La Voz de los Trabajadores

Poco después de medianoche, la madrugada del martes 8 de abril, colapsó el techo de la discoteca Jet Set, en el Distrito Nacional, dejando más de 200 fallecidos y alrededor de 200 heridos. Cientos de rescatistas se han movilizado para sacar de los escombros a las víctimas en un esfuerzo desesperado. Se trata de un nuevo desastre que subraya la irresponsabilidad empresarial y gubernamental que impera en el país, así como la impunidad que protege a los poderosos. El propietario de la discoteca es un acaudalado capitalista de los medios de comunicación con vínculos publicitarios con los gobiernos de las dos últimas décadas.

Familiares de las víctimas han exigido que se investiguen las causas del desastre y se establezcan responsabilidades para que no quede en la impunidad, como tantos otros casos similares. También han denunciado que no existen mecanismos para agilizar el reconocimiento de las personas fallecidas, señalando la improvisación y desorganización de las autoridades.

Un desastre con responsables económicos y políticos

Un sobreviviente narró que cayó agua “en el centro de la pista” y después vio caer “una arenita” del techo poco antes de colapsar. Otros han narrado que en otra área de la discoteca empezaron a caer pedazos del techo pocos segundos antes de colapsar completamente. Incluso hay testimonios de trabajadores y videos que muestran fragmentos de techo cayendo días antes del desastre. Publicaciones en redes del ingeniero civil José López indicarían que desde fines del año pasado existe evidencia fotográfica de grietas en elementos estructurales como vigas y columnas ubicados sobre la tarima de Jet Set, y la aparente acumulación de capas de agregados finos de hormigón en el techo para lidiar con las filtraciones, incorporando un peso enorme por una «carga muerta no prevista en la estructura».

En julio de 2023 la discoteca se incendió. Según la versión de la empresa, un rayo afectó una planta eléctrica, lo cual confirma que el techo soportaba este tipo de equipos de generación de energía, además de equipos de aire acondicionado, de amplificación, iluminación, entre otros. Una imagen de Google Earth correspondiente a diciembre de 2024 muestra varios equipos de grandes dimensiones sobre el techo de la discoteca.

La discoteca además había sido sometida a remodelaciones en marzo de 2010 y a fines de 2015 y había sido declarada por el Ministerio de Cultura como “Espacio físico seguro para la promoción y difusión del merengue” en 2010. Se desconocen los criterios empleados por el Ministerio de Cultura para evaluar espacios físicos.

El presidente Abinader se dirigió al lugar del desastre la mañana del martes y dijo que oraría por las familias afectadas. Durante la visita presidencial se generó una gran tensión y familiares de las víctimas reprocharon al presidente y su escolta por entorpecer las labores de salvamento al saturar espacios usados por los socorristas: “Que se tiren fotos para allá, pero aquí no”, le exigieron al mandatario. Ni el presidente ni otras autoridades que se han presentado en el lugar, como la procuradora general Yeni Berenice, se han pronunciado acerca de la necesidad de investigar las causas del desastre y sancionar ejemplarmente a los responsables. El propietario de la discoteca, Antonio Espaillat, dueño de decenas de medios de comunicación, agradeció al presidente en un video grabado, presuntamente desde EEUU. En los medios de Espaillat se habla abiertamente de «no cuestionar a nadie» por su responsabilidad en el desastre y recurrir a la religión, incluso describiendo el colapso del techo como un fenómeno.

Vecinos de la discoteca ubicada en la avenida Independencia denunciaron la impunidad con la que la empresa generó durante décadas una gran contaminación sónica, por el alto volúmen de la música y el inadecuado aislamiento sonoro del local. “Hemos ido a la fiscalía (porque) los niveles de sonido sobrepasan el límite (legal)… ¿y qué dicen? Que esta es una discoteca marca país”, explicó una vecina al referirse a la inacción de las autoridades. Vecinos y ambientalistas alertaron que el alto volúmen permanente pudo incidir en el desastre al debilitar las estructuras.

El actual presidente del CODIA, Carlos Eligio Mendoza, también señaló la acción de las vibraciones por el alto volúmen de la música, atribuyendo la causa determinante del colapso a fallas visibles en los elementos estructurales de la discoteca, como muros, vigas y columnas, a lo que se suma que hubo denuncias de filtraciones en el techo. También señaló posibles fallos de diseño. Pidió al gobierno que la Comisión de Evaluación de Infraestructuras Públicas, creada luego del colapso del muro de la avenida 27 de febrero que mató a 9 personas en noviembre de 2023, abarque también la inspección de edificaciones privadas. Sin embargo esa comisión ni siquiera ha publicado el informe sobre el estado de puentes y túneles del país, que debía publicarse en un plazo de seis meses, en mayo de 2024. En cuanto al CODIA, un techo de su propia sede, en la zona colonial de Santo Domingo, colapsó en junio de 2022.

Un símbolo del «milagro económico dominicano»

Las entradas para el concierto de Rubby Pérez, la noche del desastre, costaban 2,000 y 2,500 pesos. El afamado cantante y varios músicos de su banda fallecieron en el desastre. La discoteca Jet Set había iniciado su actividad comercial en 1973, durante la dictadura de Joaquín Balaguer, en un local que antes había sido una sala de proyección de cine.

Con los años el emporio empresarial fue creciendo. Al momento de la escandalosa quiebra corrupta de Baninter en 2003, el banco era copropietario del grupo RCC junto a Antonio Espaillat, si bien Espaillat alega que era “accionista de buena fe”, sin relación con las irregularidades del banco. Durante el gobierno de Leonel Fernández, a quien Espaillat define como su “amigo”, el empresario adquirió la participación accionaria del grupo Baninter en varias emisoras. También es dueño del restaurante Jalao y fue presidente de la ONG Save the Children. Es dueño de más de 50 estaciones de radio y canales de televisión y este año recibió un reconocimiento corporativo como director ejecutivo.

El gobierno del PRM ha firmado numerosos contratos de publicidad con las empresas de ese emporio mediático, con importantes inversiones de instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El Consejo del Poder Judicial también ha contratado publicidad de ese grupo de medios. A fines de 2024, el INTRANT anunció una “alianza” con RCC Media para emitir un programa acerca del tránsito. En diciembre de 2023, el propio presidente Abinader ofreció una entrevista para el estreno de una cabina en una de las radios de Espaillat.

Lamentablemente estos desastres son frecuentes en la República Dominicana, por las prácticas inescrupulosas empresariales y gubernamentales. La cantante Tokischa Peralta señaló que lo ocurrido no fue un accidente sino “el resultado de una cadena de negligencias. Esto es lo que pasa cuando se permite operar a cambio de sobornos o conexiones” y exigió que “los empresarios que abren puertas sin tener condiciones mínimas también enfrenten consecuencias. Lo que pasó hoy le puede pasar mañana a cualquiera de nosotros en tantos edificios que hay derrumbándose sin inspección o remodelación”.

El Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores (MST) se solidarizó con las víctimas y sus familias y se sumó a las exigencias de que la responsabilidad criminal del gobierno y los empresarios no quede nuevamente en la impunidad.

El desastre de Jet Set es un síntoma de la deriva del país. Mientras los gobiernos del PLD y el PRM se han jactado, año tras año, del acelerado crecimiento económico de las últimas décadas, han ignorado los problemas estructurales que se siguen acumulando en una sociedad profundamente desigual y con un régimen autoritario y brutal. El año pasado, el presidente Abinader incluso declaró que la República Dominicana ya no era un país tercermundista porque tenía «ingresos medios». Sosteniendo una fachada de éxito, celebración tras celebración, un gobierno empresarial tras otro nos han conducido al desastre.

La impunidad capitalista como marca país

La declaración del presidente del Senado, el perremeísta Ricardo de los Santos el día después del desastre resulta muy ilustrativa del clima de impunidad imperante: «En algún momento tenemos que sentarnos a repensar para evitar que un hecho como este se repita».

En octubre del año pasado, el ex presidente del Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) Dionisio Navarro, denunció el incumplimiento de “las leyes, normas, reglamentos y ordenanzas… debido a la falta de seguimiento a los procesos constructivos que garanticen una adecuada supervisión, fiscalización y mantenimiento de las obras”, y recordó que “es común observar el colapso de diferentes tipos de obras, tales como edificios, escuelas, viviendas, puentes, calles, pasos a desnivel, entre otras.. así como también excavaciones profundas o soterradas sin protección”. Navarro destacaba en su artículo la responsabilidad de instituciones como el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Vivienda, Habitat y Edificaciones (MIVHED), el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y las alcaldías en la revisión de los proyectos y la supervisión de su ejecución. También señalaba que son necesarios mecanismos de inspección y fiscalización del mantenimiento de las obras una vez construidas. Todo esto evidencia la responsabilidad de los sucesivos gobiernos en todos los desastres relacionados con la infraestructura en el país.

Pese a que las instituciones pueden ser sometidas a la justicia por su responsabilidad civil en estos desastres, la desconfianza en la justicia capitalista, que es cara y favorece la impunidad, lleva a muchas personas a no recurrir a ella.

El desastre de Jet Set es el más grave de este tipo que ha sufrido el país, pero tiene terribles y numerosos antecedentes. La negligencia e impunidad empresarial también nos legó la explosión de Vidal Plast en San Cristóbal en 2023, generada en la empresa de un alto funcionario de la Presidencia de la República, que mató a 38 personas e hirió a más de 60; el ya mencionado derrumbe de un muro en la avenida 27 de febrero que mató a 9 personas en noviembre de 2023, y el desastre de Polyplas-Propagas de diciembre de 2018 en Villas Agrícolas, que mató a ocho personas y dejó más de cien heridos. En noviembre de 2010 se incendió el almacén del Programa de Medicamentos Esenciales (Promese), dejando nueve víctimas mortales. Antes, en marzo de 2005, 137 reclusos murieron en un incendio en la cárcel de Higüey, hacinada al triple de su capacidad.

También hay antecedentes de negligencia empresarial en discotecas con consecuencias mortales, como la muerte de nueve personas en la discoteca Jazzys, en noviembre de 2006, en Santo Domingo Este, como consecuencia de un incendio. En el caso de la discoteca Jazzys, al empresario José Gilberto Pérez se le dictó un año de prisión preventiva, pero la norma ha sido que no se establezcan responsabilidades en este tipo de casos. ¿Se impondrá nuevamente la impunidad?

Actualización, 11 de abril: Horas después de la publicación de este trabajo, en la tarde del 10 de abril, unas 60 horas después del colapso del techo de la discoteca Jet Set, el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, anunció que el gobierno realizará una investigación.
Sin embargo, el discurso oficial apunta a un compromiso con la impunidad: según Figueroa, «todos somos víctimas (…) también nosotros como Estado, como gobierno (…) Nadie quiere que algo así ocurra».

Si «todos» somos víctimas, nadie es responsable. Evidentemente, el gobierno no puede investigarse a sí mismo imparcialmente. Es necesario que se realice una verdadera investigación independiente que establezca la responsabilidad empresarial y la de los gobiernos por no fiscalizar las remodelaciones de la discoteca a lo largo de los años, por no tomar ninguna medida para supervisar la seguridad de este tipo de establecimientos, e incluso por posibles hechos de corrupción vinculados a esa negligencia. Es falso que el gobierno sea una víctima en este caso y es irrelevante lo que los empresarios y funcionarios implicados «quieran que ocurra»: su responsabilidad debe establecerse y sancionarse ejemplarmente.