Colectivo #HaitianosRD

Carta Pública a la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus (Covid-19)

Santo Domingo, República Dominicana, 5 de Abril

Por una política pública inclusiva para todos/as ante la crisis del coronavirus

SR. GUSTAVO MONTALVO

Ministro de la Presidencia de la República Dominicana

Coordinador Comisión Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus (Covid-19)

Demás Autoridades dominicanas responsables de las instituciones que conforman la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus (Covid-19)

Señor Ministro, 

En respuesta a la situación de emergencia creada por la pandemia del COVID-19, el gobierno dominicano a través de la Comisión de Alto Nivel para la Prevención y Control del Coronavirus (Covid-19) viene aplicando una serie de medidas desde el 19 de marzo pasado, y recientemente extendidas hasta el 18 de abril, con miras a propiciar el distanciamiento social y contener la expansión de la pandemia en el país.

En su alocución del 25 de marzo pasado, el presidente Danilo Medina anunció una serie de medidas especiales contenidas en el programa “Quédate en casa” que incluyen apoyo financiero, aumentando el monto de la tarjeta Solidaridad y agregando a unas 690 mil familias adicionales para que reciban apoyo temporal del Estado dominicano, hasta la dispensación gratuita de las pruebas del COVID-19 a aquellas personas que presenten dos o más síntomas. 

La población de inmigrantes en República Dominicana, especialmente los sectores más vulnerables que lo constituyen mayormente los/as inmigrantes haitianos/as, no ha sido mencionada ni se ve reflejada en ese paquete de esas medidas orientadas a mitigar los efectos sociales y económicos negativos asociados a la pandemia por la disminución de las actividades productivas y comerciales. La crisis tiene terribles consecuencias económicas para las personas más pobres, por lo que consideramos que para el éxito de la política que impulsa el gobierno, ellas deben también contemplar a la población inmigrante, integrada por personas haitianas mayoritariamente, pero también proveniente de Venezuela y otros países.

Es importante recordar que según la Segunda Encuesta de Inmigrantes en República Dominicana, realizada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), publicada en el año 2017, esta población que compone el 5.6% de la población total, unas 570 mil personas, aportan considerablemente a la economía dominicana, un aporte valorado según algunos estudios, entre 7 a 9% del Producto Interno Bruto. La comunidad inmigrante sigue aportando al desarrollo del país a pesar de la pandemia y de los bajos salarios, por ejemplo en el sector agrícola, un sector esencial en el marco de la actual crisis en el que se debe garantizar la provisión de alimentos de todos los hogares. 

La ausencia de un anuncio oficial acerca de qué medidas beneficiarán al sector inmigrante posibilita que en medio de la crisis continúen y posiblemente se agraven las prácticas discriminatorias a nivel laboral y social en general. Hemos recibido denuncias de padres y madres trabajadores haitianos quienes teniendo sus hijos/as en las escuelas públicas, no se les ha permitido retirar las raciones alimentarias como lo dispuso el gobierno para las familias de niños/as en dichas escuelas. 

Hacemos las siguientes peticiones para que haya políticas públicas definidas por el Estado ante la crisis del coronavirus que incluyan a la comunidad de inmigrantes haitianos/as y de otros países residentes en el país. Para eso, urgimos en primer lugar al Estado dominicano para que declare, en nombre del principio de igualdad y justicia para todos/as los/as habitantes de la República Dominicana, que las medidas adoptadas por la Comisión de Alto Nivel incluyen entre sus beneficiarios a las personas migrantes. Los programas compensatorios y de protección social deben aplicarse independientemente del estatus migratorio de las personas. 

Adicionalmente, creemos deben ser adoptadas las siguientes medidas: 

• Cese de las redadas de interdicción migratoria y suspensión de las deportaciones o expulsiones, que dificultan el manejo efectivo de la prevención y control de la epidemia;
•  Inclusión de personas inmigrantes en la asistencia social y la atención médica;
• Respuesta definitiva a la demanda de miles de ex trabajadores cañeros al acceso a sus pensiones, para las cuales les fueron descontadas durante años cotizaciones;
• Apoyo económico temporal a los/as trabajadores inmigrantes de los sectores construcción, agrícola, turismo y otros servicios que han sido afectados por las medidas de cierre temporal de sus operaciones;
• Flexibilización de los requisitos en los bancos comerciales para la creación de cuentas bancarias por parte de las personas inmigrantes, para facilitar un mayor índice de bancarización y disminuir las transacciones en efectivo, que son un factor de riesgo para la extensión de la pandemia. 

La epidemia del coronavirus afecta a cualquier persona sin importar su credo, origen nacional, o si tiene estatus regular o no en el país. Las políticas públicas para enfrentar dicha situación de manera efectiva y exitosa deben seguir criterios de salud pública. Por ello una parte fundamental de una estrategia contra la pandemia es la superación de la xenofobia y la discriminación racial.