La Voz de los Trabajadores

Foto: Militarización de San Francisco de Macorís

El gobierno derechista del PRM militarizó la ciudad de San Francisco de Macorís el 24 lunes de marzo y dos días después también militarizó Friusa, en el distrito municipal turístico Verón-Punta Cana. En el primer caso, para intentar aplastar el paro de los días 25 y 26 de marzo, convocada por varias organizaciones, entre ellas el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), y en el segundo en apoyo a la marcha fascista convocada para el día 30 de marzo por la organización paramilitar Antigua Orden Dominicana (AOD) contra la comunidad inmigrante haitiana.

El gobierno suele reaccionar a los reclamos sociales con grandes despliegues policiales y militares, aunque la militarización de San Francisco de Macorís fue más exagerada de lo habitual, con más de mil soldados en las calles y helicópteros sobrevolando las comunidades. Los reclamos sociales se centraban en la ejecución de obras postergadas por el gobierno como la terminación del hospital de especialidades y el hospital regional, así como obras viales y de infraestructura.

Mientras transcurría el segundo día de la paralización en San Francisco de Macorís, que el gobierno no logró evitar, se iniciaba otra militarización, pero esta vez en apoyo a la convocatoria a una marcha armada por parte de los neonazis de la AOD, con el apoyo del PLD, Ramfis Trujillo y la FNP y otros grupúsculos de la ultraderecha criolla, todos cuestionados no solo por sus posiciones antidemocráticas sino también por estar envueltos en numerosos escándalos de corrupción. Un comunicador vinculado al movimiento neonazi llamó a sus fanáticos a acudir armados el 30 de marzo a la comunidad de Friusa. El gobierno no solo autorizó esta acción ilegal, además desplegó cientos de militares del Ejército y la Armada desde el 26 de marzo en Verón-Punta Cana, y tiene previsto dotar a la marcha fascista de una amplia escolta policial.

Resulta evidente que las consignas de la marcha fascista coinciden con la política de deportaciones masivas del PRM y sus teorías conspirativas sobre un supuesto plan internacional para implementar una «salida dominicana a la crisis haitiana». Más allá de sus diferencias, el gobierno y la ultraderecha tienen una coincidencia estratégica en la defensa y promoción de un régimen de discriminación racial.

En cuanto al militarismo del gobierno, no es nuevo. El presidente Abinader se ha jactado frecuentemente de haber realizado el mayor gasto en equipamiento militar desde la dictadura de Trujillo. Además, ha aumentado el gasto militar nominalmente en un 92% en los últimos cinco años, pasando de $RD 33.2 mil millones en 2020 a $RD 63.9 mil millones este año. Con este presupuesto se ha financiado proyectos delirantes como el muro fronterizo, cuyos gastos de diseño y ejecución, equipamiento y demás fueron definidos por el decreto 276-1 como de “emergencia” y secreto de Estado, enterrando las pretensiones de transparencia gubernamental. La obra, de inspiración trumpista y neotrujillista, tiene muy poca utilidad para prevenir la llegada de inmigrantes, que es su objetivo declarado, pero tiene importancia simbólica para la ultraderecha y sirve para aumentar de forma permanente el gasto militar, pues requiere patrullaje, reparaciones, renovación periódica de la tecnología de vigilancia, entre otros gastos. 

Como puede observarse, la tendencia militarista del gobierno, sustentada en un discurso xenófobo y racista, no responde a la necesidad de defenderse de ninguna amenaza externa sino a los objetivos de incrementar el clientelismo y la corrupción, brindar triunfos simbólicos a sectores de la ultraderecha, afianzar el apartheid y engordar un aparato para la represión de la clase trabajadora. Todo ello mientras, llamativamente, renuncia al monopolio estatal de la fuerza represiva al alentar el paramilitarismo neonazi.