Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

Mural: Kilia Llano

Entre el 16 y el 18 de enero se realizó en Santo Domingo el Foro Bicentenario por Reparaciones Afrodescendientes, con la participación de representantes de 19 países, en el marco del Decenio Internacional de los Afrodescendientes de la ONU. Una década después del lanzamiento de esta iniciativa, se puede constatar que en República Dominicana los años del decenio de la ONU coinciden con la consolidación de un régimen de apartheid, como consecuencia de la sentencia 168-13 y la ley 169-14 que desnacionalizaron a más de doscientas mil personas dominicanas de ascendencia haitiana, y otras políticas gubernamentales como las deportaciones masivas a partir de 2021, en el marco de una suspensión de hecho de las garantías constitucionales y la generalización de las detenciones arbitrarias basadas en el perfilamiento racial.

La “Declaración de Santo Domingo” emitida al cierre del Foro Bicentenario por Reparaciones Afrodescendientes no denuncia esas políticas del gobierno dominicano. Estamos de acuerdo con algunos puntos de la declaración, como la solidaridad con Haití y la denuncia de la intervención militar en ese país. También con la denuncia de las violaciones de derechos humanos en Ecuador y Colombia. Pero en relación con la política gubernamental racista en República Dominicana únicamente se denuncia el acoso a quienes defienden los derechos humanos, sin siquiera mencionar a los perpetradores de dicho acoso, que son el propio gobierno y sus aliados de ultraderecha.

Al exigir reparaciones por los crímenes coloniales, como el tráfico esclavista transatlántico, y sus secuelas históricas de marginación y explotación capitalista, debe estar claro que es una exigencia dirigida contra los gobiernos, tanto de los países imperialistas como ex coloniales, que más que cabildeo requiere enormes movilizaciones. Una discusión seria sobre reparaciones, en un régimen de apartheid como el dominicano, tiene que incluir la exigencia de desmantelar la discriminación racial institucionalizada, avanzar hacia la igualdad de derechos sociales, económicos y políticos, y poner fin al tráfico de personas, la represión racista y la superexplotación en la que incurren tanto el gobierno como capitalistas locales y foráneos, desmantelar los grupos paramilitares neonazis, y también pagar indemnizaciones a las víctimas de estos crímenes racistas de Estado recientes.

Reparación en República Dominicana es restituir la nacionalidad a todas las personas dominicanas de ascendencia haitiana desnacionalizadas por la sentencia inconstitucional 168-13, e indemnizar a las víctimas de esa política. Reparación es pagar las pensiones a todos los trabajadores cañeros retirados e indemnizarlos por el retraso de décadas en el pago de sus pensiones. Reparación es que haya justicia para las víctimas de linchamientos racistas como Jean Harry “Tulile” e indemnizaciones para los sobrevivientes y las familias afectadas. Reparación es que se detengan las expulsiones masivas y racistas de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana y se les otorguen indemnizaciones, que cesen los allanamientos sin orden judicial, las detenciones basadas en el perfilamiento racial, las separaciones de niños y niñas de sus familias, las detenciones de mujeres embarazadas, entre otros crímenes racistas que cotidianamente perpetra el gobierno dominicano. Especialmente deben ser indemnizadas las familias de las personas asesinadas por agentes policiales, militares y migratorios en el marco de las deportaciones masivas, así como las familias de las mujeres que han muerto por no poder dar a luz en hospitales como consecuencia del protocolo hospitalario ilegal de Abinader de abril de 2025. 

Ciertamente es importante que se paguen reparaciones por el esclavismo colonial, pero aún más urgente es poner fin al régimen de apartheid dominicano, que va acumulando innumerables crímenes con el paso del tiempo. Por ejemplo, es urgente poner fin al trabajo forzoso actual en la industria azucarera dominicana y garantizar que se respete la libertad sindical, así como brindar facilidades para la regularización de la comunidad inmigrante haitiana similares a las brindadas a los inmigrantes venezolanos, para así avanzar hacia la erradicación de la trata y tráfico de personas y el negocio corrupto de las deportaciones. Con una verdadera regularización migratoria sin discriminación racial, con la sindicalización y un reconocimiento oficial de que la comunidad inmigrante haitiana no es una carga sino que realiza un gran aporte económico, social y cultural, avanzaríamos hacia un ámbito de mayores libertades democráticas y la posibilidad de superar el neotrujillismo.

Es necesario además que el gobierno dominicano reconozca y presente su disculpa por el genocidio de 1937 perpetrado por el Estado dominicano, y restituya las tierras y propiedades robadas por funcionarios y simpatizantes trujillistas a personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana en la región fronteriza.

Uno de los mecanismos que se pueden emplear para el pago de reparaciones por parte de los países imperialistas es la anulación de las deudas externas de los países ex coloniales, y en el caso de Haití, además el pago de una indemnización por el cobro extorsivo realizado por Francia a cambio del reconocimiento de la independencia haitiana.

La primera realidad que enfrenta cualquier reclamo de reparaciones es que estamos ante un gobierno racista y negacionista. El gobierno niega que existan políticas racistas en la actualidad, niega que haya apatridia, niega que  las deportaciones masivas violen los derechos humanos, e incluso ha llegado a negar que haya habido esclavitud en la colonia española antes del establecimiento del Estado dominicano. Ni siquiera hay una conmemoración oficial de la abolición de la esclavitud de 1822 o del genocidio de 1937.

Los gobiernos y sus aliados utilizan el Decenio Internacional de Afrodescendientes de la ONU para lavarse la cara y encubrir sus políticas capitalistas de explotación y opresión. El balance del primer decenio 2015-2024 en República Dominicana es negativo y debemos encarar críticamente el nuevo decenio que inicia en 2025. Solo con una verdadera lucha política, en las calles, con la movilización y fortaleciendo la solidaridad entre los pueblos para confrontar a los gobiernos, se puede avanzar hacia las necesarias reparaciones, la justicia y la dignidad para las comunidades afrodescendientes en República Dominicana y toda Latinoamérica y el Caribe.