Movimiento Socialista de los Trabajadores

Los principales medios de comunicación, los gremios empresariales, la Iglesia, el gobierno y los partidos tradicionales han coincidido en llamar al diálogo desde la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero. ¿A qué responde ese empeño?

Al desbaratarse el intento de fraude electoral, estalló una crisis política. El repudio mayoritario de los manifestantes autoconvocados en la Plaza de la Bandera y otros espacios a los partidos de la oposición tradicional generaron una gran preocupación, no solo para el gobierno sino para el conjunto de las instituciones del régimen, como la Iglesia o el CONEP. No había con quién negociar para desviar o poner fin a la protesta.

La movilización llegó a poner al gobierno contra las cuerdas. Se desbordó el descontento social acumulado de años por el crecimiento de la desigualdad, con un salario real que siguen cayendo mientras crecen las ganancias de los capitalistas; por el deterioro de la salud pública y su creciente privatización, la violación sistemática de la libertad sindical, la persecución al periodismo independiente, la depredación del ambiente al servicio de megamineras y grandes cadenas hoteleras, el racismo de las autoridades y la extrema derecha impune, o la falta de perspectivas que sigue forzando a miles de jóvenes a emigrar cada año. Se está formando un nuevo activismo en este proceso. La correlación de fuerzas se ha modificado. Quien gobierne a partir de agosto encontrará a un pueblo con mayor confianza en su capacidad de lucha.

Para los partidos que se hacen llamar opositores el sentido de apostar a la desmovilización es doble: apuestan a que el descontento contenido lleve agua a su molino electoral; al mismo tiempo trabajan para el día después de las elecciones presidenciales encontrarse un país controlado, gobernable. Que lo único que cambie sea el gobierno, quedando el régimen y el sistema al buen resguardo de sus nuevos jefes y administradores.

Ya en la primera sesión de la JCE luego de la suspensión de las elecciones el gobierno y la “oposición” pactaron lo fundamental: se aceptó la continuidad de la JCE y la nueva fecha de las elecciones, a cambio del adelanto del financiamiento electoral que reciben los partidos. Aun así, la campaña dialoguista se intensificó. El gobierno designó a su propio Consejo Económico Social (CES), encabezado por el cura Agripino Núñez, para dirigir el “diálogo”. Es un religioso con un largo expediente de negociaciones turbias y antidemocráticas. Colaboró con los fraudes de Balaguer en la elección del Senado en 1978 y las elecciones presidenciales de 1990 y 1994. También encabezó un comité investigador en 2017 que concluyó que la construcción de la planta de Punta Catalina había sido impecable, sin sobreprecios ni otras irregularidades. En esa comisión de cómplices de la corrupción también participaron el CONEP y la burocracia sindical de la CASC.

Al iniciarse entonces las reuniones en la PUCMM encabezadas por Agripino, todos los partidos tradicionales, el gobierno y el CONEP venían clamando por el “diálogo”, pese a diferenciarse en detalles de forma: el PRM impugnaba la presencia del PRD, la FP cuestionaba que la mediación la realizara el CES, prefiriendo una mediación del CONEP. Cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, visitó el país y elogió al gobierno y al “vigor” de la “democracia dominicana”, quedó en ridículo la exigencia “opositora” de una mayor implicación de la OEA en la investigación de lo sucedido el 16 de febrero. La organización CreoEnTi lamentablemente se reunió con Almagro y le entregó un documento en el que le expresan que “su investigación conlleva (sic) nuestra democracia en sus hombros”. Le solicitaron que “todos los hallazgos de dicha investigación tengan un carácter vinculante para el Estado con la intención de devolverle al pueblo dominicano la confianza en sus instituciones”, pese a admitir que ello violaría la soberanía del Estado dominicano.

El cacerolazo del 4 de marzo frente a PUCMM, que obligó a suspender la reunión de los partidos y el CES, exigía la inclusión del movimiento de protesta en el diálogo. No había una denuncia consecuente del carácter de ese diálogo, sino un intento de darle mayor legitimidad mediante una participación “juvenil”. Esos grupos, principalmente Somos Pueblo y CreoEnTi llamaron a su propio “diálogo”, un foro el 5 de marzo en un hotel capitaleño, con todos los partidos, así como a organizaciones ligadas al proceso de las protestas, para fortalecer su exigencia de reconocimiento oficial y participación en las reuniones del CES. Afortunadamente las intervenciones de integrantes de LaPlazaAlzá, Team UASD, y otros activistas independientes demostró que la composición de las protestas es diversa: hay sectores de izquierda que repudian al gobierno, a los partidos tradicionales y a la OEA, que están a favor de cuestionar al conjunto del régimen, impugnando sus políticas que profundizan la desigualdad, la explotación, el racismo y la opresión patriarcal de las mujeres y la comunidad LGBT.

Si no es el Procurador ni la OEA, ¿quién debería investigar los crímenes cometidos antes, durante y después del 16 de febrero por el gobierno y la JCE? Una comisión independiente, integrada por periodistas y profesionales independientes, defensores de derechos humanos, académicos y luchadores estudiantiles de la UASD, así como representantes del movimiento de protesta, elegidos en asambleas democráticas. Hay suficientes personas capaces y comprometidas con llegar al fondo del asunto en nuestro país como para importar a los corruptos proyanquis de la OEA.

Agripino y el CES han avanzado en su agenda, involucrando al CONEP, Participación Ciudadana, Manifiesto Ciudadano, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, la Conferencia del Episcopado, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica y otras organizaciones en el acompañamiento de las elecciones. Todavía se discuten detalles como la elección de un fiscal electoral o una terna de fiscales. Pero ya el “diálogo” ha cumplido, hasta donde le ha sido posible, su papel.

El pueblo trabajador sabe que no está representado en esas negociaciones. El diálogo que le sirve a las comunidades, a los trabajadores y las mujeres es otro, el debate entre organizaciones populares y obreras, feministas, antirracistas, para lograr mayores niveles de articulación en la lucha contra el gobierno y desarrollar una agenda independiente. No es en hoteles o universidades privadas donde el gobierno escuchará los reclamos de las mayorías empobrecidas y marginadas. Con un gobierno acostumbrado a no escuchar, los métodos para conquistar derechos económicos y sociales ha sido históricamente salir a las calles, realizar huelgas, medir fuerzas con esa minoría que detenta el poder al servicio de los explotadores. Así seguirá siendo hasta que de verdad gobiernen las organizaciones del pueblo trabajador.