Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

El 15 de febrero, el ex alcalde de Puerto Príncipe Ralph Youri Chevry y el ex gobernador Wenson Pierre fueron detenidos al cruzar la frontera en Dajabón. ACNUR y organizaciones de derechos humanos de Haití y República Dominicana han apoyado su solicitud de asilo político y alertaron sobre el riesgo que supone para sus vidas ser deportados a Haití, donde el gobierno de facto de Jovenel Moïse les ha fabricado acusaciones mediante montajes judiciales.

Además de asesinar a manifestantes en las calles, el régimen ha lanzado una contraofensiva para criminalizar a la oposición política y seguir gobernando más allá de lo que establece la Constitución, según la cual el mandato legal de Moïse expiró el 7 de febrero. El régimen del PHTK ha fabricado supuestos complots golpistas, deteniendo arbitrariamente a decenas de opositores. También ha jubilado ilegalmente a los jueces del máximo tribunal de ese país, la Corte de Casación. Los detenidos en República Dominicana se vieron forzados a huir luego de que sus viviendas fueran allanadas.

El 18 de febrero, el diputado Juan Dionicio Rodríguez, miembro del Frente Amplio, denunció que el ex alcalde y sus acompañantes se encontraban desaparecidos, pues el Ministerio de la Defensa no informaba a qué institución fueron entregados ni en qué lugar se encontraban recluidos, una grave violación a los derechos humanos.

Aunque no existe un tratado formal de extradición entre Haití y República Dominicana adaptado a las convenciones internacionales contemporáneas firmadas por ambos países, se suele invocar el Tratado de Paz, Navegación, Comercio y Extradición de 1874, y la Convención de Uruguay de 1933, como acuerdos que obligan a la extradición de personas condenadas o acusadas formalmente de delitos. Sin embargo la convención de 1933 excluye los delitos políticos. Además de ello, la República Dominicana ha firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados del año 1951 y su protocolo de 1967.

El gobierno de Abinader ha declarado, a través de su canciller Roberto Álvarez, que “no está dentro de los planes establecer ninguna política para refugiados” (Listín Diario, 27 de enero). Abinader incluso desconoció el Plan de Contingencia para Flujos Masivos de Inmigrantes en República Dominicana adoptado por el anterior gobierno, sin sustituirlo por otro protocolo. Ante el agravamiento de la crisis en Haití, derivada de la decisión del gobierno ilegítimo de Moïse de mantenerse en el poder a toda costa, el gobierno dominicano ha movilizado tropas a la frontera como única respuesta. Gestos peligrosos del gobierno en medio de una campaña furiosa de medios de comunicación que instigan permanentemente el odio en contra de inmigrantes y solicitantes de refugio.

Tampoco podemos olvidar los nueve acuerdos del 10 de enero entre Abinader y Jovenel Moïse, en cuyo marco el gobierno dominicano expresó su apoyo político al régimen del PHTK y a su proyecto de reforma constitucional, a cambio del apoyo a la construcción de un muro fronterizo, una vieja exigencia de la extrema derecha dominicana. Esta complicidad de Abinader con la dictadura de Moïse tiene antecedentes en el apoyo brindado por el gobierno de Hipólito Mejía a los paramilitares y golpistas encabezados por Guy Phillipe, Ernest Ravix y Jodel Chamblain en 2004.

En el marco de la solidaridad con el pueblo haitiano que se está desarrollando en República Dominicana por parte de organizaciones populares y de izquierda, en la que participamos, llamamos a repudiar los acuerdos entre Abinader y Moïse, a defender el derecho al asilo y el refugio y exigir que se le reconozca no solo de Ralph Youri Chevry, Wenson Pierrez y sus acompañantes, sino a todas las víctimas del régimen del PHTK que ingresen a República Dominicana buscando proteger sus vidas.