La Voz de los Trabajadores

Las expresiones de exaltación de la figura del dictador Trujillo y su régimen son frecuentes en las redes sociales, entre simpatizantes de la ultraderecha dominicana y quienes apoyan la política migratoria de Luis Abinader. Incluso hay instituciones estatales como el Instituto Duartiano que han organizado marchas de notorio carácter fascistoide denominadas «patrióticas» en las que han participado junto a estas organizaciones como la Antigua Orden Dominicana, que abiertamente reivindican la masacre trujillista de 1937. Sin embargo, la exaltación de Trujillo y del trujillismo es ilegal en la República Dominicana.

La Ley 5880-62, promulgada en mayo de 1962, que parte de considerar que «el pueblo dominicano, al liberarse de esa sangrienta tiranía» tiene derecho a defenderse de los «residuos y resabios» de ese pasado, penaliza en su artículo único a toda persona que «alabe o exalte a los Trujillo o su régimen tiránico» en voz alta o por escritos públicos o de otra índole, con penas de prisión de diez días a un año y multas. De igual forma se penaliza a quienes «formen parte de grupos o reuniones destinados» a exaltar el trujillismo o «hagan circular rumores relativos al posible restablecimiento del régimen de los Trujillo».

Ante la presión y la denuncia de organizaciones democráticas en el año 2013, el entonces procurador general, Francisco Domínguez Brito, reconoció la vigencia de la ley 5880-62. En diciembre de 2012, miles de personas firmaron un pliego ante la PGR para exigir que aplicara la ley, denunciando la apología trujillista realizada por el nieto del dictador, Ramfis Trujillo y la inacción de la PGR.

La ley 5880-62, y su uso como herramienta legal por parte de organizaciones dedicadas a preservar la memoria histórica, ha servido para impedir la apertura de una filial de la Fundación Trujillo, que también intentó instalar Ramfis Trujillo. En mayo de 2016, el Juzgado de Paz de Constanza condenó al ex militar Alan Alexander Delgado y a Luís María Pérez, a seis y tres meses de trabajos comunitarios respectivamente y al pago de multas simbólicas de 2,000 y 500 pesos, así como una disculpa pública, por hacer apología de la dictadura trujillista.

En años recientes ha habido un esfuerzo sostenido por parte de sectores derechistas y antidemocráticos para legitimar a esbirros ligados al período trujillista y balaguerista, como el criminal de guerra Ramiro Matos, incorporado en 2022 a la Academia Dominicana de la Historia, hecho que generó una crisis al interior de dicha institución. La campaña de deportaciones masivas del gobierno de Abinader y su agitación neotrujillista contra la comunidad inmigrante haitiana como supuesta amenaza a la soberanía, también han envalentonado a sectores neofascistas e incluso a los cabecillas de instituciones estatales como el Instituto Duartiano que validan ese elemento ideológico del legado trujillista. La Policía Nacional en varias ocasiones ha actuado en coordinación con organizaciones neofascistas para impedir el ejercicio del derecho de reunión y de manifestación. La creciente amenaza ultraderechista es evidente.

Es urgente una nueva campaña unitaria para emplazar a la PGR a que actúe y aplique la Ley 5880. La impunidad alimenta a la ultraderecha y amenaza los derechos democráticos del pueblo trabajador dominicano. Solo con la movilización se puede romper ese ciclo de complicidad del régimen político con la ultraderecha y avanzar en la verdadera destrujillización de la República Dominicana.