La Voz de los Trabajadores

Foto: Fran Afonso, operativo migratorio en la Maternidad Nuestra Señora de La Altagracia, 23 de abril de 2025

La mañana del lunes 22 de junio, dirigentes sindicales, activistas feministas, académicos y defensores de derechos humanos entregaron en el Palacio Nacional las 1,191 firmas, unas 70 de ellas correspondientes a organizaciones, que adhieren a una carta abierta al presidente Abinader exigiendo derogar el protocolo hospitalario implementado desde abril de 2025. Este protocolo, abiertamente racista e inconstitucional, ha tenido como consecuencia la detención de miles de mujeres haitianas embarazadas y puérperas, así como la muerte de Lourdia Jean Pierre, el 9 de mayo de 2025, la muerte de un bebé en el centro de detención migratoria de Haina, el 15 de noviembre de 2025, y la muerte de Linline Poleis, también en noviembre de 2025, claros crímenes de Estado. En los hechos, este protocolo ha derogado el derecho constitucional a la atención médica gratuita, imponiendo el cobro compulsivo a las personas extranjeras y convirtiendo a los hospitales en centros de detención migratoria con el objetivo de amedrentar a las personas de la clase trabajadora inmigrante haitiana para que no acudan a los hospitales, profundizando el régimen de apartheid.

A continuación el texto de la carta abierta:

Las personas y organizaciones abajo firmantes solicitamos dejar sin efecto el Protocolo Migratorio aplicado en hospitales públicos y retirar a los agentes de la Dirección General de Migración de hospitales, maternidades y centros de salud.

El Estado dominicano tiene la responsabilidad de gestionar la política migratoria, pero esa responsabilidad no debe convertir los centros de salud en espacios de control, intimidación o deportación. Una sala de partos no es lugar para implementar la política migratoria.

Los hospitales deben ser espacios de atención, protección y vida. Ninguna persona, y mucho menos una mujer embarazada, en labor de parto o en período de posparto, debería tener miedo de acudir a un centro de salud. Ningún recién nacido, niño o niña debería quedar expuesto a riesgos evitables por la situación migratoria o documental de su familia.

La presencia de agentes migratorios en centros de salud ya está generando consecuencias graves. Se han reportado casos de madres y recién nacidos fallecidos tras partos ocurridos fuera del sistema de salud e incluso en el Centro de Procesamiento de Migrantes de Haina.

Esta política contradice la legislación dominicana y pone en riesgo la salud pública de toda la población. Cuando el miedo aleja a familias de los servicios de salud, disminuye la vacunación infantil, se debilita la prevención de enfermedades transmisibles y se comprometen avances sanitarios que benefician a personas migrantes y dominicanas.

En un contexto de perfilamiento racial, estas medidas también afectan a personas dominicanas negras o de ascendencia haitiana que carecen de documentación. El miedo, la discriminación y las barreras de acceso a la salud no recaen únicamente sobre las personas migrantes: también amenazan los derechos de ciudadanos y ciudadanas dominicanos.

El derecho a la salud no puede depender de un documento.

Presidente Abinader: los dominicanos y dominicanas somos mejores que esto. Nuestro país no debe ser conocido por perseguir a mujeres embarazadas en hospitales ni por exponer a madres y recién nacidos a riesgos evitables.

Por todo lo anterior solicitamos:

-Dejar sin efecto el Protocolo Migratorio en Hospitales públicos y retirar a los agentes de la Dirección General de Migración de hospitales, maternidades y centros de salud.
-Garantizar que ninguna mujer embarazada, en labor de parto, en período de posparto o lactante, ni ningún recién nacido, niño, niña o adolescente, sea detenido, deportado, separado de su familia o privado de atención médica por razones migratorias o documentales.
-Asegurar el acceso oportuno, universal y sin discriminación a servicios esenciales de salud, especialmente durante el embarazo, el parto, el posparto, las emergencias médicas, la vacunación infantil y la atención neonatal, prohibiendo expresamente las prácticas de perfilamiento racial y la discriminación por nacionalidad.

Esta petición no desconoce la responsabilidad del Estado dominicano en materia migratoria. Lo que plantea es un límite claro: la gestión migratoria no puede realizarse dentro de los espacios destinados a proteger la salud, la vida y la dignidad humana. Preservemos los hospitales como espacios seguros de atención y cuidado.

Atentamente,

Personas y organizaciones firmantes

Texto de la carta abierta tomado de la página del Colectivo Migración y Derechos Humanos