La Voz de los Trabajadores

Imagen: Captura de video de la represión del 10 de febrero.

El 14 de febrero, cientos de trabajadores haitianos de la construcción en Punta Cana paralizaron sus labores, en protesta por el asesinato del trabajador Jean Modes Fontas, durante la criminal represión desatada por efectivos de la DGM y de la PN en Cap Cana, el 10 de febrero, así como los operativos en los que arreció la persecución en la región contra la comunidad inmigrante haitiana, entre el 11 y el 13 de febrero. Periodistas de la página El Fotuto reportaron asimismo una paralización parcial del transporte.

Mientras la DGM anunció la expulsión de 71 trabajadores del grupo que sufrió la represión del 10 de febrero y el encarcelamiento de ocho, trabajadores, aún no han sido detenidos los agentes policiales y migratorios responsables de asesinar y herir a trabajadores ese día. La PGR y el Defensor del Pueblo guardan silencio sobre el tema. El defensor de derechos humanos Santiago Molina denunció recientemente que habría nueve trabajadores heridos, cuatro de ellos de gravedad, por la represión del 10 de febrero. Una declaración firmada por 19 organizaciones dominicanas y haitianas exigió justicia ante la represión, así como detener la deportación de los 71 trabajadores y liberar a los ocho trabajadores criminalizados. Con la huelga obrera inmigrante en Punta Cana, aumenta la presión contra el gobierno antiobrero y racista encabezado por Luis Abinader y el PRM, para que cese su campaña de expulsiones colectivas y la persecución contra trabajadores inmigrantes haitianos, a quienes se impide organizarse sindicalmente o protestar por sus derechos y se les somete a una permanente extorsión por parte de agentes policiales, migratorios y hasta agentes de vigilancia privada.

A medida que se intensifica la violencia antiobrera y racista del gobierno del PRM, cobra mayor fuerza la propuesta de una huelga nacional de trabajadores inmigrantes. Al dejar de trabajar por un día, la clase trabajadora de origen inmigrante demostraría la falsedad del discurso de Abinader sobre la supuesta carga que representa la comunidad inmigrante. Se paralizaría la mayor parte de la economía dominicana y se impondría un altísimo costo económico y político a la estrategia neotrujillista de Abinader, que exacerba la opresión y explotación contra la clase trabajadora inmigrante haitiana y dominicana de ascendencia haitiana. Ya las expulsiones masivas de trabajadores haitianos por parte de Abinader están generando serios problemas para la economía dominicana.

El presidente Abinader visitó Punta Cana el 12 de febrero, dos días después del asesinato de Jean Modes Fondas, y anunció el inicio de la construcción de dos obras del sector privado, un parque temático y un hotel de la transnacional española Meliá. Lo que no dijo, aunque es un secreto a voces, es que ambas obras serán construidas con la participación protagónica de la mano de obra inmigrante haitiana, la misma que ha puesto en pie prácticamente toda la infraestructura turística existente en la región Este.

El Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriadores (GARR) de Haití, denunció que el gobierno dominicano habría expulsado a casi 27 mil personas durante el mes de enero, rompiendo el récord anterior alcanzado en noviembre de 2022. Siguen acelerándose las deportaciones colectivas, ilegales desde el punto de vista de las leyes nacionales e internacionales, así como las violaciones a los protocolos migratorios binacionales. GARR también denuncia que fueron expulsadas por las autoridades dominicanas 245 mujeres embarazadas y más de dos mil quinientos niños y niñas. La DGM, que deportó a más de 154 mil personas en 2022, no ha publicado cifras correspondientes a este año.