La Voz de los Trabajadores

Imagen: Kilia Llano

El ministro de Salud, Víctor Atallah, se sumó al coro de críticas derechistas en las redes sociales contra un programa educativo dirigido a la prevención de la violencia contra las mujeres, al anunciar el viernes 21 de junio su suspensión indefinida y revisión. El ministro alegó que no había autorizado el programa y usó a la terminología de la extrema derecha al invocar una supuesta defensa de «los valores de la familia dominicana«. Raquel Arbaje intervino en el debate público para apoyar la suspensión del programa, alegando que «esas no son las líneas que aprueban las políticas de atención a uniones tempranas y embarazos en adolescentes». Organizaciones feministas como CUDEM señalaron que la suspensión viola lineamientos constitucionales y de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo 1-12, que ordenan incorporar enfoques de género para prevenir la discriminación hacia las mujeres y promover la igualdad. El Foro Feminista Magaly Pineda criticó que la decisión del ministro se basara en «comentarios de grupos fundamentalistas que tergiversan conceptos sacándolos de contexto».

La campaña de la extrema derecha, secundada por el ministro, pretendió escandalizar utilizando una foto de una publicación del Ministerio de Salud en las redes sociales, en la que se mostraba la realización del taller «De joven a joven». En la imagen aparecía parte del título «»Hombre/mujer no nacen, se hacen: Construcción social del género y las identidades». Los derechistas afirmaron que se confirmaba una de sus más temidas teorías conspirativas, la de un supuesto plan «globalista» para confundir a las personas jóvenes en materia de identidad sexual y de género. En realidad, el título hace a una famosa frase de la filósofa feminista francesa Simone de Beauvoir, contenida en el libro «El segundo sexo», publicado en 1949, muchas décadas antes de que se inventara la teoría conspirativa de la supuesta «ideología de género». La frase reza: «No se nace mujer, se llega a serlo». La autora del antiguo texto no se refiere a que no nazcan personas de sexo femenino, sino a que todas las connotaciones sociales y culturales de lo que significa ser mujer se adquieren en la vida social, no se nace con ellas. La idea, innovadora en su momento, ya no es controversial en círculos académicos, aunque es atacada por sectores ultraconservadores que afirman que es «natural» que las mujeres sean «sumisas» o se encarguen solas de las tareas domésticas. En vez de realizar una aclaratoria sencilla y explicar por qué este tipo de educación es muy importante para prevenir la violencia contra las mujeres, incluso defendiendo del escarnio público a las educadoras que aparecen en la foto cuestionada, el gobierno derechista del PRM se sumó a la vulgar campaña de la derecha contra la educación, favoreciendo una vez más la violencia y la discriminación contra las mujeres.

El contexto en el que el gobierno decide atacar la educación para prevenir la violencia es preocupante. El 11 de junio el presidente Abinader había intentado evadir la responsabilidad al gobierno ante la ola de asesinatos de mujeres por parte de sus parejas o familiares, alegando que «las causas de esos feminicidios van más allá de la acción de un gobierno y es un tema con el cual todos los gobiernos estamos luchando» (sic). Comentando el asesinato de una mujer por parte de su esposo policía, el presidente afirmó que había «muchas campañas incluso desde las escuelas, pensando en tener otra mentalidad». La suspensión de uno de los pocos programas educativos en materia de prevención demuestra el nulo compromiso con políticas para erradicar la violencia contra las mujeres.

La inversión del gobierno en la prevención de la violencia contra las mujeres e intrafamiliar es de menos de 30 pesos anuales por mujer en el país. Si el gobierno tuviera algún interés en aminorar la violencia, invertiría mucho más. Claramente tiene otras prioridades, como otorgar exenciones fiscales a los capitalistas y alimentar sus grandes negocios.

Además de su responsabilidad por omisión, el gobierno es responsable directo de promover diversas formas de violencia contra las mujeres. Por ejemplo al impulsar un proyecto de Código Penal que criminaliza la interrupción voluntaria del embarazo, cuando obstaculiza la libertad sindical, propiciando la violencia en los lugares de trabajo, o cuando impulsa campañas de odio contra mujeres trabajadoras haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana.

Vuelve la campaña de odio del gobierno contra las mujeres haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana

El 26 de junio, en la misma línea de promoción de la violencia contra las mujeres, el director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, aseguró que toda la atención médica a personas «de origen haitiano» ronda «entre 10 mil y 15 mil millones de pesos» anuales, destacando a las mujeres embarazadas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. El mismo funcionario afirmó en el año 2022 que el Estado dominicano gastaba 10 mil millones de pesos únicamente en atención de partos de mujeres inmigrantes haitianas. Esta vez, la cifra incluiría todas las atenciones médicas a las personas inmigrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana, incluyendo rubros como atención ambulatoria, cirugías y hospitalizaciones. Si se comparan ambas cifras y se toma en cuenta la inflación acumulada en estos años, habría que concluir que la inversión estatal en la salud de la comunidad inmigrante ha disminuido. Pero el funcionario concluye lo contrario, que se trata de una «gran carga». Es evidente que el funcionario Mario Lama está especulando con las cifras y no sabe de lo que habla. Sin embargo, estas declaraciones que definen a las personas inmigrantes como una «carga», y particularmente a las mujeres a las que los funcionarios derechistas se refieren despectivamente como «parturientas», han sido con frecuencia el anuncio de campañas de violencia y ataques de policías, militares y agentes migratorios contra las mujeres haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana. Entre fines de 2021 y la actualidad, miles de mujeres embarazadas haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana han sido detenidas ilegalmente en los hospitales y sus alrededores.

Una investigación realizada por el MST demostró que ninguno de los cálculos que existen sobre la inversión estatal en la atención a partos de mujeres inmigrantes haitianas y dominicanas de ascendencia haitiana alcanzaba los 500 millones de pesos en el año 2023, lo que representaba menos del 0,3% del presupuesto de salud pública. Se demostró que este gasto relativamente pequeño se cubre con los impuestos que paga la propia comunidad inmigrante haitiana y también se demostró que es el propio gobierno el que atenta contra la salud pública al incumplir la Ley 1-12, asignándole alrededor de la mitad del monto que ordena la ley, que es el 4% del PIB.