Prensa Coordinadora Popular Nacional

Ante la convocatoria de la Red Socioambiental y la Coordinadora Popular Nacional, así como decenas de organizaciones, más de dos mil activistas comunitarios, ambientalistas, sociales y populares de todas las regiones del país se concentraron el 4 de junio frente al Palacio Nacional para protestar contra la depredación ambiental que impulsa el gobierno nacional de la mano del capital nacional y transnacional. La rabia e indignación popular se hizo sentir en consignas como “¡El agua vale más que el oro!”, “¡No a la privatización del agua!”, “¡Fuera la barcaza de los Negros de Azua!” y «¡Loma miranda, parque nacional!».

En la protesta, realizada en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, varios dirigentes de las luchas ambientales de todo el país tomaron la palabra para exponer la atroz depredación que viene convalidando y aupando el Ministerio del Ambiente encabezado por Ceara Hatton, como parte de la política privatizadora y entreguista del actual gobierno. El ambientalista y académico Luis Carvajal pronunció un discurso en el que alertó sobre las amenazas que se ciernen sobre el pueblo dominicano ante la intención de avanzar aún más en la privatización del agua, aumentar la explotación minera y destruir los bosques y áreas protegidas para generar ganancias privadas a costa del bienestar general de la actual y las futuras generaciones.

Mediante un manifiesto, que fue leído como cierre del acto de protesta, suscrito por más de cincuenta organizaciones, se plantearon al gobierno las principales exigencias y denuncias del movimiento social y ambiental. Las organizaciones recriminaron al presidente Luis Abinader la pretensión de entregar al país a las élites financieras y empresariales y enrumbarlo “por el camino de la destrucción moral y física”.

“Producimos las riquezas de la nación, somos los responsables de mantener este país en pie y exigimos que se nos respete, no estamos pidiendo favores, demandamos los derechos sociales y ambientales de nuestras comunidades y poblaciones”, agregaron, denunciando que el gobierno y las élites empresariales no escuchan al pueblo trabajador. “El afán de lucro de un grupito insaciable que se enriquece a costa de la mayoría no puede envenenar a todo un país con carbón, fuel-oil, barcazas y proyectos energéticos contaminantes, caros, marcados por la corrupción y claramente perjudiciales, mientras que al mismo tiempo se le ponen trabas a las energías renovables como la solar y eólica, más baratas y amigables con el medio ambiente”, condenaron.

“Proponemos un modelo socioeconómico basado en la agricultura, la agroindustria, el turismo comunitario, las energías renovables, donde se preserven las fuentes de agua, los empleos productivos, los derechos de la gente, los recursos naturales y el medio ambiente”, plantearon. Su largo pliego de exigencias demuestra el fracaso gubernamental en materia ambiental y su enorme deuda social.

Entre otras medidas exigieron cancelar el proyecto hidroeléctrico Las Placetas en San José de Las Matas y La Sierra; negar la permisología a la transnacional Gold Quest para la explotación aurífera en San Juan de la Maguana y detener las actividades de la Uni Gold en Restauración y la Línea Noroeste. Exigieron cancelar la operación de las barcazas contaminantes en Playa Los negros, Puerto Viejo Azua, instaladas con un permiso ambiental amañado.

Demandan reubicar a las víctimas de Barrick Gold actualmente amenazadas por la presa de cola El Llagal y detener la construcción de la nueva presa de cola, la cual consideran ilegal. Reubicar la represa hidroeléctrica Dos Ríos en Santiago Rodríguez y el acueducto múltiple de la provincia, y recuperar la reserva natural laguna de Saladillo, entre Montecristi y Dajabón.  Que cese la impunidad de la corrupción de Punta Catalina y cesen sus actividades contaminantes y que aportan al fenómeno del calentamiento global.

Además, exigen que Loma Miranda sea declarada Parque Nacional, que se proteja el Rio Camú y la Loma Guaguí en La Vega. Cancelar el proyecto hidroeléctrico privado sobre el Río Masipedro en Bonao e imponer a la empresa imperialista Falconbrigde cumplir con la ley y colocar filtros en sus chimeneas. Exigen poner fin y sancionar los fraudes inmobiliarios y la destrucción ambiental del proyecto ilegal Bucanyé de los capitalistas españoles del Grupo Ebro, en Pedernales, así como el cese de la complicidad del Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Alianzas Público Privadas.

Detener la depredación minera de la Belfond y otras compañías en el Bahoruco Oriental, pues dañan las fuentes de agua, la agricultura y el turismo de la zona. Auditar y culminar la Presa de Monte Grande y sus obras complementarias. Que se entregue el Ingenio Barahona a las comunidades organizadas de la Región Enriquillo y recuperar las tierras del Estado y la Reforma Agraria usurpadas por el Consorcio Azucarero Central (CAC). Declarar de utilidad pública los terrenos en conflictos en la Provincia de El Seibo y reconocer la propiedad de los campesinos peregrinos.

Reubicar a los campesinos que siembran en el Parque Nacional Los Haitises y que cese la represión militar. Restablecer el Parque Nacional Manuel Aurelio Tavares Justo. Poner fin a la complicidad del gobierno con las granceras que están destruyendo los ríos del país. También se solidarizaron con las luchas sociales ante el alto costo de la vida, la falta de acceso a la salud pública de calidad y la seguridad social, llamando a poner fin al negocio de las ARS y AFP, y rechazaron la opresión y violencia que sufren mujeres y trabajadores inmigrantes, como se vio recientemente en el caso del bebé que colgó de la reja de un camión de la DGM mientras su madre permanecía arbitrariamente detenida en su interior. De igual forma se rechazó la desnacionalización y la apatridia que afecta a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana.

Finalmente, anunciaron la convocatoria en las próximas semanas a una Asamblea Popular Nacional por los Derechos Sociales y Ambientales para deliberar y adoptar acciones más contundentes en todo el territorio nacional, en caso de que continúe la negativa del gobierno y las élites a oír los reclamos populares.