La Voz de los Trabajadores

El gobierno de Abinader viene implementando una serie de medidas en respuesta a los sectores de la ultraderecha trujillista y neofascista que se movilizaron el 30 de marzo en Friusa, con autorización oficial y protección militar y policial. Militarizó Friusa, en el distrito municipal turístico de Verón-Punta Cana, estableciendo un campamento frente al sector Mata Mosquito, realizando detenciones masivas y propiciando un desplazamiento forzoso masivo de trabajadores haitianos. La noche del domingo 6 de abril, Abinader repitió los argumentos de la marcha del 30 de marzo al alegar que “muchos están preocupados por la amenaza que representa Haití” y por la “carga” que la migración representa “para nuestros hospitales, nuestras escuelas, los riesgos para nuestra seguridad y el peso sobre nuestra economía”, se jactó de haber ignorado los llamados internacionales a respetar los derechos humanos y de no haber firmado el acuerdo migratorio de la cumbre de las Américas de 2022, anunciando quince medidas contra la comunidad inmigrante haitiana.

Las medidas anunciadas para complacer a la ultraderecha son: la intensificación de la militarización de la frontera, la aceleración de la construcción del muro fronterizo y la ampliación del proyecto, un proyecto de reforma del Código Laboral para aumentar sanciones por la contratación de trabajadores inmigrantes, un proyecto legal para aumentar las penas por transportar a personas en condición migratoria irregular e incluso por alquilarles viviendas o locales comerciales, lo que en la práctica implica exigir a toda persona que arriende una propiedad que ejecute tareas de vigilancia migratoria y caliesaje. Otras medidas son la contratación de 750 agentes migratorios y la apertura de nuevas oficinas de la DGM, nuevas restricciones en los mercados binacionales, la creación de una procuraduría especializada en asuntos migratorios, pero no para castigar los crímenes de la DGM y los agentes represivos que extorsionan y asesinan a trabajadores inmigrantes, sino para criminalizar la migración. También se anunció la creación de un Observatorio ciudadano de política migratoria, otra herramienta para institucionalizar el caliesaje, bajo la supervisión del director del Listín Diario, el connotado derechista Miguel Franjul.

“Los dominicanos tienen derecho a recibir atención médica sin que se les desplace”, aseguró el presidente, culpando a la comunidad inmigrante de la crisis de la salud pública, que en realidad es únicamente consecuencia de la desinversión sistemática por parte del gobierno.

La medida más grave anunciada por Abinader es la creación de un protocolo que a partir del 21 de abril obligará al personal de salud a cobrar a las personas inmigrantes por los servicios de salud y exigirles presentar un documento de identidad, carta de trabajo y prueba domiciliaria. El protocolo también obliga al personal médico a asumir tareas de caliesaje, delatando y entregando a sus pacientes a los agentes migratorios para su detención y deportación. A tal efecto, se establecerán agentes migratorios en los hospitales para supervisar estas tareas represivas.

Esta medida implica la derogación de hecho del artículo 61 de la Constitución, que establece el derecho de todas las personas a la asistencia médica y hospitalaria gratuita, al condicionar ese derecho. Esto no solo afectará a personas haitianas, también a personas dominicanas de ascendencia haitiana desnacionalizadas por la sentencia 168-13 y a numerosas personas dominicanas negras que carecen de documentación. La encuesta Enhogar 2016, constató que alrededor del 5% de la población dominicana carece de acta de nacimiento. Esta realidad ya obligó en el pasado al gobierno a desistir de requerir ese documento, por ejemplo, para acceder a la vacuna contra el covid19.

«Solidaridad» limitada, cinismo sin límites

“Nuestra identidad no será diluida. Nuestra generosidad no será aprovechada. Aquí la solidaridad tiene límites”, afirmó el presidente, repitiendo la teoría conspirativa ultraderechista de que la inmigración amenaza a la identidad dominicana. Demostrando su compromiso con las políticas de apartheid, el presidente nombró al autor de la sentencia inconstitucional y racista 168-13, Milton Ray Guevara, como coordinador de una comisión para presentar una propuesta de reforma de la ley de migración.

Para la depuración racial de la fuerza de trabajo, la llamada “dominicanización del empleo”, se plantea un aumento salarial de 25% en las zonas francas y 30% en el sector turístico. Pero no existe en realidad una racionalidad detrás de ese discurso. En esos sectores el empleo ya está “dominicanizado”. Las propias cifras del Banco Central indican que para el año 2021, había solo 7,018 personas extranjeras con empleos formales en el sector turístico, de ellas 3,650 eran venezolanos y 3,377 eran haitianos, mientras que unos 12,227 eran informales, de ellos 6,924 eran haitianos y 4,640 eran venezolanos. El total de trabajadores en el turismo era 278,150, de los cuales los trabajadores inmigrantes eran apenas el 7%.

No hay evidencias de que los trabajadores inmigrantes empleados en el sector de las zonas francas sean un porcentaje mayor. Se desprende de estos datos que el aumento salarial no tiene relación con la supuesta “dominicanización” y es una manipulación cínica del gobierno.

Por otra parte, se modifica el programa asistencial Supérate, que otorga un pequeño subsidio a familias empobrecidas, para incluir a personas asalariadas en los sectores de la construcción y la agricultura, un tácito reconocimiento de la miseria salarial imperante en esos sectores debido a la falta de libertad sindical. Abinader reconoció que la producción agrícola y la construcción dependen de la fuerza de trabajo inmigrante, pero en vez de honrar ese aporte lo ve como un problema y plantea un supuesto plan de inversión estatal para la mecanización, algo que ya se viene haciendo fallidamente desde hace años.

Se endurece el apartheid

Ya en enero de 2021 el gobierno había anunciado la persecución contra personas que transporten o alojen a inmigrantes y la exigencia de un seguro de salud internacional a los inmigrantes. A fines de 2022 Abinader emitió el decreto 668-22 para autorizar el destierro de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana que vivan en tierras privadas o del Estado, como es el caso de los bateyes ubicados en tierras de empresas azucareras privadas o del antiguo Central Azucarero Estatal.

Todas estas medidas, que pretenden azuzar el odio para dividir aún más a la clase trabajadora a lo largo de una fractura racial y nacional, agravan la opresión contra cientos de miles de personas haitianas y dominicanas negras. Paralelamente, diputados del PRM han presentado un proyecto de ley para legalizar la práctica ya institucionalizada de la deportación de mujeres embarazadas haitianas. A fines de 2024 se presentaron otros proyectos de ley para imponer penas de cárcel a personas en situación migratoria irregular y penalizar a las personas que alquilen inmuebles a personas inmigrantes en condición migratoria irregular, entre otras medidas antidemocráticas.

Las quince medidas anunciadas por Abinader el 6 de abril y la creciente militarización de Verón-Punta Cana y otras regiones del país, forman parte de una ampliación del Estado de excepción de facto aplicado en los últimos cuatro años por el gobierno de Abinader, profundizando el régimen de apartheid vigente, y apunta a fortalecer los rasgos bonapartistas del régimen político, su sustentación en medidas ilegales impuestas mediante la fuerza militar y policial que degradan las de por sí limitadas libertades democráticas. Por ello representan una grave amenaza para el conjunto de la clase trabajadora y el pueblo dominicano.