Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

El 15 de enero, el presidente Abinader promulgó la ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), un organismo subordinado a la presidencia que concentra atribuciones ejecutivas, judiciales, policiales y de fiscalización, habilitado para perseguir a la disidencia a nombre de la “defensa de las instituciones”, la “paz social” o los “objetivos nacionales”. Sus actividades quedan cubiertas por el secreto oficial y puede definir sus propias competencias, manejando un presupuesto sin control externo. Todo a nombre de la “seguridad nacional”, como en tiempos de Trujillo y Balaguer. En definitiva, una grave amenaza a los derechos democráticos que aún persisten en el marco del actual régimen, ante la cual debemos hacer sentir nuestra protesta antes de que sea demasiado tarde.

Una ley dictatorial

La ley crea la nueva DNI, que solo responde al Presidente, y el Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), que coloca bajo la coordinación de la DNI a los organismos de inteligencia militares y policiales. El SNI puede llegar a involucrar a todas las instituciones estatales si “circunstancialmente” manejan “capacidades técnicas” que pueden contribuir al SNI. La propia DNI debe definir sus principios de funcionamiento y todo su personal es de libre designación y separación. Su función, defender la “seguridad nacional”, no está claramente definida, como tampoco lo están los términos “riesgo”, “amenaza” y “agresión” a la Constitución y a “las instituciones”, que se supone que la DNI debe prevenir y perseguir.

La DNI puede investigar “cualquier actividad… que atente contra los intereses u objetivos nacionales”, tampoco definidos, y puede perseguir a organizaciones o personas que traten de “establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional”. Esto le habilitaría a espiar y reprimir a cualquier organización de izquierda o democrática que promueva cambios económicos, políticos y sociales, lo que recuerda a los tiempos trujillistas y balagueristas en los que la izquierda estaba proscrita. Negarse a proporcionar informaciones o delaciones a la DNI acarrea penas de cárcel.

La DNI puede además “contrarrestar” cualquier actividad que considere que representa un “riesgo” para la “paz social”. Cualquier protesta entonces podría ser objeto de la represión bajo los términos ambiguos de la ley. La DNI también asume funciones de control migratorio y su cooperación con el Ministerio Público solo se llevará a cabo cuando la DNI así lo decida. El director de la DNI además es asesor del presidente en materias económicas y sociales.

Amplio rechazo a la ley

La ley fue aprobada el 29 de diciembre, con un solo voto en contra en la Cámara de Diputados, y el 10 de enero en el Senado. El diputado Juan Dionicio Rodríguez del Frente Amplio propuso un cambio para eliminar la persecución ideológica, que la mayoría de los diputados rechazó, y emitió el único voto en contra de la ley cuando se votó en segunda lectura. Lamentablemente no votó en contra ninguno de los diputados del Bloque Alternativo Progresista, integrado por Opción Democrática, Alianza País y el Partido Liberal Reformista.

Contrastando con la casi unanimidad del Congreso, ha habido un amplio rechazo a la ley por parte de organizaciones como el Colegio Dominicano de Periodistas, el Colegio de Abogados, la Sociedad Dominicana de Diarios, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, sectores de la Iglesia Católica, y numerosas organizaciones no gubernamentales. Incluso Participación Ciudadana, luego de un pronunciamiento inicial de apoyo a la ley, cambió de posición y señaló su inconstitucionalidad. Ha habido cuestionamientos a la forma como se aprobó, sin una discusión a fondo y con cambios de última hora. Cuatro recursos de inconstitucionalidad han sido interpuestos ante el Tribunal Constitucional. Siete artículos de la ley han sido cuestionados por violar más de diez artículos constitucionales. Incluso varios partidos de derecha cuyos diputados y senadores votaron a favor de la ley, como el PLD y la FP, han cambiado de posición ante la presión social y ahora critican la ley.

El 19 de enero el presidente Abinader, acorralado por las críticas, anunció que convocaría a un “diálogo” para indicar cómo “interpretar” la ley. A pesar de que el proyecto de ley inicial fue elaborado por la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo en 2021, a fines de enero Abinader aseguró no tener “nada qué ver” con la ley y estar dispuesto a modificarla. Pero no es suficiente hacerle cambios menores, hay que derogarla.

A rechazar la ley en las calles

En el país nunca hubo una ruptura con las tradiciones y las instituciones represivas de las dictaduras de Trujillo y Balaguer. La DNI es sucesora y heredera del Servicio de Inteligencia Militar de Trujillo y el Departamento Nacional de Investigaciones, creado por la dictadura del Triunvirato y reorganizado por la dictadura balaguerista. Con la nueva ley se acentúan los elementos bonapartistas del régimen político, en otras palabras, la concentración de poder en la presidencia y los organismos represivos, continuando una tendencia de las últimas décadas. Con los gobiernos de Medina y Abinader vimos la profundización de un Estado de excepción, primero en 2020 con el Estado de emergencia y el toque de queda, en cuyo marco se llevaron a cabo miles de detenciones arbitrarias y se restringió el derecho a la protesta. Luego, en 2021, con la ofensiva racista contra la comunidad inmigrante haitiana y dominicana de ascendencia haitiana, un Estado de excepción de hecho contra las personas negras, con miles de allanamientos sin orden judicial en comunidades urbanas y rurales, así como miles de detenciones ilegales de infantes, mujeres embarazadas, estudiantes y trabajadores. En 2023, Amnistía Internacional reveló que en 2020 y 2021, los gobiernos de Medina y Abinader utilizaron el software israelí Pegasus para espiar a la periodista Nuria Piera. Ahora la ley de la DNI legalizaría ese tipo de acciones de persecución antidemocrática contra periodistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas y disidentes políticos.

Luego de la promulgación de la ley, vimos la detención en San José de Ocoa por parte de agentes represivos sin identificación, del médico Wazar Gómez, simplemente por portar un cartel. Pero no es un caso aislado, en el país, todos los días desde hace años, se realizan decenas o cientos de detenciones arbitrarias contra personas haitianas y dominicanas negras. Gran parte de la sociedad dominicana ha actuado como en el poema de Martin Niemoller, que describe el silencio y la pasividad de muchos alemanes ante la persecución nazi a los comunistas, los socialdemócratas y los judíos. Aquí también se ha aceptado la aplicación de métodos dictatoriales contra la comunidad inmigrante haitiana, la desnacionalización y la persecución de los dominicanos de ascendencia haitiana, a nombre de la supremacía racial y la hispanidad, la soberanía y la seguridad nacional, como si el resto de la sociedad no pagaría el precio de esa represión. Pero esos métodos eventualmente se aplican incluso contra quienes lo han apoyado o han guardado un silencio cómplice, como Wazar Gómez, quien es actualmente candidato a senador por el partido balaguerista PRSC, aliado del gobierno.

Por eso debemos rechazar todo avance antidemocrático de este régimen y entender que eliminar las garantías legales y los derechos de un sector en base a una definición racial, lo que en los hechos implica el avance hacia un régimen de apartheid, conlleva el peligro real de que se liquiden los derechos democráticos de todo el pueblo dominicano.

Gane quien gane las elecciones de este año, esta ley le servirá al próximo gobierno como un poderoso instrumento para la represión, por lo que debemos protestar urgentemente en defensa de las libertades democráticas que aún no nos han podido arrebatar. Así como ha fracasado la “reforma policial”, tampoco se obtendrá nada significativo con los “diálogos” que promueve el gobierno. Exijamos a los sindicatos, los gremios, las organizaciones sociales y partidos de izquierda la coordinación para realizar una movilización nacional por la inmediata derogación de la ley. Es el momento.