La Voz de los Trabajadores

Foto: Aneudy Jiménez

La orientación racista que reciben los esbirros de la Dirección General de Migración (DGM) de detener a cualquier persona negra que se crucen durante sus redadas se ha traducido en frecuentes ataques contra personas haitianas en los últimos años, generando un clima de terror que recuerda los tiempos de las dictaduras de Balaguer y Trujillo. Además de las cientos de miles de víctimas haitianas de esa política, también ha habido una proliferación de víctimas dominicanas negras, atacadas por «parecer haitianas». Una de las víctimas recientes de esta política del gobierno derechista del PRM ha sido irónicamente un miembro de las fuerzas represivas, el sargento de la Policía Nacional Onessy Solís Contreras, quien fue salvajemente golpeado por agentes de la DGM el lunes 15 de abril en la ciudad de Santiago. El sargento, quien fue herido en la cabeza, un brazo y el costado, presentó una querella en el Palacio de Justicia de Santiago contra la DGM. Explicó que a las ocho de la mañana fue atacado a palazos por miembros de la DGM a pesar de que les alertó de que era policía.

El ataque racista generó un repudio generalizado y abrió contradicciones en las filas gubernamentales. Mientras que la propia DGM intentó justificar la actuación de sus agentes, alegando que la víctima no se identificó, el presidente Abinader reconoció que estos incidentes eran una consecuencia de que se «multiplican por diez» las deportaciones que realiza el gobierno actual en relación con las realizadas por gobiernos anteriores, y dijo que para prevenir «incidentes como ese» se estarían realizando «cursos de mayor entrenamiento de miembros de la DGM». La realidad es que el gobierno incorpora a los operativos de la DGM a un número cada vez mayor de agentes militares y policiales sin la menor preparación profesional en materia migratoria, la única prioridad es aumentar a cualquier costo la cantidad de detenciones migratorias. Medios como Diario Libre y Acento, cuyas líneas editoriales son favorables al gobierno, admiten que el sargento Solís Contreras fue atacado porque los agentes de la DGM lo «confundieron» con un ciudadano haitiano. Esto pone en evidencia nuevamente que la DGM asalta a las personas en base a un perfilamiento racial, un protocolo abiertamente ilegal e inconstitucional que anula la presunción de inocencia e institucionaliza la discriminación racial. En otras palabras, toda persona negra está bajo sospecha y puede ser sometida a golpizas, pese a que la legislación dominicana prohíbe las torturas y el maltrato físico. Esta política refuerza los elementos de apartheid del régimen político dominicano.

En la zona de Santiago donde fue agredido Solís Contreras, comerciantes denuncian que los trabajadores haitianos son frecuentemente extorsionados por los esbirros de la DGM, quienes les cobran 7 mil pesos para permitirles transitar e incluso se ha denunciado abusos sexuales por parte de los esbirros, según un reporte de prensa.

Son muchos los casos de ataques violentos por parte de la DGM contra personas dominicanas negras. El 15 de marzo, una brutal cacería de la DGM en comunidades de El Seibo dejó como saldo a decenas de personas detenidas arbitrariamente, tanto haitianas como dominicanas, luego de una serie de allanamientos ilegales a viviendas. El 16 de noviembre de 2023, los agentes de la DGM atacaron al estudiante de derecho dominicano José Antonio Medina en la avenida Rómulo Betancourt de la capital. Medina declaró que los atacantes afirmaron, sin pruebas, que su cédula dominicana era falsa al momento de golpearlo en la nariz. La lesión ameritó una operación de emergencia. Cuando intentó hacer la denuncia formal del atentado, las autoridades se negaron a recibirla. En septiembre de 2023, la dominicana Cristina Martínez fue secuestrada por agentes de la DGM. Martínez fue enviada a la frontera con Haití, estuvo varias semanas desaparecida y fue violada. En junio de 2023, militares propinaron una golpiza salvaje al abogado dominicano Fausto Taveras en Mao, al caer víctima de la clasificación racial de los represores. A propósito de ese caso, la Asociación Dominicana de Abogados rechazó que los ciudadanos sean «maltratados por su color de piel, sean nacionales o extranjeros». El 24 de junio de 2022, la DGM realizó un allanamiento ilegal contra un restaurante de comida haitiana en Santiago, deteniendo arbitrariamente a 21 personas, incluyendo personas haitianas con su documentación en regla, dos personas estadounidenses y un dominicano de ascendencia haitiana, con su documentación dominicana. Simplemente detuvieron a todas las personas negras que encontraron en el lugar. En diciembre de 2021, también en el Distrito Nacional, se reportó otro ataque por parte de los represores racistas de la DGM contra un joven dominicano negro que transitaba por la avenida 27 de Febrero, cerca de la intersección con la Avenida Churchill.

Mientras el gobierno racista del PRM intenta justificar sus miles de detenciones arbitrarias de personas negras en las ciudades y campos del país, alegando que estas graves violaciones a los derechos humanos constituyen una supuesta defensa de la soberanía y la seguridad nacional, en los hechos esta política ha implicado la suspensión de las garantías constitucionales y la imposición de un Estado de excepción, a juicio de organizaciones sociales y políticas de la República Dominicana. El gobierno ha rechazado todas las denuncias sobre sus abusos contra los derechos humanos, incluyendo las suscritas por organizaciones nacionales e internacionales, como una reciente carta abierta promovida por Amnistía Internacional. Incluso, a raíz de un informe de derechos humanos con algunas críticas al gobierno dominicano realizado por el gobierno de EEUU, que por lo demás es un estrecho aliado político de Abinader, representantes del Instituto Duartiano, una institución estatal, pidieron aplicar la pena de 30 años de trabajos forzosos contra aquellas personas dominicanas cuyas denuncias de violaciones de los derechos humanos sean recogidas por informes internacionales. Esto demuestra cómo a través de la política racista del gobierno se deslizan crudos ataques a las libertades democráticas y aumenta el peligro neofascista y neotrujillista.

En ese marco de violencia ilegal y racista por parte del gobierno, el presidente Abinader ha asegurado que nunca ha existido racismo en el país, mientras que el canciller Roberto Álvarez ha ido incluso más lejos, afirmando que nunca hubo esclavitud en el Santo Domingo colonial, a pesar de que fue la primera colonia con mano de obra esclavizada en el Caribe, razón por la cual la gran mayoría de la población dominicana es afrodescendiente. Este discurso negacionista y neotrujillista pasa por alto hitos en el racismo oficial del último siglo como la masacre de 1937 y la sentencia inconstitucional 168-13. Como lo han demostrado esas experiencia históricas, las víctimas del racismo estatal dominicano no solo han sido haitianas, frecuentemente también han sido personas dominicanas negras de la clase trabajadora.