La Voz de los Trabajadores

Foto: Ycell Suero

Este pasado lunes 18 de octubre cientos de trabajadores cañeros y habitantes de los bateyes se movilizaron con la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC), concentrándose ante la Dirección General de Migración (DGM) para rechazar la persecución desatada por el gobierno de Luis Abinader en contra de la comunidad inmigrante. 

Los manifestantes exigieron la entrega de residencias permanentes a más de 2,000 trabajadores cañeros que son cotizantes y han exigido sus pensiones ante el Instituto Dominicano de Seguridad Social (IDSS). Además, rechazaron las medidas anunciadas por el Consejo Nacional de Migración el pasado 29 de septiembre de incrementar la persecusión a la comunidad inmigrante, al negar atención médica a mujeres embarazadas extranjeras que carezcan de seguro internacional y perseguir a la masa trabajadora inmigrante usando el código laboral balaguerista, bajo el argumento de «nacionalizar la mano de obra».

“Esto se traducirá en más corrupción y violación de los derechos humanos por parte de policías y militares en la frontera”, expresó Jesús Núñez, coordinador de la UTC. Núñez alertó que actuando bajo ese lineamiento, efectivos militares han detenido a centenares de trabajadores en plantaciones bananeras «tanto inmigrantes haitianos como dominicanos, se llevan a todo el que sea negro. Y eso es antes de cumplirse el plazo de 90 días dado para la regularización, al cumplirse ese plazo lo que vendrá no será fácil, habrá muchas luchas para resistir estos atropellos. Los cañeros, trabajadores agrícolas, de la construcción y toda la comunidad inmigrante ha aportado durante décadas al desarrollo nacional, y es falso lo que dice el director de Migración que se está generando una situación como la de Kosovo».

En tal sentido, demandaron que sea eliminado el requisito de tener un seguro internacional y prueba de solvencia económica para las mujeres inmigrantes embarazadas de más de seis meses. Núñez advirtió que esta medida podría ser utilizada para negar atención médica a mujeres haitianas que viven y trabajan en el país desde hace años sin haber logrado regularizar su situación migratoria. Responsabilizó asimismo al gobierno por la falta de regularización de la comunidad haitiana, agregando que el plazo de 90 días para la regularización de los trabajadores es insuficiente.

El racismo como política de Estado

Mientras que el gobierno de Abinader, quien es descendiente de inmigrantes libaneses, ha flexibilizado los requisitos y ha dado facilidades a la regularización de alrededor de cien mil inmigrantes venezolanos, en cambio no hay ningún plan de regularización para la comunidad inmigrante haitiana de más de 500 mil personas. Por el contrario, el gobierno pretende expulsar a miles de haitianos de sus trabajos y existe una campaña neotrujillista de desinformación de las autoridades gubernamentales, quienes atribuyen a las mujeres haitianas un supuesto consumo del 40% del presupuesto de salud. En realidad, todo el presupuesto en 2021 para remuneraciones, materiales y suministros no llega siquiera al 13% del presupuesto de salud, y de este monto solo una fracción muy pequeña se destina a la atención de la comunidad inmigrante.
Todo esto ha puesto en evidencia el carácter escandalosamente racista de la política migratoria del PRM.

Las medidas anunciadas por el Consejo Nacional de Migración han generado rechazo también de otras organizaciones. La Coordinadora Popular Nacional, Haitianos RD, el Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, entre otras, firmaron un comunicado llamando a la sociedad a detener la ofensiva racista y xenófoba del gobierno. “La verdadera carga para el pueblo dominicano no son los trabajadores o las mujeres inmigrantes sino los capitalistas explotadores, que en muchos casos ni siquiera pagan impuestos, y los políticos corruptos que les sirven”, denuncian estas organizaciones, entre las que también están Militancia Revolucionaria Socialista, Mujeres Socio Políticas Mamá Tingó, Aquelarre RD y Código Humano.

Tal y como denunció la UTC, a los pocos días de las medidas anunciadas por el Consejo Nacional de Migración se registraron redadas masivas por parte del Ejército Nacional y la DGM en plantaciones bananeras de la Línea Noroeste. La Asociación Dominicana de Productores de Banano (ASOBANANO) advirtió que estas acciones ponían en riesgo sus exportaciones.

La respuesta que ha dado la Dirección General de Migración a la UTC, es que remitirán sus exigencias ante el Consejo Nacional de Migración, que plantean como la instancia competente para dar alguna salida. 

Las medidas de persecución racista contra la comunidad inmigrante fueron anunciadas en el marco de dificultades serias que atraviesa el gobierno para imponer una reforma tributaria regresiva y un presupuesto nacional con grandes recortes a la salud pública. A ello se ha agregado el escándalo de los Pandora Papers que confirman el uso de paraísos fiscales por parte del presidente, quien llama a invertir en el país pero exporta sus capitales. En ese marco, la comunidad inmigrante haitiana se convierte en el chivo expiatorio para distraer de los graves problemas sociales y económicos del país.

La manifestación de los cañeros y las comunidades bateyeras es una contundente respuesta a las declaraciones y actos abiertamente racistas por parte de un gobierno que prometió «cambio» pero rápidamente hizo suyas la retórica y las políticas de los sectores más conservadores del país, los herederos del trujillismo y el balaguerato.