Movimiento Socialista de los Trabajadores

El gobierno ha extendido por 15 días más las medidas de la cuarentena parcial, hasta el 18 de abril. Las cifras oficiales dan cuenta de que el número de personas contagiadas ha superado 1,700 y se contabilizan 82 fallecimientos. Lamentablemente no se tiene un cuadro preciso del nivel de extensión de la enfermedad en nuestro país ya que en un primer momento las pruebas eran muy caras para la mayoría de la gente, luego el gobierno aceptó subsidiar las pruebas para que sean gratuitas, pero los protocolos establecidos por las autoridades impiden su realización masiva. Eso significa que debe haber muchos más casos que los oficialmente registrados y que la enfermedad se extiende de manera acelerada, por lo que al cabo de dos semanas lo más probable es que nos enfrentemos a una nueva extensión de las medidas de cuarentena parcial. Al no haber restricciones reales -y solo sugerencias- para las grandes empresas capitalistas, muchas de ellas siguen obligando a la gente a ir al lugar de trabajo en condiciones inseguras, lo cual contribuye a esparcir el virus. Al mismo tiempo, el gobierno se niega a dotar de insumos médicos a los hospitales y a la salud pública de un presupuesto acorde a las necesidades que plantea la crisis.

Por todo esto, los sectores populares y obreros debemos prepararnos para resistir y luchar ahora y después de superada la pandemia para evitar que todo el costo económico y social de la crisis caiga sobre nuestros hombros. Las suspensiones masivas que están realizando muchas empresas con pagos míseros que cubrirá el Estado son parte del ajuste que luego intentarán profundizar con reformas laborales, mayor precarización y más cancelaciones masivas.

Pero esta crisis no ha impedido que el gobierno siga con sus habituales prácticas corruptas. Además del escandaloso proselitismo de Gonzalo Castillo con las entregas de “ayudas” a instituciones estatales como parte de su campaña, periodistas han denunciado sobreprecios en las compras estatales de insumos médicos. A estos negociados se suma la ineptitud y negligencia en la entrega de ayudas sociales, que -además de ser pírricas- generan aglomeraciones de personas y caos, lo cual contradice al propósito de lograr el llamado “distanciamiento social”.

Aunque, con estos hechos indignantes, pudiera parecer que el gobierno impone su voluntad sin resistencia, la realidad es más compleja. Las protestas masivas de febrero y la derrota electoral de marzo han dejado políticamente muerto en vida a Danilo Medina, temeroso de la reacción popular. Con organización y lucha podemos lograr que la voz de las mayorías obreras y populares sea escuchada, siguiendo el ejemplo de los trabajadores del Majestic Resort en Punta Cana y la comunidad de La Ciénega que se movilizaron contra las cancelaciones y los desalojos, respectivamente, a fines de marzo.

¡Es más fácil suspender a un trabajador que obtener una prueba para diagnosticar el covid 19!

El gobierno suspendió las concentraciones públicas, dividió en turnos el trabajo en la administración pública, suspendió algunas actividades comerciales. Exhortó a las empresas a reducir sus niveles de actividad, pero no impuso ninguna restricción a los grandes capitalistas, ofreciéndoles facilidades tributarias. El 25 de marzo, ante las exigencias de la población, se anunció la gratuidad de las pruebas de diagnóstico, aunque con severas limitaciones para su realización.

Como medidas compensatorias se anunció un programa denominado Quédate en casa dirigido a trabajadores informales y familias vulnerables, que en teoría beneficiaría a 1.5 millones de hogares, de ellos 800 mil que ya se benefician del programa de la Tarjeta Solidaridad. Esos hogares recibirían entre 5,000 y 7,000 pesos mensuales durante abril y mayo. A ello se sumaría una relativa ampliación de la actividad de los comedores económicos y la Red de Abastecimiento Social. Han sido muy tímidas las medidas contra la especulación con los precios en el comercio, no hay restricción de la actividad económica a actividades esenciales ni multas o sanciones para los empresarios que obliguen a la gente a trabajar en condiciones inseguras, arriesgando su salud para sostener las ganancias privadas.

El gobierno no prohíbe los despidos o suspensiones, es más, facilita las suspensiones al habilitar con un simple trámite vía internet que los empresarios suspendan por 90 días prorrogables a sus trabajadores, de manera que el Fondo de Asistencia Solidaria a Empleados (FASE) a cargo del Estado cubra remuneraciones mensuales de entre 5,000 y 8,500 pesos: una miseria, cuando la canasta básica promedio supera los 30 mil pesos. Se supone que las empresas deben cubrir la diferencia entre ese monto y el salario establecido en la relación contractual, pero no se han establecido sanciones para los empresarios que incumplan esa norma, o para quienes acogiéndose o no al programa FASE de todos modos realicen cancelaciones, o realicen las cancelaciones al levantarse la cuarentena parcial. Ya el Ministerio del Trabajo contabiliza más de 450 mil suspensiones y el Ministerio de Hacienda estima que esa cifra suba hasta 750 mil. El financiamiento para el subsidio a las suspensiones provendría parcialmente del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPRIL), que obviamente se alimenta de aportes patronales realizados gracias al trabajo de los asalariados, el resto proviene del endeudamiento público.

En cuanto al sector financiero, se realizan unas tímidas reducciones en las tasas de interés, la eliminación del pago mínimo mensual sobre deudas de tarjetas de crédito y del cargo por mora.

Unidad para defender nuestros derechos

Tal y como planteamos el 17 de marzo, es posible y necesario adoptar verdaderas medidas para proteger la salud y los derechos económicos, sociales y políticos del pueblo dominicano. Se deben suspender todas las labores no esenciales en el sector público y privado, prohibir los despidos durante el próximo trimestre, establecer un fondo de auxilios financieros para las pequeñas empresas, cuentapropistas o trabajadores y trabajadoras informales; establecer que las Administradoras de Riesgos Laborales respondan por los casos de contagio de coronavirus en el lugar de trabajo; estatizar las ARS, las clínicas y laboratorios privados así como disponer de camas vacantes en los hoteles para garantizar el aislamiento social de las personas contagiadas en condiciones dignas; aumentar los salarios mínimos y asegurar condiciones laborales dignas a los trabajadores y trabajadoras de la salud, congelando los pagos de las hipotecas, los alquileres y los servicios públicos.

Un Comité Nacional de Emergencia con la participación del Colegio de Médicos, sindicatos de la salud, equipos técnicos de las Universidades y otros sectores de la vida social, tendría mucha más legitimidad, credibilidad y competencia técnica para enfrentar la crisis. Dejando de pagar la deuda externa se podría disponer de más de cinco mil millones de dólares este año para destinar a las inversiones necesarias en salud y ayudas sociales. Si el gobierno fuera serio en su planteamiento de que todos nos sacrifiquemos ante la crisis, no solo sancionaría las compras de insumos médicos con sobreprecios, también establecería un tope salarial para los altos funcionarios que actualmente ganan entre 400 mil y un millón cien mil pesos mensuales, sin contar sus partidas para gastos personales, para que ganen lo mismo que una maestra o un médico. También se podrían aplicar impuestos a las altas fortunas y el capital financiero. Se podría brindar un trato no discriminatorio a las personas inmigrantes, permitiendo su acceso a los programas de asistencia social durante la crisis. Se podría reorganizar la actividad productiva en función de atender la emergencia, priorizando la producción de insumos médicos o alimentos, por ejemplo. Todo esto que no se hace debemos seguir exigiéndolo. Al mismo tiempo, esta situación subraya la necesidad de que la clase trabajadora gobierne y reorganice la sociedad sobre nuevas bases, realmente democráticas y justas.

Un paso positivo ha sido la convocatoria a un cacerolazo nacional el día 2 de abril por un amplio abanico de organizaciones de izquierda. En vez de alentar las falsas ilusiones en la “unidad nacional” con quienes descargan todo el peso de la crisis sobre nuestros hombros, lo que debemos es avanzar más en la articulación para la lucha entre los sectores obreros y populares. Indudablemente, también debemos contemplar la necesidad de tejer relaciones de colaboración con quienes luchan en otros países, mediante un movimiento internacional de solidaridad para enfrentar la pandemia y la crisis de la economía capitalista mundial.