Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

Como organización socialista, repudiamos el asesinato del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, un crimen que ha despertado un rechazo generalizado en el pueblo dominicano. Extendemos nuestras condolencias a sus familiares y allegados.

A casi 48 horas del crimen, no ha habido un informe oficial presentado por representantes del Ministerio de Interior y Policía o la Procuraduría General de la República sobre el caso. Incluso la procuradora criticó a la prensa por preguntarle sobre el mismo. El pueblo dominicano merece que se le informe de manera oportuna y veraz. Inicialmente circularon versiones de tiroteos en la sede del Ministerio luego del atentado, situaciones de rehenes, así como de personas heridas. Sorprendentemente, nada de esto ha sido confirmado o desmentido a estas alturas oficialmente.

Sobre el asesino, Fausto Miguel de Jesús Cruz, y los móviles de su crimen, también versiones periodísticas plantean que se trata de un empresario, hijo de un general, y cercano al ministro y su familia desde hace muchos años. También se ha publicado que fue uno de los delegados electos en el PRD en 2013, poco antes de su división y la fundación del PRM. Incluso varios medios han publicado que habría sido un financista de la campaña del PRM en la última elección. En sus declaraciones, varios dirigentes políticos han asociado el crimen a una retaliación por medidas adoptadas por el Ministerio en materia de preservación ambiental. Todas estas informaciones circulan en medio del silencio oficial.

El crimen cometido por Cruz, un empresario gangsteril, debe llamar al pueblo trabajador a una profunda reflexión. Se pone en evidencia una vez más la peligrosidad que representa para el pueblo dominicano un sector empresarial acostumbrado a violar todas las leyes laborales y ambientales, a imponer su voluntad mediante la corrupción o la violencia. En ese sentido no es un caso aislado sino una expresión más de la violencia y el amedrentamiento que sufre la sociedad, especialmente la clase trabajadora, a manos de empresarios como Cruz, cuyos tentáculos penetran en los principales partidos del sistema y tienen vínculos con el Estado. No podemos olvidar que este es un país donde por defender los derechos humanos, enfrentar a la megaminería, exigir derechos laborales o denunciar el racismo, todos los días se amenaza y se persigue a activistas. Y la regla es que esta violencia quede en la impunidad.

En el mismo momento en que el presidente Abinader se queja de que «la violencia solo trae más violencia», se desarrolla un amplio operativo policial y militar en los principales barrios del país, plagado de ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones a los derechos humanos. Se aterroriza con la violencia represiva a las comunidades populares históricamente más castigadas por la exclusión, mientras el crimen organizado se sigue alimentando de la corrupción policial, militar y judicial, y lavando su dinero tranquilamente a través del sistema financiero. Es evidente que la política de desarme anunciada hace dos años y la supuesta reforma policial no han rendido ningún resultado favorable para el pueblo.

También alertamos ante la intención expresada por diputados y dirigentes políticos de distintos partidos del sistema, de utilizar la consternación ante el asesinato del ministro Jorge Mera para promover una rápida aprobación de un Código Penal rechazado por amplios sectores de la sociedad, con la intención de aumentar las penas de cárcel.

Ese tipo de reacciones, echar a los militares a las calles o imponer retrocesos democráticos en las leyes, se emplean para ocultar las causas de fondo de estos terribles hechos.