Penalización del aborto en República Dominicana: la perpetuación de la desigualdad

Ingrid Luciano, MST-RD y Johanna Agustín, MSPMT

Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores y Mujeres Socio Políticas Mamá Tingó

PENALIZACIÓN DEL ABORTO Y DESIGUALDADES DE RAZA Y CLASE

El aborto en República Dominicana está penalizado en toda circunstancia, sin ningún tipo de excepción. Solo nueve países se encuentran en esta situación de prohibición total. Cinco de ellos están en nuestra región: Nicaragua, El Salvador, Honduras, República Dominicana y Haití. Los otros cuatro son pequeños Estados ultra católicos de Europa: Malta, San Marino, Andorra y El Vaticano mismo. El Código Penal dominicano contempla hasta dos años de prisión para quienes se sometan a abortos y hasta 20 años para profesionales de la salud que los practiquen. 

Según organizaciones de derechos humanos se estima que, en el país, unas 25 mil mujeres son atendidas cada año por abortos incompletos, espontáneos o inducidos, y la mortalidad materna supera las 90 muertes por cada 100 mil nacimientos, muy por encima del promedio para la región de Latinoamérica y el Caribe que es de alrededor de 68 por cada 100 mil nacimientos. Estas dos estadísticas están vinculadas, pues las propias autoridades dominicanas estiman que un 8% de las muertes maternas están relacionadas con complicaciones derivadas de abortos espontáneos o inducidos. Asimismo, se enmarca en una situación de gran opresión de las mujeres, de feminización de la pobreza y de una política deliberada del Estado capitalista en alianza con las iglesias católica y evangélicas para que esta situación no se modifique. Se registran alrededor de 200 feminicidios al año. De las miles de denuncias de violencia de género que se realizan cada año, alrededor de 70 mil, solo un 2% llegan a la culminación del proceso penal. La OMS ubica a República Dominicana como el país de América Latina y el Caribe con mayor tasa de partos en mujeres adolescentes entre 15 y 19 años, con 95 por cada mil anualmente. El 37% de las mujeres menores de 18 años se casan o establecen relaciones estables, según la Encuesta Nacional de Salud. Y es que en su locura patriarcal, la burguesía dominicana penaliza y prohíbe el aborto en cualquier circunstancia pero en cambio legaliza el matrimonio infantil, permitiendo matrimonios con niñas a partir de 15 años si hay consentimiento de los padres. 

Cuando en 2019 se elaboró una simple Orden Departamental que designaba una comisión para elaborar una política de género en el Ministerio de Educación, la respuesta violenta de las iglesias y la derecha llevó a que esa iniciativa se dejara dormir el sueño eterno en los archivos del Ministerio. Esto demostró nuevamente la subordinación del gobierno a las iglesias.

La crisis social que se agrava como consecuencia del descalabro económico y la pandemia, no hacen sino profundizar los problemas para las mujeres, restringir más su acceso a los métodos anticonceptivos, hacerlas más vulnerables a la violencia doméstica y los embarazos no deseados, una situación verdaderamente asfixiante y ante la cual el nuevo gobierno de empresarios es indiferente. 

La penalización total del aborto tiene graves consecuencias para la salud de las mujeres y niñas, principalmente para aquellas de los sectores más vulnerabilizados, quienes no cuentan con recursos para recurrir a la práctica médica privada o viajar y realizarse abortos seguros en otros países, por lo cual se ven forzadas a recurrir al aborto clandestino con métodos riesgosos para su vida y salud. Es por ello que la lucha política contra la legislación anti-aborto es también una lucha de clases y antirracista, pues en la práctica el aborto solo es ilegal para las mujeres pobres y racializadas. La falta de acceso al aborto seguro mantiene a las mujeres en la pobreza, perpetuando la desigualdad de clases; desigualdad que, a su vez, está racializada.

Para las mujeres es fundamental poder decidir si ser o no madres y cuándo, pues tiene consecuencias en el acceso a la educación, al trabajo y al desarrollo profesional. Y reiteramos: son las mujeres pobres,  jóvenes y racializadas las que sufren la mayor parte de los costos físicos y sociales que les imponen las restricciones de las leyes antiaborto, fruto de las desigualdades preexistentes, que la ilegalidad del aborto solo ayuda a perpetuar.  La penalización del aborto es un atentado directo contra los derechos reproductivos, que también violenta la autonomía, la integridad y seguridad personal y atropella la vida, la salud y la dignidad de las mujeres.

EL PING-PONG CON EL CÓDIGO PENAL

Plantón frente al Congreso Nacional, 6 octubre 2020

Los debates sobre un nuevo Código Penal en el país llevan más de dos décadas. El Partido de la Liberación Dominicana, un partido miembro del Foro de Sao Paulo y conocido por sus políticas neoliberales como la adopción de un Tratado de Libre Comercio con EEUU, ha gobernado 16 de los últimos veinte años. Durante dichos gobiernos no usó la mayoría parlamentaria para aprobar la despenalización del aborto, que se viene proponiendo por parte de las organizaciones de mujeres, con tres excepciones o causales. Estas son: cuando peligra la vida de la madre, cuando el desarrollo del feto es inviable o incompatible con la vida y cuando el embarazo es el resultado del incesto o la violación. Pero con su juego característico de doble cara, el Ejecutivo vetó varias reformas al Código Penal por no incluir esas excepciones a la penalización del aborto. Por otra parte el actual partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, desde la oposición planteó estar a favor de la no penalización del aborto en esas tres causales, pero en la última campaña presidencial la candidata a la vicepresidencia, la empresaria Raquel Peña, aseguró que el gobierno no tendría una posición sobre el tema porque había que seguir debatiendo. Una vez en el poder, el PRM ha postergado nuevamente el tema al excluir la despenalización del aborto en tres causales de la discusión del Código Penal, desde sus primeros días de gobierno. Al mismo tiempo que el presidente y los altos funcionarios del gobierno realizan toda clase de actos de proselitismo religioso – se realizan ritos en el Congreso Nacional, se “celebra el día de la Biblia” en el Palacio Naional – el gobierno y sus aliados maniobran para aprobar un Código Penal con prohibición total del aborto pero con la promesa de que se discutirá en el futuro una ley específica de despenalización del aborto en las tres causales mencionadas.

LAS LUCHAS POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

Desde hace años, las organizaciones de mujeres vienen desarrollando diversas estrategias para lograr la despenalización del aborto, centrándose en las tres excepciones. Muchas organizaciones y activistas, que tenían cierto nivel de expectativa con el nuevo gobierno, se han visto rápidamente decepcionadas por el compromiso expreso que ha hecho el PRM con las iglesias, la burguesía y sectores conservadores. La resistencia no se ha hecho esperar. Recientemente organizaciones entregaron a la Cámara de Diputados casi cuatro mil firmas a favor de la despenalización del aborto en las tres causales y ya se han realizado dos plantones frente al Congreso Nacional exigiendo el derecho al aborto.  

En nuestro caso, apoyamos la lucha por la despenalización del aborto en las tres causales, pues reconocemos que sería un gran paso de avance, colocándonos a la par de la legislación que existe en muchos países de la región. Es inaudito que aún cuando la madre corre peligro, las y los profesionales de la salud se arriesguen a 20 años de cárcel, tan solo por hacer su trabajo de salvar una paciente. Tenemos un caso paradigmático, que es el de Rosaurora Almonte, conocida como Esperancita, quien murió en 2012, al negársele el tratamiento de la quimioterapia porque estaba embarazada. El de Esperancita fue un caso admitido en 2020 para ser investigado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y hay que decirlo claramente: a Esperancita, como a muchas otras, el Estado las mató.  

Pero también reconocemos que las investigaciones sobre la temática arrojan que la mayoría de las mujeres que desean o intentan poner fin a un embarazo, lo hacen por condiciones socioeconómicas, por violencia en sus parejas, porque no pueden cuidar o mantener un hijo más. Esto nos habla de que las tres causales son necesarias pero no suficientes. Exigimos la despenalización del aborto en toda circunstancia. Para lograrlo, necesitamos fortalecer el movimiento, demostrar en la calle la fuerza de las mujeres organizadas, de doblarle el brazo al gobierno y obligarlo a reconocer nuestros derechos. Para ello, nos toca enfrentar al mismo tiempo todas las lacras machistas y racistas de este capitalismo atrasado y reaccionario que padecemos, peleando contra el matrimonio infantil, por igualdad laboral para las mujeres y libertad sindical, por el acceso a salud pública gratuita y de calidad para todas las mujeres, por educación sexual y reproductiva integral y acceso a anticonceptivos. Luchando contra la violencia hacia las mujeres y niñas y exigiendo medidas para la prevención del abuso en todas sus formas. 

EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR,

ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR,

ABORTO LEGAL PARA NO MORIR

ENLACES PARA AMPLIAR INFORMACIÓN:

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-41617665

https://www.hrw.org/es/report/2018/11/19/es-tu-decision-es-tu-vida/la-criminalizacion-total-del-aborto-en-la-republica

https://www.paho.org/data/index.php/en/indicators/visualization.html

https://www.efe.com/efe/america/sociedad/la-cidh-admite-el-caso-de-menor-dominicana-tras-negarle-tratamiento-por-embarazo/20000013-4263421

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