Lucía Matos

Foto del muro fronterizo: Orlando Barría

Uno de las principales crímenes del dictador Trujillo, según el discurso de Abinader el 29 de mayo, fue “cederle a Haití miles de kilómetros cuadrados de nuestro territorio… cedió lo que era nuestro”. Con esa afirmación, Abinader se ubica en una posición similar a la de sectores de extrema derecha que aseguran que la frontera válida debe ser la del Tratado de Aranjuez de 1777 entre las monarquías francesa y española, y que se proponen “recuperar” el territorio “perdido”, una expresión de lo que se conoce como irredentismo. Es un sueño reaccionario, sin sustentación racional, reñido totalmente con los hechos.

En realidad, las fronteras de 1777 duraron muy poco. Nunca delimitaron el territorio dominicano, pues dejaron de estar vigentes mucho antes de que existiera la República Dominicana. Ya en 1795 la corona española cedió a Francia sus dominios en la parte oriental de la isla. En los años subsiguientes los conflictos militares entre España, Inglaterra y Francia implicaron fronteras en permanente disputa. Luego vino la unificación de la isla, la separación entre el Reino y la República de Haití, la separación entre Haití y la República Dominicana, la anexión a España y la Restauración de la independencia. No hubo un tratado fronterizo entre los Estados independientes de la República Dominicana y Haití, ambos atravesados por frecuentes guerras civiles e inestabilidad política durante la segunda mitad del siglo XIX. Fue Horacio Vázquez quien firmó por el Estado dominicano en 1929 el primer tratado fronterizo con Haití. Dicho tratado modificó en parte los límites fronterizos respecto de los de la colonia española en 1777 pero es anacrónico plantear que representa una pérdida de territorio dominicano. Por el contrario, debe tomarse como la primera aproximación a la definición precisa de la frontera entre los dos países. Proceso que culminaría con el Protocolo de revisión del tratado fronterizo de 1936 entre Trujillo y Vincent, que estableció la frontera actual. En ese protocolo hay una pequeña variación del 2% respecto del tratado de 1929, pero es importante notar que al hablar de una cesión de “miles de kilómetros cuadrados”, Abinader no solo objeta el protocolo de 1936, sino fundamentalmente el tratado de 1929. Es peligrosa y reaccionaria esta reivindicación implícita por parte de Abinader de las fronteras de 1777 y la crítica de las fronteras actuales como fruto de una cesión ilegítima.

Ni la separación de República Dominicana y Haití ni las modificaciones de la frontera respecto de viejos límites coloniales son hechos extraños o únicos en la historia de nuestra región. La Gran Colombia, por ejemplo, abarcaba lo que actualmente son los Estados de Ecuador, Colombia, Panamá y Venezuela. La República Federal de Centroamérica se estableció separándose del Imperio de México en 1823, y se disolvió en 1841, luego de una guerra civil, dando paso al surgimiento de los actuales Estados de Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Lo que sí es singular a nuestra situación es la mitología racista antihaitiana, que es consecuencia del resentimiento que generó en la élite blanca la abolición de la esclavitud, la reforma agraria y la expropiación de los bienes de la Iglesia, todos hitos del período de unificación de la isla.

Abinader, al reciclar el discurso de la extrema derecha sobre un supuesto despojo territorial, se inscribe en la tradición del pensamiento racista, plasmado en obras como “La isla al revés” de Balaguer, que atribuye las modificaciones demográficas en la zona fronteriza a una “invasión silenciosa” o incluso a un “imperialismo haitiano”. Se trata de componentes fundamentales del expediente de la falsificación histórica trujillista y balaguerista.

Rebatir esta propaganda venenosa sobre la frontera no es una tarea meramente académica. Las implicaciones políticas de este debate son importantes y de candente actualidad. Abinader aplica políticas antidemocráticas y racistas partiendo de asumir que existe una amenaza permanente a la integridad territorial dominicana y la soberanía, tal y como lo hicieron desde Trujilo y Balaguer hasta el aparato del PLD al quitar la nacionalidad a miles de ciudadanos dominicanos con la sentencia 168-13. La hipótesis de la integridad territorial amenazada justifica el proyecto del muro fronterizo de Abinader, a construirse este año mediante un decreto de emergencia que permite evadir los procedimientos ordinarios de contratación establecidos en las leyes, y bajo la declaratoria de que el gasto es secreto de Estado, incentivando así la corrupción.

Mientras Abinader y la extrema derecha agitan los fantasmas del irredentismo antihaitiano, y grupos abiertamente fascistas realizan provocaciones en la frontera por la construcción de un canal de riego en Haití para usos agrícolas con agua del Río Masacre, la verdadera vulneración de la soberanía avanza con el apoyo del gobierno y el silencio de la extrema derecha. Se trata de la entrega de concesiones mineras a transnacionales imperialistas como Barrick Gold, la cesión de nuestra soberanía judicial en el leonino contrato con Pfizer, así como las condiciones entreguistas del tratado de libre comercio con EEUU y decenas de mecanismos legales, económicos y políticos que nos mantienen en una condición de subordinación semicolonial.

En cuanto a la supuesta amenaza territorial proveniente de Haití y la supuesta entrega territorial de 1936, Abinader asume los mismos presupuestos ideológicos presentes en la campaña genocida de limpieza étnica llevada a cabo por el régimen trujillista en 1937 en la zona fronteriza. Trujillo vio esa masacre como un mecanismo para consolidar su poder y anular cualquier acusación de “pro-haitianismo” derivada del tratado de 1936. Por eso, lo que subyace a la denuncia de Abinader a la “cesión” territorial es en realidad el núcleo duro de la ideología racista y xenófoba antihaitiana que existía en la burguesía dominicana desde el siglo XIX y que el propio Trujillo elevó al rango de doctrina de Estado.