La Voz de los Trabajadores

El martes 25 de octubre decenas de trabajadores de la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC) protestaron ante la sede del Defensor del Pueblo en la capital, exigiendo al gobierno dominicano el pago de las pensiones que le corresponden por ley a miles de trabajadores de la industria azucarera, en su mayoría inmigrantes haitianos. En esta ocasión, más de 60 veteranos de los cañaverales demandaron al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, que esta institución interceda ante el gobierno de Luis Abinader, tanto para el pago de las pensiones como para que se reconozca la residencia permanente de trabajadores que ingresaron hace décadas en virtud de acuerdos entre el Estado dominicano y el Estado haitiano.

Jesús Núñez, coordinador nacional de la UTC, y varios coordinadores regionales de la organización sindical, aunque no fueron recibidos por Pablo Ulloa, depositaron ante su oficina documentación relacionada con los convenios entre la República Dominicana y Haití en virtud de los cuales vinieron a trabajar los braceros a partir del año 1952, así como copias de las solicitudes de pensiones depositadas en el Instituto Dominicano de la Seguridad Social.

“Aunque el presidente Luis Abinader prometió hacer justicia el 26 de septiembre del año 2020 en el ingenio Porvenir, hasta ahora no ha cumplido”, recordó Núñez en declaraciones a la prensa.

En su mayoría los trabajadores cañeros tienen sus cédulas viejas o sus fichas de trabajo, les corresponde su residencia permanente y que no se ponga trabas para el cobro de las pensiones de aquellos que han logrado su reconocimiento por parte de gobiernos anteriores. Se estima que 379 trabajadores han visto suspendido el pago de sus pensiones durante los dos años de gobierno de Abinader.

Núñez criticó el hecho de que Leonel Fernández y Danilo Medina entregaron pensiones, logradas con la lucha de la UTC, mientras que Abinader ha entregado pocas pensiones y esas pocas exclusivamente a trabajadores cañeros dominicanos, no haitianos, lo cual denota una política antiobrera y de discriminación racista y xenófoba.

También fue cuestionada la declaración del director de la Dirección General de Migración (DGM) Venancio Alcántara, quien aseguró que los agentes migratorios no realizaban allanamientos de viviendas sin orden judicial, sino que se limitaban a practicar detenciones en los espacios públicos.

“La DGM está mintiéndole a la sociedad dominicana, particularmente el director Venancio Alcántara, cuando dice que ellos están respetando los derechos humanos porque para penetrar en una casa necesitan un fiscal, ellos están penetrando en las casas de los inmigrantes haitianos a las 4 de la mañana y sacándolos en pantaloncillos, se los llevan a Haina y allí les quitan los teléfonos celulares, hay denuncias de que se han perdido cientos de celulares. Exigimos que sea intervenido el centro de la DGM que hay en Haina, porque es un centro de corrupción. Muchos de los inmigrantes que son llevados a la frontera luego son traídos por los mismos que se los llevaron, eso es un negocio a la clara que hay ahí. Tenemos documentados muchísimos casos, nada más en el Batey Yacoe el viernes pasado detuvieron a cinco trabajadores inmigrantes cañeros y les quitaron dos mil pesos a cada uno, y con eso los despacharon. Y la Policía Nacional, esos destacamentos que están en la periferia de la capital, se combinan para agarrar a todo hombre que sea negro, prieto, lo agarran preso y le dicen ‘tú eres haitiano y para salir de aquí tienes que dar un dinero’”, detalló Núñez.

Jesús Núñez viajará próximamente a Cuba a tratarse médicamente, pero anunció que la movilización cañera continuará bajo las banderas de la UTC por el reconocimiento de los derechos laborales y sociales de sus agremiados por parte del Estado dominicano.