Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

El más reciente ataque del gobierno venezolano contra la izquierda y el movimiento obrero ha sido la condena a 15 años de cárcel contra el obrero izquierdista Rodney Álvarez por parte de un tribunal. Esta ha sido repudiada por numerosos sindicatos y amplios sectores de la izquierda venezolana, desde el Partido Socialismo y Libertad (PSL) hasta organizaciones chavistas disidentes como el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y la Alianza Popular Revolucionaria (APR). Rodney Álvarez lleva diez años preso por un crimen que no cometió. En la cárcel, Álvarez ha sobrevivido a tres atentados contra su vida y se vio forzado a realizar una huelga de hambre por sus derechos. Organizaciones de izquierda, sindicales y de derechos humanos han campaña internacionalmente por su liberación, pero las autoridades lo mantienen preso para aterrorizar a la clase trabajadora y que no reclame ante la destrucción de sus derechos laborales. El militante del PSUV, Héctor Maicán, fue originalmente detenido por el asesinato de Renny Rojas y heridas a Luis Quilarque, en el marco de un ataque de un grupo paramilitar del PSUV contra una asamblea sindical, pero el gobernador chavista Francisco Rangel Gómez presionó para salvar a Maicán y convertir a Rodney Álvarez en el chivo expiatorio. Rangel Gómez hoy vive en México cómodamente con el dinero robado a lo largo de años.

Rodney Álvarez es el preso político obrero más antiguo del país, ya llevaba diez años tras las rejas antes de ser condenado sin pruebas en su contra. Como él, hay decenas de trabajadores presos políticos. Para defenderlos se ha creado un Comité de Familiares y Amigos de Trabajadores Presos. Otros sectores populares también han sufrido un aumento de la represión en los últimos años. Según organizaciones chavistas, entre 2018 y 2021 han sido encarcelados 39 activistas del movimiento campesino. En la última década numerosos dirigentes indígenas, el más importante de ellos el cacique Sabino Romero, han sido asesinados por policías y militares.

Partidos que reivindican a Chávez pero realizan algunas críticas a Maduro, el llamado chavismo crítico, como Patria Para Todos (PPT) y Tupamaros han sido intervenidos por los tribunales para entregar sus tarjetas electorales a miembros del PSUV y así impedir que se integren a la APR, frente encabezado por el PCV. El dirigente nacional del PPT Rafael Uzcátegui, ex guerrillero, ha sido detenido y objeto de campañas calumniosas por parte del gobierno.

El propio PCV ha denunciado que es censurado sistemáticamente en los medios de comunicación del Estado y en enero de este año advirtió que el gobierno de Maduro estaba incitando al odio contra la izquierda, replicando la estigmatización y la persecución sufrida por la izquierda en la década de 1960, algo que debía ser “rechazado por todas las fuerzas auténticamente democráticas, progresistas, patrióticas, antiimperialistas, populares y revolucionarias a nivel nacional e internacional, porque ese camino puede conducir al fascismo”.

En tal sentido, es importante notar que ha reaparecido el brutal método de la desaparición forzada. En febrero de 2015 fueron desaparecidos el activista de izquierda Alcedo Mora, por muchos años militante del Partido de la Revolución Venezolana (PRV), y los refugiados colombianos Jesús Esneider Vergel y Eliezer Vergel, luego de que Mora denunciara corrupción en la empresa petrolera estatal PDVSA. Sus familiares y camaradas responsabilizan al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. En 2016 las fuerzas represivas realizaron numerosas desapariciones forzadas y asesinaron a 12 jóvenes en la comunidad afrovenezolana de Barlovento. Esto en el marco de los miles de asesinatos anuales perpetrados por policías y militares, principalmente contra jóvenes de los barrios populares.

Crímenes como el asesinato de los dirigentes obreros revolucionarios Richard Gallardo, Luis Hernández, Carlos Requena y Jerry Díaz, de la Corriente Clasista, Unitaria, Revolucionaria y Autónoma (C-cura), por parte de las bandas armadas de la burocracia sindical del PSUV, siguen impunes hasta el día de hoy.

Mantenemos nuestro más firme repudio a la injerencia del imperialismo estadounidense en Venezuela y rechazamos las sanciones económicas, así como al títere Juan Guaidó y su autoproclamado “gobierno interino”. Pero tenemos la convicción de que ningún antiimperialista, ningún socialista, ningún revolucionario, puede apoyar la represión de los militares y el gobierno de Maduro en contra la izquierda y el movimiento obrero y popular. Nuestra solidaridad va hacia nuestros hermanos y hermanas de clase, que son quienes deben tomar las riendas de Venezuela y dirigirla a un destino mejor.

¡Libertad a Rodney Álvarez y todos los trabajadores, campesinos e indígenas presos políticos!

¡No a la persecución contra la izquierda venezolana y el chavismo crítico!