El gobierno dio un paso atrás, pero para coger impulso

Fiodor Morán

El gobierno del PRM tuvo que echar para atrás su proyecto de presupuesto del año 2021 y prometer que va a presentar una serie de enmiendas. El proyecto que presentó al iniciarse octubre incluía gravar con impuestos al salario 13 o regalía pascual, un impuesto de 3% sobre las operaciones o consumo en moneda extranjera con tarjetas de crédito, aplicándose a las compras por internet. Estos impuestos dirigidos de manera regresiva contra la clase trabajadora recibieron un contundente repudio popular. Sin embargo, el proyecto también contemplaba algunos impuestos para la burguesía, como un impuesto de 8% sobre ganancias extraordinarias de empresas que en plena crisis han aumentado sus ganancias, como algunos comercios, bancos y clínicas privadas; un impuesto del 1% de los activos financieros netos de los bancos comerciales, se eliminaban exenciones de impuestos a la importación de máquinas para los casinos, un aumento al impuesto al Gas Licuado de Petróleo y un importante recorte al gasto público.

De manera “salomónica” el presidente anunció que el nuevo presupuesto no tendría ningún impuesto nuevo. Para muchos, parecería que el gobierno rectificó. Pero se desprende del anuncio que, además de retirar el impuesto al salario 13, el impuesto al gas y el impuesto al 3% al consumo en divisas, el gobierno también aprovechó para retirar los impuestos a la burguesía, como los de las ganancias extraordinarias, los bancos y los casinos. ¿De dónde sacará el dinero el gobierno para enfrentar la contracción de los ingresos del Estado? Del mismo bolsillo de la clase trabajadora, mediante un “pacto eléctrico”, que significa aumento de las tarifas de la luz. El gobierno también instruyó a las empresas a renegociar con los trabajadores el pago del salario 13 para recortarlo o fraccionarlo, de tal forma que sigue el ataque a los salarios. Se mantienen en pie los recortes al gasto público. Hay que ver cómo se concretarán las enmiendas al presupuesto, pero ya huele mal el asunto. El gobierno también negoció un pago adelantado de impuestos de la transnacional minera Barrick Gold.

Otras medidas han sido el recorte a la mitad del presupuesto asignado a los partidos políticos del sistema, un ahorro de 630 millones de pesos. La pregunta obvia es por qué no se eliminó por completo ese financiamiento en un año no electoral. También el presidente anunció que renunciaba a su propio salario. ¿Por qué además de eso no retorna al país los millones de dólares que consta en su declaración jurada que están depositados en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes y paga los impuestos que corresponden al Estado dominicano?

Lamentablemente la burocracia sindical juega un papel totalmente propatronal: no hizo nada ante las amenazas del gobierno, ni ahora ante la ofensiva de los empresarios, con aval del Ministerio del Trabajo, contra el salario 13. Se decidió revertir el plan de ajuste original ante la posibilidad de manifestaciones, que podrían desafiar la prohibición de protestar, que es la única forma de distanciamiento social que le interesa al gobierno en el actual estado de emergencia. La lección que queda es que luego de las jornadas de febrero, el gobierno le tiene miedo a la protesta popular.

Hay que mantenerse alerta, pues aunque el ajuste tenga modificaciones de forma el gobierno igualmente intentará descargarlo sobre los hombros del pueblo. El ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, ha admitido que se prevé realizar privatizaciones masivas de bienes públicos. Con el pretexto de eliminar el gasto superfluo intentarán recortar el gasto social. Si bien ha habido revuelo por el tema del barrilito, el PRM no usa su mayoría en ambas cámaras para decidir eliminar ese mecanismo de corrupción y despilfarro.

En ningún momento se contempla la recuperación de recursos a partir de la persecución de la corrupción y la devolución al pueblo de todo lo robado, consignas que se elevaron en manifestaciones de protesta en toda la geografía nacional en los últimos años, y especialmente en las protestas de la Plaza de la Bandera.

Recordemos que el gobierno representa directamente al sector empresarial. No solo el presidente es un acaudalado capitalista, varios ministros son miembros del CONEP y la ANJES, y varios están estrechamente ligados a los grandes grupos de poder del país, como el grupo Vicini.

La crisis económica, sanitaria y social amerita un plan económico alternativo, que arranque del no pago de la deuda externa. Recordemos que el endeudamiento se ha usado para la corrupción y en gran medida ese dinero ha ido a parar a las arcas de las transnacionales y la burguesía nacional, así como de los políticos corruptos; es un crimen que se pretenda ahora cobrar la deuda mediante hambre y muerte al pueblo dominicano. También es necesario gravar las altas fortunas y grandes ganancias de los empresarios; el tipo de reforma fiscal que se realice tendría que ser progresiva, para que paguen más quienes más tienen, y no como ahora que descansa sobre la mayoría empobrecida y los sectores medios. Eliminar el barrilito y el cofrecito, así como las exoneraciones con las que son beneficiados los legisladores. También repudiamos la propuesta de un bono de 22 mil dólares, que a la tasa actual implicarían aproximadamente un millón doscientos setenta y seis mil (1,276,000) pesos dominicanos por legislador. Recortar los altos salarios de los funcionarios y los gastos suntuarios, como las compras millonarias de orquídeas. Eliminar las exenciones a las grandes empresas. Es escandaloso que el gobierno haya gastado más de 32 millones de pesos en el diseño de un logo plagiado para la “Marca País” y no haya responsables.

El pueblo sigue pasando trabajo con el desempleo, los bajos salarios, los apagones, las interrupciones en el suministro de agua, el aumento de los precios y las arbitrariedades policiales y militares en el Estado de Emergencia. Se agota la paciencia y se acerca la hora de salir a la calle. Sigamos vigilantes y no aceptemos un atropello más. ¡Que la crisis la paguen los ricos!

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