Editorial de La Voz de los Trabajadores #25

Los días 30 y 31 de agosto se realizó en Santo Domingo, un simposio sobre las amenazas a la democracia en República Dominicana. Participaron la periodista Altagracia Salazar; el politólogo Elvin Calcaño; el presidente de la APD y alto funcionario Max Puig; el presidente de Alianza País, Guillermo Moreno; el presidente de Opción Democrática, José Horacio Rodríguez; y la investigadora María Fernanda López. Durante su presentación del evento, la presidenta del Frente Amplio, María Teresa Cabrera, señaló la persistencia de la impunidad y la insuficiencia de las condenas por corrupción en los últimos años, el retroceso del Código Penal, así como el avance de sectores ultraconservadores y trumpistas, como amenazas concretas a la democracia.

Calcaño hizo algunas consideraciones sobre el contexto del auge de la extrema derecha, que vinculó a los efectos sociales de las políticas neoliberales, al auge en Latinoamérica de ciertas corrientes evangélicas, a la antipolítica en la clase media, entre otros fenómenos. Salazar habló de la crisis del periodismo dominicano, apuntando que desde 2004 el gobierno es el mayor empleador de periodistas. Los gobiernos también inciden en las líneas editoriales por el peso de la publicidad oficial y adicionalmente cuentan con recursos como las granjas de bots, para manipular la opinión pública a través de las redes sociales. Señaló que sectores de extrema derecha han usado granjas de bots para promover discursos racistas antihaitianos.

Puig habló del vaciamiento de la democracia, considerada un cascarón vacío por gran parte del pueblo dominicano. Rodríguez consideró que la desigualdad demuestra que la democracia no ha cumplido su promesa, y citó como ejemplos el hecho de que el país tiene un 20% de su población como emigrados económicos. Criticó que mientras los salarios continúan siendo muy bajos, al igual que la inversión social, el gobierno culpa a los trabajadores inmigrantes haitianos de los problemas sociales.

López destacó que encuestas recientes reflejan que dos tercios de las personas jóvenes desean emigrar e hizo diversas críticas al gobierno y a la falta de respuesta de sectores autodenominados progresistas a los ataques a los derechos democráticos. Finalmente, Moreno hizo algunas críticas al sistema electoral, como la ausencia de topes en el gasto de campaña y la falta de control del gasto por parte de la JCE, que abonan a una “oligarquía de partidos”.

Podemos partir de una coincidencia con el sentido de la convocatoria a ese espacio de intercambio: efectivamente hay un retroceso antidemocrático en curso. Este fenómeno ha empezado a atraer mayor atención en el país luego del ataque neonazi en octubre de 2023 a una manifestación pro-palestina y el ataque del 27 de abril de 2025 a la marcha por los 60 años de la Revolución de Abril, pero no es un fenómeno nuevo. El sentido de nuestro aporte a este debate es, entonces, procurar ir hasta sus últimas consecuencias políticas para definir una línea de acción que nos permita revertir la actual deriva autoritaria.

¿Cuál democracia?

En primer lugar es necesaria una delimitación conceptual básica: ¿de qué hablamos cuando hablamos de la democracia en República Dominicana? Existen diferentes posiciones sobre qué tipo de régimen político tenemos en el país, desde hace años. Una parte de la izquierda afirmaba en los últimos años del gobierno de Danilo Medina, que estábamos en un régimen dictatorial, por lo que era incorrecto participar en elecciones. Otros sectores usaron caracterizaciones similares, pero para justificar su apoyo al PRM. Ahora no faltan quienes consideran que el gobierno del PRM es dictatorial o fascista. También están quienes consideran que por el hecho de que hay elecciones cada cuatro años, vivimos en un país “democrático”. Compartimos el profundo repudio a los gobiernos del PLD como al actual del PRM, sin embargo, el régimen político en el que vivimos tiene algunas diferencias con los régimenes dictatoriales de Trujillo y Balaguer. Daremos a continuación nuestra visión al respecto.

Desde el punto de vista obrero y socialista, de quienes aspiramos a la liberación social y a la superación de la explotación capitalista y la dominación imperialista, entendemos que la llamada “democracia dominicana” es un régimen político al servicio de los multimillonarios locales y los intereses imperialistas, sobre todo de EEUU. Como nunca hubo una ruptura revolucionaria con las dictaduras de Trujillo y Balaguer, sino que sus aparatos represivos fueron reciclados y mantenidos casi intactos, muchas de las viejas prácticas se han mantenido en el tiempo. El régimen actual utiliza las instituciones represivas para mantener al pueblo a raya, sin derechos sociales, conformándose con votar cada cuatro años por opciones casi idénticas, como el PRM, el PLD y la FP. Cuando hablamos de un sistema político, tenemos que definir al servicio de qué clase social está. La democracia burguesa es que los partidos de esa clase social puedan alternarse en el poder. Democracia en el sentido socialista es otra cosa muy diferente: significa que el pueblo trabajador realmente pueda decidir los asuntos cruciales de su vida, que realmente ejerza el poder a través de sus propias organizaciones.

En el marco del capitalismo hay diferentes tipos de regímenes. Hay regímenes bonapartistas, basados en las instituciones represivas bajo el control centralizado de un jefe de Estado, y regímenes parlamentarios, donde instituciones deliberativas como el Congreso tienen más peso. Los distintos regímenes usan combinaciones diferentes de represión y negociación al ejercer el poder. También hay regímenes intermedios, semi-bonapartistas, como el régimen dominicano, que hereda fuertes tendencias autoritarias de su historia dictatorial en el siglo XX, con la que nunca hubo una ruptura tajante. No olvidemos que el gobierno “democrático” del PRD en 1984 cometió una de las peores represiones contra la poblada de ese año, propiciada por las medidas del FMI. 

Bajo los gobiernos del PRD, el PLD y el PRM han existido algunas expresiones de disidencia política legal que no existían bajo Trujillo y Balaguer. Aunque el nuevo Código Penal incorpora una figura de “ultraje” que castiga con cárcel criticar a los funcionarios gubernamentales, todavía es posible criticar públicamente al gobierno. Al mismo tiempo, es evidente que Abinader no respeta los límites que su propia Constitución establece para el ejercicio del poder. Existe un Estado de excepción de facto mediante el cual el gobierno realiza deportaciones masivas, miles de allanamientos semanales sin orden judicial e incluso numerosas ejecuciones policiales, y desde el poder se brinda impunidad a estas violaciones de los derechos humanos, dado el control del gobierno sobre la llamada “justicia independiente”.

En tal sentido, las organizaciones sociales y de izquierda no tienen nada que defender en el régimen oligárquico que encabeza el PRM, que se hace llamar “democrático”. Pero sí tenemos que defender con dientes y uñas los escasos derechos democráticos que como pueblo conquistamos con grandes sacrificios y que están bajo amenaza por el auge de una derecha neotrujillista, racista y antiobrera como la representada por el PRM. En resumen, defendemos nuestros derechos que actualmente están amenazados y bajo ataque, para poder en el futuro pasar a la ofensiva y construir una verdadera democracia al servicio del pueblo trabajador, con la que superemos a esta caricatura capitalista de democracia al servicio de la desigualdad y la explotación.

Abinader representa a las corrientes regionales de la extrema derecha

Aquí es donde llegamos a la diferencia crucial que tenemos con los partidos políticos que participaron en el evento del 30 y 31 de agosto. No es posible enfrentar el ataque a nuestros derechos democráticos si no tenemos un análisis correcto de qué fuerzas políticas están atacando esos derechos. La principal amenaza a los derechos democráticos de la clase trabajadora dominicana la representa en la actualidad el gobierno oligárquico, racista y proimperialista del PRM. Esta definición estuvo ausente en los discursos de los representantes del Frente Amplio, la Alianza por la Democracia, Opción Democrática y Alianza País. De hecho, de esos cuatro partidos, tres hicieron alianzas electorales en 2024 con el PRM. La excepción fue Opción Democrática, que hizo alianza con el PLD y la FP.

El gobierno de Abinader es uno de los más derechistas de la región. Es un privatizador furibundo, enemigo de la libertad sindical, que continúa fundamentando el crecimiento económico en el endeudamiento externo, las remesas y la superexplotación de la fuerza de trabajo dominicana y haitiana, mientras exime de pagar impuestos a los grandes capitalistas. Por eso, pese al crecimiento económico, la mayoría de las personas jóvenes no ven futuro en este país y quieren emigrar lo más pronto posible. Además, Abinader es un depredador ambiental insaciable que pretende destruir todo a su paso para favorecer intereses mineros.

El presidente es un fanático promotor de la intervención militar en Haití y apoya el genocidio sionista contra el pueblo palestino. Su entreguismo ante EEUU es total: le ha entregado a EEUU los yacimientos de tierras raras de Pedernales y el puerto de Manzanillo. Firmó un tratado de cielos abiertos que favorece a las aerolíneas estadounidenses y pactó el protocolo de prechequeo, que permite a autoridades estadounidenses realizar tareas de control migratorio en territorio dominicano.

Esta sumisión ante EEUU sigue la tradición de Balaguer y los gobiernos del PRD y el PLD. Recordemos que Hipólito Mejía envió tropas dominicanas a la ocupación de Irak y apoyó el golpe de Estado contra Aristide en 2004. El presidente Abinader ha explicado su subordinación a EEUU en base a la teoría de que atravesamos una nueva guerra fría. Además, Abinader es un millonario como Trump, ambos comparten un fervor racista y derechista que los ubica a la vanguardia de una ola reaccionaria que atraviesa la región y que tiene expresiones en la dictadura salvadoreña de Bukele, el gobierno corrupto del “libertario” Milei, y los gobiernos reaccionarios de Panamá, Costa Rica y Ecuador. Con estos últimos tres, Abinader conforma la llamada “Alianza para el Desarrollo en Democracia”.

Tanto Trump como Abinader criminalizan a los inmigrantes, los califican de carga económica y de amenaza a la soberanía, los acusan de invasores, para violar sus derechos y aplicarles deportaciones en masa. El plan de Trump es deportar a un millón de inmigrantes por año en un país de más de 340 millones de personas, mientras que Abinader pretende deportar a más de medio millón de personas al año en un país con 10.7 millones de personas, lo que en términos proporcionales es mucho peor.

El gobierno de Abinader también imita al gobierno de Trump en el uso arbitrario de la calificación de “terrorista”, pese a que la legislación dominicana indica que son los tribunales los que pueden determinar eso, no el presidente. Tanto Abinader como Trump han calificado a las bandas del crimen organizado de Haití y a funcionarios del gobierno venezolano como “terroristas”. Contradictoriamente, Abinader nunca ha tomado medidas contra el oligarca Gilbert Bigio, sancionado por Canadá y EEUU por su rol en el financiamiento de grupos armados en Haití. Bigio controla la cadena de estaciones de gasolina de la empresa yanqui Texaco en la República Dominicana. Daniel Portes, del grupo empresarial de Bigio, es asesor económico del gobierno de Abinader.

Ha sido el gobierno de Abinader el que ha impuesto un Código Penal autoritario y que incluso hizo aprobar una ley cuasi dictatorial de inteligencia, afortunadamente declarada inconstitucional por el TC en diciembre de 2024. Ha sido el gobierno de Abinader el que ha avalado acciones violentas como la marcha neonazi de Friusa o el ataque a la izquierda el 27 de abril de 2025. Los paramilitares neonazis serían irrelevantes de no ser por la protección y el apoyo que reciben del gobierno.

Vistas estas consideraciones, consideramos que la izquierda, para jugar un rol relevante en la situación actual, tiene que ubicarse en una oposición abierta y frontal a este gobierno derechista, racista, misógino y proimperialista. No caben las medias tintas. Más allá de las diferencias estratégicas, teóricas y organizativas entre las organizaciones de izquierda, el punto de partida para la unidad de acción debe ser la oposición a este gobierno y el enfrentamiento al auge del paramilitarismo neonazi. 

La realización de una gran marcha nacional antifascista podría ser el punto de partida para articular un gran movimiento en defensa de nuestros derechos democráticos, con un gran potencial para ampliar sus objetivos y abarcar el derecho a la seguridad social y a la salud, el repudio de la corrupción y la impunidad, la condena a las ejecuciones policiales, la defensa del ambiente, la oposición intransigente al racismo y al apartheid, la exigencia de salarios dignos y libertad sindical. Esa es, en nuestra opinión, la tarea que tenemos por delante. Invitamos a quienes estén de acuerdo con esta perspectiva a unirnos para avanzar en esta dirección.