Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

El 2 de octubre se conmemoraron 87 años del discurso en el que Trujillo anunció desde Dajabón la política de exterminio contra la población haitiana y dominicana de ascendencia haitiana, que ya venía ejecutándose desde fines de septiembre y que se prolongaría hasta mediados de 1938, conocida como El Corte o la Masacre del Perejil. Esta campaña genocida dejó a miles de personas asesinadas, heridas y forzosamente desplazadas. En la actualidad, el gobierno de Abinader recicla la teoría conspirativa empleada por el trujillismo para dar una cobertura ideológica a aquel genocidio: presenta a la clase trabajadora de origen haitiano como una amenaza para la soberanía. Además, escogió precisamente el 2 de octubre para anunciar desde la sede del Ministerio de la Defensa al país una campaña de limpieza étnica, con el incremento del ritmo de detenciones arbitrarias y expulsiones masivas, estableciendo una cuota de diez mil expulsiones por semana. Este anuncio forma parte de una convergencia entre el gobierno y organizaciones paramilitares de ultraderecha que vienen exigiendo que se profundice la persecución racial en el país.

El gobierno lanza esta ofensiva confiado en el capital político obtenido en las elecciones de mayo y al mismo tiempo para distraer de los escándalos de corrupción y su brutal ataque a los derechos democráticos del pueblo dominicano. En las últimas semanas el gobierno ha anunciado la destrucción de la conquista social del 4% del PIB para la educación, al fusionar el MINERD con el Mescyt sin aumentarle el presupuesto; ha anunciado una reforma constitucional antidemocrática que reduce la representación proporcional en el Congreso, y se prepara para imponer una brutal contrarreforma tributaria para que la clase trabajadora pague más impuestos mientras se sostienen las exenciones a la clase capitalista, así como una contrarreforma laboral antiobrera. Para avanzar en esa agenda, el gobierno pretende manipular y exaltar los prejuicios raciales de los sectores más atrasados y trujillistas del pueblo dominicano. Irónicamente, mientras agita un falso concepto de soberanía, el gobierno lesiona la soberanía subordinándose al imperialismo estadounidense, apoyando la invasión sionista de Palestina y el Líbano, entregando los depósitos de tierras raras de Pedernales a EEUU, multiplicando las concesiones mineras a Barrick Gold, Gold Reserve y Unigold, o permitiendo acciones extraterritoriales de la justicia estadounidense en territorio dominicano, entre otras acciones antinacionales. De esos hechos, nada dicen los falsos nacionalistas de la ultraderecha.

El contexto de esta política incluye además la presión de la ultraderecha neofascista. La organización neonazi y trujillista autodenominada Antigua Orden Dominicana (AOD) realizó una pequeña marcha el 27 de septiembre exigiendo al gobierno una aceleración de las expulsiones masivas. En la marcha participaron influencers de ultraderecha financiados por el gobierno a través de sus enormes partidas de publicidad, lo que refleja que además de ser una pesada carga para el pueblo dominicano dichos personajes no han surgido espontáneamente sino que son voceros orgánicos de una política estatal. En menos de 48 horas, el gobierno hizo una importante concesión política a los neonazis, al destituir al director de la DGM, cuya trayectoria en el cargo estuvo plagada de brutales violaciones a los derechos humanos, pero para sustituirlo por alguien incluso más cuestionado, el vicealmirante Ballester Lee, quien ha sido interrogado en varias ocasiones por su presunta participación en la desaparición forzosa del periodista de izquierda Narcisazo González. Es este un insulto a la memoria de una de las víctimas de Balaguer, por parte de un presidente que se comparó con Balaguer en la campaña por su reelección.

El 1 de octubre, la ministra de Interior y Policía Faride Raful anunció la creación de una dirección con cinco departamentos y 15 divisiones para la implementación del decreto 668-22, promulgado hace dos años, que autoriza la expulsión de personas «extranjeras» que vivan en terrenos de propiedad privada o estatal, quedando prohibido su regreso al país de por vida. Este decreto, que supone un tratamiento diferenciado racialmente y viola el principio de igualdad ante la ley, en vez de simplemente aplicar la legislación previamente existente en materia de propiedad de la tierra. El paso dado por la ministra es muy grave pues permitirá al gobierno atacar comunidades donde viven miles de personas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana desnacionalizadas y en situación de apatridia, como los bateyes ubicados en tierras del CEA o de empresas azucareras privadas.

El anuncio público de la fijación de una cuota de 10 mil expulsiones semanales confirma que el gobierno viene trabajando desde hace tiempo con un sistema de cuotas, da continuidad al estado de excepción de hecho y autoriza a la DGM para que viole las leyes y la Constitución realizando allanamientos sin orden judicial, deteniendo arbitraria y masivamente a personas negras, y que estas violaciones a los derechos humanos tienen una responsabilidad en toda la cadena de mando, comenzando por la presidencia de la República. Con ese método ilegal y violatorio de los tratados de derechos humanos suscritos por el Estado dominicano se han logrado récords de deportaciones en los últimos tres años y se pretende lograr un nuevo récord en 2024. Si bien las detenciones arbitrarias y expulsiones masivas no impiden a las familias trabajadoras haitianas regresar y reunificarse, indudablemente incrementan la opresión y la violencia que forma parte del régimen de apartheid imperante en el país.

Con sus concesiones, el gobierno envalentona a la AOD, lo que constituye un gran peligro para el pueblo dominicano, no solo para la comunidad trabajadora inmigrante. La agrupación es ampliamente conocida por sus amenazas de muerte contra periodistas, organizaciones de defensa de derechos humanos y por sus actividades paramilitares, participando junto a la Policía Nacional en la represión de manifestaciones de izquierda e incluso realizando labores de patrullaje y secuestrando personas negras con total impunidad. La PGR ha jugado un papel muy importante, bajo las gestiones de Jean Alain Rodríguez y Miriam Germán, brindando impunidad a esta organización paramilitar, y autoridades locales del PRM han financiado y empleado a integrantes de esta organización.

Se ha anunciado una nueva manifestación neonazi para el 5 de octubre en la Plaza de la Bandera. La única forma de frenar este avance del fascismo paramilitar y el neotrujillismo gubernamental es mediante la organización y la movilización popular. Por eso reiteramos el llamado que hicimos a las organizaciones populares y obreras, ante las marchas fascistas impulsadas por el Instituto Duartiano junto a la AOD en el año 2022, a realizar una gran movilización nacional contra el fascismo y el racismo.

¡Basta de deportaciones masivas, regularización ya! 

¡Basta de apatridia y desnacionalización! 

¡Justicia para Narcisazo! 

¡No a las reformas antidemocráticas de Abinader!

¡Unidad popular y obrera en las calles contra el neotrujillismo, el fascismo y el racismo!