Alejandra Ramírez

Mediante las restricciones antidemocráticas que impiden la legalización de partidos que representen a los sectores oprimidos y explotados, el sistema electoral se asegura que las opciones presentadas representen a los capitalistas. Entre el financiamiento estatal y las donaciones privadas, los candidatos que disputan la elección probablemente superarán el tope legal, que es de 519 millones de pesos para los candidatos presidenciales. Es sabido que la Junta Central Electoral es permisiva con las violaciones a la ley cuando se trata de los candidatos del sistema. Ya están en funcionamiento los militantes pagados, esos que no están comprometidos con programas políticos sino con el dinero de “la logística” y el día de las elecciones se pondrá en movimiento el dispositivo tradicional de la compra de votos. De tal forma que se puede votar pero ya la burguesía hizo una preselección de los candidatos y partidos que compiten.

Es necesario construir un partido de activistas genuinos, comprometidos con un programa revolucionario para cambiar esta sociedad y lograr una verdadera democracia al servicio de los trabajadores, de las mujeres, de los campesinos, los cañeros, que defienda el ambiente de la depredación, que garantice todos nuestros derechos.