Manuel Gual

Tal y como advertimos luego del triunfo electoral del PRM, y en vista de su programa privatizador y sus primeras designaciones ministeriales, estamos ante un gobierno abiertamente empresarial, privatizador, proimperialista, antiobrero, enemigo del ambiente y de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual. Las declaraciones juradas de bienes del presidente, la vicepresidenta y los ministros, lo ratifican: Abinader reconoció una fortuna de más de cuatro mil millones de pesos, lo que suma más de 77 millones de dólares. Gran parte de ese dinero está depositado en paraísos fiscales como Panamá e Islas Vírgenes para no pagar impuestos en este país.

Es una gran ironía que el presidente haya llamado a los empresarios a invertir en el país durante su discurso de toma de posesión en agosto, cuando él mismo da el ejemplo contrario. El ministro de Agricultura, Limber Cruz, declaró más de 787 millones de pesos, el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, 501 millones de pesos, el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, 398 millones de pesos. La ministra de Cultura, Carmen Heredia, «solamente» declaró 7.2 millones de pesos, en su mayor parte obras de arte. Esa es la ministra que menos fortuna declaró.

No es sorprendente entonces que ese gobierno de capitalistas y al servicio de los capitalistas, haya contraído 3,500 millones de dólares en nueva deuda externa y ya esté comprometiendo gran parte de ese monto en negocios para sus «alianzas público-privadas», o sea alianzas entre los empresarios del gobierno y los empresarios amigos del gobierno. Se trata en algunos casos de obras de infraestructura que no son prioritarias, como la Carretera del Ámbar, de 35 kilómetros, entre Santiago y Puerto Plata, para la que se pretende gastar 300 millones de dólares en los próximos dos años, y que atravesaría la zona protegida que corresponde al monumento natural Saltos de la Tinaja, sin que exista siquiera un estudio de impacto ambiental.

Con esos 300 millones de dólares se podrían construir decenas de miles de viviendas de interés social, aliviando el agudísimo deficit de vivienda y respondiendo al problema de la vulnerabilidad en la que se encuentran cientos de miles de viviendas ante fenómenos como los huracanes y las tormentas tropicales, de cada vez mayor impacto debido al calentamiento global.

El PRM sigue aplicando el esquema del PLD, aumentar el tamaño absoluto y relativo de la deuda externa, dedicando cada año mayores recursos al pago de servicios de la deuda, mientras que los fondos provenientes de la deuda son inyectados directamente a los empresarios nacionales y transnacionales ligados al gobierno, en grandes obras sobrefacturadas, como ocurrió con las obras ejecutadas por Odebrecht y el Grupo Estrella, entre otras. Luego esa deuda, que alimentó la corrupción y el saqueo, se paga con recortes a la salud, la educación, los salarios y los servicios públicos.

El gobierno de los empresarios ha desatado su furia privatizadora. Le han puesto el ojo al Instituto Nacional del Cáncer (INCART), el Metro de Santo Domingo, el Teleférico, la OMSA, el servicio de agua con la modificación de la Ley 5994 del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), entre otros. Recordemos que el eufemismo privatizador de las alianzas público-privadas fue impulsado por el PLD, mediante la Ley 47-20 aprobada en febrero de este año y el PRM le ha dado continuidad, aprobando su reglamento. Pese a las promesas electorales no hay ningún «cambio» sustancial. Ante las expresiones generalizadas de repudio, el presidente salió a desmentir que haya planes de privatizaciones. Pero aunque él no las llame privatizaciones sino alianzas público-privadas, de hecho son privatizaciones y las debemos repudiar.

Las privatizaciones significan menos acceso a los servicios públicos, menos derechos para el pueblo trabajador. Para derrotar los planes privatizadores del gobierno de CONEP y la ANJES, para exigir que se atiendan las verdaderas prioridades populares en la definición de proyectos de infraestructura, para defender el ambiente y hacer valer nuestros derechos, es necesario que nos organicemos y movilicemos.