La Voz de los Trabajadores

El gobierno del PRM ha convertido la agitación racista y la persecución contra la comunidad inmigrante haitiana y dominicana de ascendencia haitiana en su principal campaña de cara a las elecciones presidenciales de 2024, incapaz de mostrar ningún logro significativo en materia educativa, de salud, laboral o de reducción de la pobreza y la desigualdad. En alianza con los sectores más reaccionarios y antidemocráticos de la política nacional, el presidente Abinader ha demostrado su desprecio total hacia los tratados internacionales firmados por el Estado dominicano en materia de derechos humanos y particularmente en lo relacionado con el derecho al refugio y al asilo. Si bien la campaña racista de expulsiones masivas puede rendirle algunos apoyos electorales, aunque disputados por los precandidatos presidenciales igualmente racistas del PLD y la FP, es innegable que esta campaña tiene un altísimo costo para la sociedad dominicana en términos de retroceso de las libertades democráticas. También tiene un alto costo económico.

Ya no se trata meramente del desvío para la represión racista y la construcción del muro fronterizo de miles de millones de pesos que podrían invertirse en salud pública, educación, construcción de viviendas populares o garantizar el acceso a servicios públicos como la luz eléctrica y el suministro de agua a millones de personas. Se trata de la destrucción económica que acarrea la barbarie racista, y que no solo afectará negativamente a los capitalistas sino también a la propia clase trabajadora dominicana e inmigrante.

Aunque el gobierno dominicano asegure que la comunidad inmigrante haitiana es una carga económica, la realidad es muy diferente. Se trata de más de quinientos mil inmigrantes cuyo trabajo aporta enormemente a la economía dominicana. El crecimiento económico se sostiene sobre la superexplotación de la mano de obra haitiana en industrias como la construccón, la agricultura y el turismo. Ese crecimiento genera empleos que benefician al conjunto de la población dominicana y genera impuestos que financian los servicios públicos, pese a las grandes exenciones tributarias que el gobierno da a los capitalistas.

Actualmente, solo el 1,49% de los trabajadores que cotizan a la seguridad social son haitianos, con un salario promedio de RD$18,368. En otras palabras, los empresarios excluyen del empleo formal y la seguridad social a la mayoría de los asalariados haitianos. La opresión y superexplotación que sufre la clase trabajadora de origen haitiano debe superarse mediante la sindicalización, la garantía del principio de igual pago por igual trabajo y la eliminación de la precarización laboral. En otras palabras, permitir la libertad sindical en la República Dominicana y la igualdad de derechos para todas las personas trabajadoras sin discriminación racial, de sexo, edad o por cualquier otra razón. Por el contrario, el aumento de la persecución contra la clase trabajadora de origen inmigrante solo aumenta su precarización y superexplotación.

Evidentemente, la expulsión masiva de trabajadores haitianos genera daños graves a la economía. La detención arbitraria de centenares de trabajadores agrícolas en la provincia Valverde durante el mes de noviembre, donde se produce un tercio del banano del país, ha generado una paralización. «Eso todo el mundo lo sabe aquí, sin los haitianos no hay producción», explicó un empresario en declaraciones a la prensa. Otros empresarios señalaron que los agentes migratorios se instalan en las afueras de las fincas los días de pago de salarios.

Es ampliamente conocida la práctica generalizada de la extorsión por parte de los agentes migratorios, policiales y militares en contra de los trabajadores inmigrantes haitianos, extorsión que también se aplica a los empresarios agrícolas. Los empresarios bananeros han denunciado que los agentes migratorios acostumbran detener a todo trabajador de piel oscura, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio, poniendo en peligro las exportaciones agrícolas.

La Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon) también reconoció que «si no tenemos la mano de obra haitiana, definitivamente, el sector construcción se paraliza». Llamaron a regularizar a los trabajadores haitianos, algo a lo que el gobierno de Abinader se niega. Aunque también apoyaron las deportaciones masivas y el decreto 668-22, resulta claro que, más allá de su afinidad ideológica con las políticas racistas de Abinader, estos empresarios no pueden ocultar que dependen del componente inmigrante de la clase trabajadora. La solicitud de regularizar a trabajadores inmigrantes ha sido realizada en el pasado. Pero tanto el gobierno como el sector privado contratan trabajadores inmigrantes en condiciones de precariedad laboral y bajos salarios, aprovechando los obstáculos oficiales a la regularización migratoria.

La amenaza más grave que representa para la economía dominicana la campaña racista de Abinader es la que se refiere al turismo. En el pasado, ha habido ataques racistas por parte de agentes policiales y migratorios, así como por parte de paramilitares neofascistas con apoyo policial, contra turistas estadounidenses y africanos por la presunción de que serían haitianos. La situación ha escalado a tal punto que el gobierno estadounidense, aliado de Abinader, ha tenido que emitir a través de su embajada en el país un aviso a los ciudadanos estadounidenses de piel oscura para que tomen precacuciones. El comunicado indica que «en meses recientes viajeros a la República Dominicana han reportado ser sometidos a retrasos, detenciones o interrogatorios intensificados en puntos de entrada al país y en otros encuentros con funcionarios migratorios, por motivo del color de su piel». El comunicado también advierte que las operaciones de detención masiva contra personas sospechosas de ser haitianas han llevado en algunos casos al irrespeto del estatus legal de las personas detenidas y que estos operativos implican un incremento en el riesgo para las personas estadounidenses de piel oscura de sufrir detenciones arbitrarias en condiciones de hacinamiento.

Esta advertencia oficial se suma a la creciente presencia en los medios internacionales de noticias sobre la brutalidad racista del gobierno dominicano, disuadiendo a miles de potenciales turistas de EEUU y de otros países de visitar al país. ¿Hasta dónde nos llevará la locura racista del gobierno y qué precio está dispuesto Abinader a imponerle al pueblo dominicano en aras de lograr su delirio antihaitiano de depuración racial? Es necesario que todo el pueblo trabajador dominicano dé una contundente respuesta a la campaña racista de Abinader antes de que sea demasiado tarde.