Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se realizó una concentración frente al Parque Independencia de Santo Domingo. Como cada año, una gran multitud de personas se congregó para defender los derechos de las mujeres, la igualdad de derechos laborales, el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el derecho a una vida libre de violencia machista, el fin de la megaminería que destruye los medios de vida de las mujeres campesinas, el fin de la deportación de mujeres embarazadas haitianas, y en solidaridad con las mujeres palestinas bajo la ofensiva genocida del colonialismo sionista, entre muchas otras reivindicaciones. Como ya es tradición, la manifestación culminó con la presentación de Corina y su grupo de Salve, baluarte de la cultura popular dominicana.

Esta manifestación ha sido tolerada por las autoridades en años anteriores. Pero en un país sometido a un Estado de excepción de hecho, en el que policías y militares todos los días llevan a cabo cientos de detenciones arbitrarias y allanamientos sin orden judicial, las libertades democráticas se encuentran en franco retroceso. En el marco de esa política neotrujillista, no resulta sorprendente que una decena de esbirros de la Policía Nacional, a las órdenes de un oficial de apellido Ramírez, hayan interrumpido la presentación musical, sin base legal alguna, alegando que no aceptaban que se realizara un “concierto haitiano” ni que se cantara “en kreyol”. En los videos de los hechos se puede apreciar claramente que el grupo de Salve cantaba música tradicional dominicana en español. Ante la protesta de la multitud, los policías se vieron obligados a dar marcha atrás y permitir la música.

Algunas organizaciones de izquierda denunciaron la censura arbitraria ejercida por la Policía Nacional, mientras que organizaciones haitianas de defensa de los derechos humanos atribuyeron la acción a la falta de formación de los agentes policiales. En cambio, representantes de dos instituciones estatales con una trayectoria de pronunciamientos filo-fascistas, Wilson Gómez del Instituto Duartiano y Juan Pablo Uribe la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, apoyaron la acción ilegal de la Policía Nacional y pidieron una mayor represión. Gómez amenazó a las mujeres, alegando que cantaban en kreyol a modo de “provocación”. “Hace tiempo que hay gente aquí provocando, nacionales y extranjeros, y no le damos todavía la sanción ejemplarizante que hay que darle a esos malos dominicanos”, afirmó Gómez, quien acostumbra usar la cobertura institucional para agitar el odio racial. Uribe repitió el argumento de Gómez de que “es una inaceptable, condenable y repudiable provocación”.

La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, esclareció que no se trató de un error por parte de agentes policiales sino que se trata de la política racista del gobierno dominicano al más alto nivel, al defender las acciones del oficial Ramírez en una rueda de prensa el lunes, 10 de marzo. Según Raful, la acción represiva buscó “la preservación del respeto y la seguridad” del Parque Independencia por tratarse de un espacio “solemne” y “de gran valor histórico y simbólico”. El gobierno no impide las acciones frecuentes de organizaciones paramilitares neonazis en el Parque Independencia, sin embargo, avala la represión contra las mujeres y contra las expresiones culturales tradicionales dominicanas. Curioso concepto de la seguridad y el respeto.

Este ataque a los derechos democráticos debe generar reflexiones en el movimiento social, la izquierda y particularmente en el movimiento de mujeres. Está claro que estamos ante un gobierno enemigo mortal de los derechos de las mujeres, que incita al odio misógino, que ejerce la violencia sexual en los operativos migratorios, que ataca a mujeres embarazadas en los hospitales y al separar a niños y niñas de sus madres en las deportaciones masivas, que no hace nada para aminorar la discriminación laboral, que está en contra de la educación sexual y reproductiva y es cómplice de la altísima tasa de embarazo adolescente, que no invierte en la prevención de la violencia machista, que deja en la impunidad el asesinato de obreras como Paula Santana, y que nuevamente impulsa un proyecto de Código Penal que criminaliza de forma absoluta la interrupción voluntaria del embarazo. 

El gobierno no deja de aplicar esas políticas por el hecho de que haya algunas mujeres en puestos de poder, como la ministra Raful. Al contrario, utiliza esa presencia para lavarse la cara, al tiempo que aumenta la represión y la arbitrariedad. Por ello es necesario reflexionar sobre la exigencia de más designaciones de mujeres en altos cargos de este gobierno, bajo el esquema de las llamadas cuotas de género, y reorientar la lucha política al logro de un gobierno de las mujeres trabajadoras, que verdaderamente defienda los intereses de la mayoría de las mujeres de este país. Por la misma razón, es necesario recuperar la autonomía del movimiento de mujeres, realizar movilizaciones sin financiamiento gubernamental ni protagonismo de altas funcionarias y dirigentes del PRM. Un paso positivo ha sido la condena de las organizaciones convocantes del 8 de marzo a las declaraciones de la ministra Raful.

La denuncia de la acción ilegal de la Policía Nacional el 8 de marzo debe ir más allá y señalar el marco autoritario en el que ocurre esta agresión. Estamos ante un Estado de excepción, que se traduce en la suspensión de las garantías constitucionales de facto y la represión contra miles de personas cada mes en base únicamente al perfilamiento racial, por el lineamiento gubernamental de cumplir con una cuota de 10 mil deportaciones semanales. Estamos ante un gobierno que reprime las expresiones culturales populares, que viola los derechos constitucionales de las personas negras, guiado por la obsesión trujillista de llevar a cabo una «depuración racial» del país. La actuación policial del 8 de marzo es apenas una expresión más de una estrategia política antidemocrática, que aunque se centra en la violencia contra la clase trabajadora de origen inmigrante, ataca también a las personas trabajadoras dominicanas negras, a las personas dominicanas de ascendencia haitiana e incluso amenaza a las expresiones culturales populares, como parte de la negación de la herencia africana en la cultura dominicana. Es necesario romper el silencio y movilizarnos contra esta política de conjunto, esa es la única manera de frenar el avance neotrujillista.