La Voz de los Trabajadores

El narcodiputado del PRM Miguel Andrés Gutiérrez se declaró culpable de delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero en EEUU, luego de llegar a un acuerdo con la fiscalía del Estado de Florida a fines de diciembre. El acuerdo negociado le permitiría cumplir una condena de alrededor de cinco años y medio de cárcel, según diferentes reportes de prensa, pese a que la tipificación de sus crímenes acarreaba una posible condena de cadena perpetua. Su hermano, Miguel Emilio Gutiérrez, ya se había declarado culpable en la misma causa.

El narcodiputado Gutiérrez admitió que formó parte de una red de distribución de drogas entre República Dominicana y Colombia entre 2014 y 2020, cuando fue electo diputado por el PRM, siendo el diputado más votado por la provincia de Santiago. Habría utilizado sus barcos mercantes y yates para esta actividad. El acuerdo al que llegó con las autoridades incluye pasar a ser un informante de las autoridades yanquis y devolver propiedades adquiridas con dinero proveniente del narcotráfico. El gobierno estadounidense entregaría al Estado dominicano la mitad de los bienes incautados a Gutiérrez, lo que según distintos cálculos publicados en la prensa podría oscilar entre dos y trece millones de dólares.

Detenido en mayo de 2021, Gutiérrez había intentado ser declarado mentalmente incompetente para evadir el juicio, maniobra que parecía haber funcionado cuando logró un dictamen judicial en esa dirección en mayo, de 2022, pero un mes más tarde se le declaró nuevamente apto para enfrentar el juicio. Antes de su incursión en el narcotráfico, ya Gutiérrez y su empresa de construcción habían sido sometidos a la justicia dominicana por crímenes ambientales en 2010.

El PRM, ante la detención del narcodiputado, había declarado a través de twitter el 18 de mayo de 2021 “su apego a la Ley, (…) la institucionalidad y el Estado de derecho”, alegando que las conductas criminales “no representan en absoluto nuestros valores como organización política” y que quienes incurrieran en violaciones a la ley enfrentarían un proceso disciplinario para su expulsión del partido. El presidente Abinader declaró en aquel momento sobre el caso del diputado escuetamente que “cada quien que pague por sus hechos”, y en una entrevista posterior afirmó en relación al caso tener “amigos pero no cómplices”. Sin embargo, ni la prensa ni las redes sociales del PRM reflejan que dicha expulsión se haya concretado.

Reportes de prensa indican que antes de anunciar sus aspiraciones electorales en 2018, Gutiérrez “no tuvo carrera política”, apenas se le conocía como supuesto empresario inmobiliario y de la contrucción, sin embargo ganó la diputación “fácilmente” al invertir “gran cantidad de dinero en su campaña”. “Su poder económico, así como su influencia en Santiago, hizo que algunos sectores dentro del PRM lo comenzaran a perfilar como un candidato a alcalde para las elecciones municipales del 2024”, refleja una nota del periódico de derecha Listín Diario, del año 2021. Gutiérrez incluyó una abultada fortuna en su declaración jurada al juramentarse como diputado.

A mediados de abril de 2023, casi dos años después de la detención de Gutiérrez y pocos días después de que concluyera la visita al país de la subsecretaria de Estado estadounidense Wendy Sherman, el PRM solicitó al presidente de la Cámara de Diputados, el diputado perremeísta Alfredo Pacheco, la destitución de Gutiérrez. Una semana dspués, se anunciaba que se nombraría a un instructor de la causa en el Consejo de Disciplina de la Cámara de Diputados, pero esta instancia, también presidida por un diputado del PRM, ni siquiera inició el juicio disciplinario correspondiente, pese a que obviamente Gutiérrez incumplía desde 2021 con la obligación legal de asistir a al menos el 70% de las sesiones parlamentarias Tampoco se han anunciado investigaciones de la JCE o la PGR para establecer si Gutiérrez hizo donaciones de dinero de origen ilícito al PRM, además del invertido en su propia campaña para diputado. La impunidad sigue reinando en el país.

Apenas a fines de septiembre de 2023, a dos años y cuatro meses de su detención, Gutiérrez renunció a su cargo de diputado, y en octubre fue nombrada su sustituta.

Tal y como reseñó La Voz de los Trabajadores, hubo otros casos similares en el PRM en estos años: “Juan Maldonado Castro, director de Comunidad Digna y ex diputado, fue detenido por narcotráfico en el marco de la Operación Falcón, en septiembre 2021. También fueron detenidos Yamil Abreu Navarro, ex director de la junta municipal de Las Lagunas en Azua; Melvin Martínez, aspirante a regidor detenido en 2020; más tarde Boanerges Sánchez, ex candidato a senador, vinculado a red de César Peralta alias “el abusador”; la diputada Rosa Pilarte y su esposo Miguel Arturo López, entre otros casos”.