La Voz de los Trabajadores

Foto: Familiares exigen justicia ante la PGR

La noche del martes, 15 de octubre, con velas y pancartas, decenas de personas protestaron en Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este, contra la impunidad y la escandalosa complicidad del sistema de justicia con los perpetradores del asesinato por arrollamiento de la abogada Altagracia Trinidad Ortiz. El crimen, perpetrado la noche del 10 de octubre en una redoma de Ciudad Juan Bosch, dejó a una hermana y una hija de Altagracia Trinidad Ortiz gravemente heridas, actualmente en cuidados intensivos. Los abogados de las víctimas han denunciado que nadie ha sido detenido por el crimen, que está siendo tratado como un mero accidente de tránsito por las autoridades, y que una jueza de Santo Domingo Este es propietaria del vehículo con el que se llevó a cabo el arrollamiento.

Los abogados presentaron una denuncia ante la Fiscalía de Tránsito de Santo Domingo Este, consignando pruebas que indicarían que se trata de un asesinato, y han denunciado que el vehículo no era manejado por un menor de edad al momento del arrollamiento, sino por una de las personas adultas del grupo de cinco personas que allí se encontraban. Denuncian que la supuesta participación de la persona menor de edad como conductora del vehículo es una maniobra fraudulenta para evadir la carga penal de los verdaderos responsables del hecho. El lunes, 14 de octubre, familiares y abogados se presentaron ante la sede principal de la PGR para exigir asimismo que se investigue el desempeño de la fiscalía en el caso y que la jueza Mary Berenita Ramírez Jiménez sea suspendida de su cargo mientras se desarrolle la investigación, pues tienen indicios de que ha intervenido en el proceso. La prensa ha reseñado que la jueza es la madre del menor de edad al que se imputa el hecho.

Videos captados por cámaras de seguridad muestran que el vehículo se desplaza a baja velocidad y acelera para impactar a las víctimas.

Solo con la movilización se puede lograr que haya justicia

A pesar de que el gobierno ha realizado una extensa campaña propagandística para presentar al aparato judicial como “independiente”, lo sintomático de este caso es que cuando las víctimas son humildes, de los sectores populares, y los perpetradores son de la clase capitalista o están vinculados al gobierno y al Estado, la justicia se muestra extraordinariamente incompetente, muestra todos sus vicios de corrupción y complicidad con los perpetradores, perpetuando la impunidad. Es, en definitiva, una justicia burguesa, implacable contra los pobres e impotente contra los poderosos.

Por eso casos escandalosos como el asesinato de la trabajadora Paula Santana, en la empresa Oscor Caribe, no han sido investigados ni sancionados.La corrupción campea, libre de castigo. Grupos fascistas cometen crímenes a la luz del día con la protección gubernamental y la pasividad del aparato judicial. Cientos de personas permanecen desaparecidas sin que las autoridades las busquen ni den respuestas a sus familias. La PGR ni siquiera actúa contra los organismos represivos que violan de manera escandalosa la Constitución y las leyes en sus operativos de persecución racista contra trabajadores inmigrantes o dominicanos de ascendencia haitiana. Incluso la terrible explosión en San Cristóbal que el año pasado dejó decenas de víctimas, por cuya responsabilidad es investigada una empresa de un alto funcionario del gobierno, permanece en la impunidad.

Es importante rodear de solidaridad a la familia y los vecinos de las víctimas del terrible crimen de Ciudad Juan Bosch y articular la lucha a nivel nacional contra la impunidad, para lograr en las calles que se haga verdadera justicia.