La Voz de los Trabajadores

Trabajadores del Metro de Santo Domingo lograron arrancarle a la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) varias conquistas, luego de años en los que la patronal se había negado a cumplir con las leyes laborales y perpetrado terribles abusos. Los acuerdos, anunciados el 14 de enero, dejaron sin efecto la convocatoria a huelga que se planeaba realizar tres días después. El hecho subrayó una vez más la importancia de este método de lucha para poner un freno a las prácticas antiobreras de este gobierno de empresarios.

El conflicto laboral es antiguo. En 2021, otra amenaza de paro laboral llevó a la OPRET a prometer un aumento de salarios, pero en cuanto la presión desde abajo se disipó, la promesa permaneció incumplida. En octubre de 2022, 38 conductores de trenes de la Línea 1 amenazaron con renunciar colectivamente para impedir la cancelación arbitraria de una compañera de trabajo. La respuesta de la OPRET fue iniciar la formación de decenas de personas para desempeñarse como conductores de trenes, lo que los trabajadores interpetaron como un intento de reemplazarlos para así mantener en pie las más abusivas violaciones de las leyes laborales en el Metro de Santo Domingo.

Esta amenaza velada de cancelaciones escaló el conflicto, dada la política fraudulenta de las autoridades de no pagar prestaciones laborales a conductores y otros trabajadores del Grupo ocupacional 3, según la clasificación de empleados públicos implementada en el año 2019. Estas personas que trabajan en cargos bajo esa clasificación, sin embargo, no reciben salarios acordes a ella, sino muy inferiores. Cuando acudieron al Defensor del Pueblo a denunciar estas ilegalidades, los trabajadores no obtuvieron apoyo alguno. También denunciaron que cuando había un ascenso o reclasificación, las autoridades tardaban meses y a veces años en aplicar el aumento salarial correspondiente y al hacerlo no lo pagaban de manera retroactiva desde el momento del ascenso. Tampoco les pagaban bonos por evaluación de desempeño, el cálculo de horas de trabajo se realizaba de manera arbitraria, no se pagaban horas nocturnas, ni se entregaba certificación de capacitación laboral.

En noviembre de 2022, el trabajador Luis Miguel Peña, conductor de trenes del Metro de Santo Domingo, publicó un video dirigido al presidente Abinader y al senador perremeísta Antonio Taveras, en el que denunció algunas de estas aberrantes prácticas antiobreras de la dirección de la OPRET. Alertó sobre las cancelaciones de conductores de trenes, operadores de estaciones y otro personal, pese a ya existir una sobrecarga de trabajo por déficit de personal. En el caso de los conductores, esta sobrecarga se expresaba en un régimen de trabajo con pausas de 3 a 6 minutos para comidas, ir al baño o descansar, en largas jornadas sin pago de horas nocturnas ni horas extra. La explotación inmisericorde por parte de las autoridades generó personas trabajadoras afectadas de gastritis, parálisis facial, ataques de pánico, entre otras afectaciones de su salud. Trabajadores con hasta 14 años de labores fueron cancelados sin el pago de prestaciones, incluyendo conductores, coordinadores, despachadores de trenes y otros. Concluyó Peña su mensaje aclarando su oposición a hacer huelga y llamando al gobierno a dialogar para evitar una paralización de labores.

La respuesta del gobierno, a través de la OPRET, fue una campaña de violencia patronal. Peña fue detenido y trasladado a un destacamento policial para un largo interrogatorio, luego del cual fue suspendido, junto a otros dos trabajadores. El 8 de noviembre, varios trabajadores protestaron contra la suspensión y contra el intento de criminalizar la actividad sindical bajo falsas acusaciones de “terrorismo”.

En enero recrudecieron los ataques patronales, ejecutados por el asesor jurídico de la OPRET, Edwin Félix. La OPRET llegó a intentar prácticas totalitarias como imponer un contrato de confidencialidad para silenciar a los trabajadores e impedir que realizaran denuncias públicas sobre los abusos que sufren. También se incorporó a miembros del cuerpo de seguridad en los entrenamientos para trabajar como conductores, confiando así poder quebrar la organización obrera.

En este marco, estaba previsto realizar la huelga parcial del 17 de enero, definida como una disminución de labores, reduciendo los trenes operativos por línea. Entre las exigencias obreras, se planteó que si no se pagan las prestaciones correspondientes a las cancelaciones, que al menos aplique el aumento salarial correspondiente a la clasificación vigente, con pago de retroactivo por el tiempo desempeñado con una remuneración menor a la que legal y reglamentariamente corresponde. Otras exigencias incluían garantizar la higiene y un ambiente laboral seguro, evitar fraudes en los concursos, reconocer una asociación de trabajadores del Metro, ajustar el manual de cargos a la ley y crear una ley ferroviaria para regular el sector.

Esta presión logró que las autoridades cedieran parcialmente, otorgando un aumento salarial, comprometiéndose a mejoras en el ambiente de trabajo, pagos retroactivos a 52 trabajadores, reconocimiento de las horas extras y nocturnas, el compromiso de no realizar cancelaciones sin justificación o represalias. El aumento salarial para los conductores y operadores de estaciones de 20%, lleva el salario a 37,800 pesos mensuales, un aumento sustancial aunque todavía por debajo de los casi 43 mil pesos de la canasta familiar nacional. También se acordó emitir acreditación técnica mediante certificación a los conductores de trenes. Aunque no se acordó el pago de prestaciones, las autoridades se comprometieron a realizar un pago especial.

La ausencia de libertad sindical en la República Dominicana es una de las características antidemocráticas del régimen político. Este marco hace aún más relevante lo logrado por las y los trabajadores del Metro de Santo Domingo, cuya labor diaria permite transportar a más de 300 mil personas en la capital. Es necesario seguir avanzando en términos organizativos y de capacidad de movilización, tanto a nivel de los trabajadores del Metro como a nivel general, construyendo una central sindical democrática y representativa que pueda responder unificadamente a las ofensivas del gobierno y los capitalistas contra la clase trabajadora.

Queda pendiente concretar la creación de la asociación de trabajadores y continuar mejorando las condiciones laborales para adecuarlas al marco legal vigente. La lucha de los últimos meses demostró la importancia de la organización de los trabajadores y la gran fuerza que tiene el mecanismo de la huelga. No fue el diálogo en sí, sino la negociación respaldada por la fuerza obrera dispuesta a paralizar sus labores, lo que logró este avance. Es casi seguro que nuevos conflictos vendrán, en la medida en que las autoridades siguen decididas a no respetar la libertad sindical y pretenden continuar con sus prácticas de superexplotación, corrupción y clientelismo, sin contrapeso por parte de la clase trabajadora.