Carlos Ortiz

El 13 de abril se celebró el 54 aniversario de nuestro sindicato, en medio de un nuevo capítulo de nuestra lucha por una mejor educación y el respeto a nuestros derechos. Mientras el ministro asegura que la justa reivindicación de un aumento salarial del 20% es inaceptable y permanentemente intenta presentar al gremio como enemigo de la educación, la realidad es exactamente al revés: Al cumplir con nuestro deber sindical de exigir el respeto a nuestros derechos como trabajadores y el aseguramiento de las condiciones óptimas para la realización de nuestra sublime labor, estamos al mismo tiempo defendiendo la educación misma.

Desde el sector privado como ahora desde el gobierno, se suele decir — y no falta gente del pueblo que ingenua o interesadamente lo repitan, hasta con «buena intención»—, que «uno debe primero cumplir sus deberes antes que exigir sus derechos». Si esta afirmación viene de un patrón o dueño de empresa, se puede entender su motivación, pues es esperable que anteponga su interés económico al respeto a los derechos de los trabajadores, en busca de maximizar sus ganancias o de que su empresa «le funcione bien». En cambio, en el caso de alguien que viva de su salario, como es el caso de los maestros, este tipo de afirmación es contraproducente y contrario a los sanos intereses de los trabajadores, como preparar el cuchillo para la propia garganta. Es, lamentablemente, una trampa en la que caen algunos maestros, que están en nuestra gloriosa ADP, que tantas luchas costó construir en plena dictadura balaguerista.

Es que, por una parte, las y los maestros cuando luchan también están enseñando; están dando el ejemplo a sus estudiantes y al conjunto del pueblo dominicano de que colectivamente, organizadamente, se pueden lograr mejoras para nuestras vidas. Esta lección es muy importante, ya que los gobiernos y la clase dominante intentan siempre debilitar esta consciencia colectiva y que siga prevaleciendo el «sálvese quien pueda», el oportunismo y la microcorrupción del que deja de luchar si «le resuelven» individualmente. Por otra parte, defender las condiciones laborales dignas de la docencia es también defender la educación. Y finalmente defender nuestros derechos es también nuestro deber.

Por eso, debemos exigir que se respete nuestra profesión atendiendo a los legítimos derechos que nos asisten y que se garanticen unas condiciones en nuestro lugar de trabajo que nos aseguren nuestra salud, desarrollo personal e integridad como profesionales que somos. Laborar por años en condiciones inaceptables ha llevado a una cantidad inmensa de profesores a perder su salud física y mental. Cuidado.

Nuestra labor se realiza en el marco de un contrato, en el que una de las partes se compromete a brindar las condiciones institucionales y materiales necesarias para que dicha labor se lleve a cabo eficientemente, mientras que la otra acuerda cumplir con los deberes propios de este oficio. Entiéndase, es un contrato bilateral, en que uno cada uno debe cumplir sus obligaciones; sin embargo, son los gobiernos los que incumplen sistemáticamente su parte, resultando perjudicada sobre todo la clase trabajadora, cuyos niños y niñas asisten a la escuela pública. Cuando el gobierno no cumple sus obligaciones, el contrato queda maltrecho. Eso es lo que está pasando en nuestro sistema educativo. A nuestro gremio no le queda otra alternativa que recurrir a sus tradicionales métodos democráticos de lucha, como asambleas, marchas y paralizaciones de actividades.

Cada maestro debe luchar por sus reivindicaciones y no dejarse engatusar con eso de que «primero van los deberes y después los derechos». El que no cumple sus deberes es un gobierno que desvía buena parte del 4% de la educación para los negocios de sus testaferros; dejando miles de libros en vertederos en vez de distribuirlos; entregando más de 13 mil millones de pesos en asesorías al PNUD por la compra de equipos electrónicos que luego se dejan abandonados en los almacenes del ministerio. Con razón a un gobierno así le molesta que exista la ADP.

Las demandas de la docencia no son excesivas o extravagantes, sino que se pide lo mínimo: mejora del desayuno y almuerzo; bono vacacional; respeto al escalafón docente para las promociones, tanto en las escuelas como en los distritos escolares; nombramiento de los maestros que hacen falta en un sinnúmero de escuelas, lo que permitiría que haya un horario razonable y saludable en las escuelas, al haber más horas para la planificación y que los maestros no se lleven el trabajo a sus casas, por fuera de sus horarios laborales; transporte seguro para los maestros que viajan lejos de sus casas; un programa de viviendas para maestros sin casas en los municipios, y no sólo en la capital; un banco de sustitutos para cubrir las licencias de los maestros, sin que los maestros tengan que pagar sustitutos de sus bolsillos cuando se vean obligados a faltar por causas justificadas.

Para un mejor proceso educativo, no debería haber más de 25 estudiantes por aula, y debería garantizarse la provisión de las medios necesarios para enseñar. Los libros de texto de cada asignatura, sobre todo. El ministerio, en vez de dilapidar el presupuesto en corrupción y negocios para los financistas de la campaña electoral, debe invertir en la preparación de los llamados mandos medios y de los cuerpos directivos de los escuelas y los distritos educativos para una gestión humana e institucional de calidad y acorde a los nuevos tiempos. El problema de la baja calidad de la educación no está esencialmente en el cuerpo docente, que también debe recibir mayores oportunidades de formación, sino en el manejo institucional del proceso educativo.

Maestro, maestra, fórmate y lucha por tus derechos. Nadie mejor que tú sabe qué se precisa para dar una clase en una aula, cómo te sientes al realizar tu labor y qué necesitas para que todo sea mejor.

¡Viva nuestro sindicato! ¡Viva nuestra ADP! ¡Viva la educación!