La Voz de los Trabajadores

Como parte de su ofensiva antidemocrática, el gobierno del presidente Luis Abinader viene criminalizando la protesta social e imponiendo restricciones cada vez más severas a las limitadas libertades democráticas existentes. El ataque policial y paramilitar a la marcha por los 60 años de la Revolución de Abril, el 27 de abril, la detención del dirigente de la Unión de Trabajadores Cañeros, Jesús Núñez entre el 28 y el 29 de mayo, y la represión contra la resistencia comunitaria en Cotuí a la expansión de las operaciones mineras de Barrick Gold, intensificada en los meses de mayo y junio, son ejemplos de esa política oficial represiva.

Contrastando con la impunidad total otorgada por el gobierno y la PGR a las actividades terroristas de grupos paramilitares y neonazis, las protestas sociales enfrentan una ola de represión y criminalización.

Niegan el derecho a protestar a los cañeros para que mueran sin sus pensiones

El 27 de abril, la represión policial se dirigió contra la columna de trabajadores retirados de la industria azucarera que exigen el pago de sus pensiones, adeudadas por el Estado. Agentes de la Policía Nacional atacaron con bombas lacrimógenas al grupo de alrededor de cien trabajadores haitianos de avanzada edad en la Plazoleta La Trinitaria, impidiéndoles participar en la marcha. Ya el gobierno había dado claros indicios que reprimiría a los cañeros el 25 de abril, en un comunicado del Ministerio de Interior y Policía, a cargo de la ministra Faride Raful. En dicho comunicado, referido a la marcha por los 60 años de la Revolución de Abril, se afirmó que “de acuerdo con la legislación vigente, los extranjeros no están autorizados para realizar actividades políticas dentro del territorio nacional”. En realidad, desde hace más de una década los cañeros haitianos vienen movilizándose por el pago de sus pensiones, y personas de otras nacionalidades han participado en protestas, pues la legislación no lo prohíbe.

En ese marco, las autoridades detuvieron al dirigente de la Unión de Trabajadores Cañeros (UTC), Jesús Núñez, el 28 de mayo a las 5 de la mañana. Núñez estuvo detenido varias horas en un destacamento de Boca Chica, posteriormente fue trasladado a un destacamento en Los Mina, en Santo Domingo Este, y luego a los destacamentos de Villa Consuelo y San Carlos, en el Distrito Nacional. Ese mismo 28 de mayo, el Ministerio de Interior y Policía fue notificado acerca de la realización de una concentración cañera el 3 de junio frente al Palacio Nacional, mediante una carta a nombre de la UTC y de la Coordinadora Popular Nacional. Al ser liberado, el 29 de mayo, Núñez declaró a la prensa: “el martes 3 de junio (estaremos) en la parte frontal del Palacio Nacional los trabajadores cañeros dominicanos, porque ya los inmigrantes haitianos no pueden ocupar plazas públicas, pero sí los trabajadores cañeros dominicanos, iremos allí a presentar un listado para el asunto de las pensiones y también a exigir una seguridad social digna”.

Los cañeros tienen derecho a reclamar el pago de sus pensiones, independientemente de su nacionalidad. La única definición de actividades políticas en las que no pueden participar personas extranjeras según la legislación nacional son las actividades de carácter partidario en el marco de las campañas electorales, así definidas por la Ley Electoral. No existe ninguna otra definición en la legislación que sustente la intención del gobierno de condicionar por raza o nacionalidad derechos civiles como la libertad de expresión y el derecho a la reunión pública, derechos de los que las personas extranjeras gozan en igualdad de condiciones con las personas dominicanas, según la propia Constitución. La intención de anular el derecho a protestar para las personas haitianas, mientras se tolera que personas de otras nacionalidades se movilicen, es uno de los elementos del régimen de apartheid que impera en la República Dominicana.

Matan y encarcelan al servicio de Barrick Gold

Como parte de la violencia gubernamental para imponer la construcción de una presa de cola de la empresa canadiense Barrick Gold en Cotuí que le permita ampliar y extender por varios años sus operaciones depredadoras en el país, el viernes 30 de mayo agentes policiales y militares dispararon al aire y atacaron con perdigones y bombas lacrimógenas a un grupo de activistas y personas de la comunidad de El Naranjo que protestaban contra deforestación y la construcción de una carretera, como parte del proyecto de la presa de cola. Varias personas fueron detenidas arbitrariamente.

Activistas comunitarios y el sacerdote Johnny Durán denunciaron que como consecuencia de este ataque, falleció de un infarto en la noche del 30 de mayo Jesús Tejada, uno de los activistas comunitarios afectados por los gases lacrimógenos. El vocero de la Policía Nacional aseguró que la muerte se produjo por “causas naturales”, sin mencionar la represión de la que Tejada, de 76 años, fue víctima horas antes de su fallecimiento. En la denuncia de Durán se indica que también resultó severamente afectada por la represión la señora Octaviana Gil, de 92 años.

A estos ataques se han sumado detenciones específicas contra voceros y dirigentes del movimiento en defensa del ambiente. El 5 de junio, el defensor ambiental Billo Sosa fue detenido arbitrariamente. Antes de ello, el 26 de mayo también había sido detenido su hermano, Maximino Sosa, sobre la base de declaraciones de empleados de Barrick Gold. Luego de una fuerte campaña de denuncia nacional, Billo Sosa fue liberado la tarde del 6 de junio. Está convocada una nueva marcha contra Barrick Gold para el 8 de junio en Cotuí.