando la ampliación de sus operaciones y la construcción de nuevas presas de cola, pese a las objeciones de las comunidades y las organizaciones ambientales. Ha promovido proyectos de depredación minera por parte de empresas imperialistas canadienses Gold Quest en San Juan y Unigold en Dajabón.

Ha sido activamente cómplice de la destrucción del Río Yuna por parte de mafias empresariales, y de la contaminación en zonas populares, como la perpetrada por la empresa Kinnox en Los Alcarrizos o Cemex en Herrera. Defiende la contaminación mediante la quema de carbón en Punta Catalina, emblema de corrupción y generación de gases que abonan al calentamiento global. Su desastrosa gestión de los desechos sólidos ha generado terribles incendios y humaredas en varios vertederos del país. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales incluso dejó de ejecutar el 25% de su presupuesto en 2023.

En 2022, el gobierno reprimió al pueblo de Los Negros de Azua para aplastar las protestas contra la instalación de las barcazas de generación termoeléctrica de la empresa turca Karadeniz, dejando a varios heridos de bala. La irresponsabilidad del ministro Ceara Hatton fue tan grande que cuando organizaciones ambientalistas le alertaron sobre los peligros que generaban las licencias otorgadas a la empresa Karadeniz, admitió no saber nada del tema. “Yo no sé de las enfermedades o consecuencias de una barcaza… Yo no hablo de lo que no sé, yo soy economista y hablo de economía”, dijo. Aún así, desoyó a las organizaciones que sí conocían del tema. En menos de un año de operación de las barcazas, a pocos metros de una zona protegida, se han registrado derrames tóxicos, contaminación y destrucción de sembradíos y hasta un incendio.

Otro ejemplo de ignorancia y audaz desprecio por el ambiente fue la destrucción de 36 mil metros cuadrados de manglares en el Refugio de Vida Silvestre Laguna Saladilla, para construir una costosa e inútil verja fronteriza, un proyecto bandera del gobierno racista y antipopular. “(El) Ministerio de Medio Ambiente y otras autoridades competentes han tenido pleno conocimiento de lo que viene ocurriendo desde hace meses, pero se han hecho de la vista gorda frente a este crimen ambiental bajo el argumento de que se trata de una obra del Estado, pasando por alto los mandatos de la Constitución y las leyes”, alertó el año pasado la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas.

Ceara Hatton incluso llegó al extremo de acusar en abril de 2023 a muchos de los ambientalistas de la Red Socioambiental que ahora describe como sus “aliados”, de estar al servicio de intereses privados cuando se opusieron al proyecto privatizador de la ley del agua. “Los proponentes de esa tontería no quieren que se regule el uso de agua, por los sectores económicos que usan el agua como insumo”, dijo en aquella ocasión el ministro. Para avanzar en la privatización del agua, el gobierno echó a la basura el trabajo realizado por una comisión de expertos nacionales para la gestión del agua y contrató ilegalmente a la empresa israelí Mekorot para elaborar un nuevo plan de gestión.

Hay muchos ejemplos más de una trayectoria de destrucción e irresponsabilidad. En definitiva, en la alianza entre organizaciones ambientalistas y un gobierno destructor del ambiente gana el gobierno y pierde el pueblo dominicano. Los objetivos del gobierno son maximizar las ganancias capitalistas en el corto plazo y mantenerse en el poder a toda costa. Esos objetivos son incompatibles con la defensa del ambiente. Llamamos a retomar el camino de la movilización unitaria contra el gobierno, en defensa del derecho del pueblo dominicano a disfrutar de un ambiente sano y por la construcción de un modelo de desarrollo sostenible, planificado democráticamente para satisfacer las necesidades colectivas.