Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores

El gobierno anunció el 26 de octubre su “Pacto Nacional ante la actual situación de crisis en Haití”, un documento político suscrito por 28 partidos que en su mayoría son aliados del PRM, así como algunos intelectuales con cargos en el gobierno. El documento no logró el consenso partidista que se proponía, pues no lo firmaron partidos como el PLD, FP y PRD. Además, se hizo público justamente en pleno retroceso de la política con la que se intentó detener la construcción de un canal de riego haitiano en el río Dajabón o Masacre. Es importante construir desde la izquierda una oposición a los ejes del documento: la intervención imperialista en Haití y la persecución racista hacia la comunidad inmigrante haitiana y dominicana de ascendencia haitiana.

Reiterativo y con no pocos errores de redacción, el documento recicla teorías conspirativas de Trujillo, Balaguer y la extrema derecha actual, al presentar a la comunidad inmigrante haitiana y a la nación haitiana como una amenaza para la seguridad nacional y la “integridad territorial y demográfica” dominicana.

El texto promueve la intervención extranjera en Haití, recrudecer la política de expulsiones colectivas y masivas de inmigrantes haitianos con la participación de la Policía Nacional, los militares y agentes de inteligencia; continuar utilizando al CONANI para la expulsión de menores de edad no acompañados; finalizar la construcción de la verja fronteriza y continuar con las medidas para garantizar el control unilateral de las aguas de los ríos binacionales. También se plantea constituir un Instituto de relaciones domínico-haitianas, elaborar un libro blanco para que oriente el discurso de las misiones diplomáticas dominicanas, el establecimiento de oficinas de intermediación laboral segregadas racialmente, para atender únicamente a trabajadores dominicanos; profundizar el régimen de propiedad fronteriza para excluir a inmigrantes haitianos de poder adquirir tierras o bienes, promover la instalación de empresas dominicanas en zonas francas haitianas siguiendo el ejemplo de CODEVI, reubicar y cercar los mercados fronterizos, invertir en la mecanización agropecuaria para reducir la contratación de trabajadores haitianos, y eximir de impuestos como el ISR a los capitalistas agroindustriales por una década, supuestamente para alentar estas inversiones.

Aunque algunas medidas aisladas no son negativas, como la supuesta intención de construir tres hospitales en territorio haitiano y supervisar que los trabajadores haitianos con visa vigente gocen de los mismos derechos laborales que los trabajadores dominicanos, es poco creíble que se lleven a cabo. Es sabido que el gobierno ni siquiera cumple con la inversión mínima legal en salud pública del 4% del PIB, y hemos visto al gobierno defender el trabajo forzoso que impone Central Romana contra trabajadores inmigrantes haitianos, así como su negativa a pagar las pensiones adeudadas a miles de trabajadores cañeros haitianos retirados, quienes aportaron a los fondos de la seguridad social durante décadas. Si se quisiera garantizar sus derechos laborales, el primer paso que daría el gobierno sería respetar sus derechos adquiridos y su derecho a la sindicalización.

Luego de la primera reunión para impulsar este acuerdo, en marzo de este año, alertamos desde el MST que el gobierno culpaba “a la comunidad trabajadora haitiana de la “desnacionalización de los mercados laborales”, la “sobrecarga de servicios públicos esenciales”, el “rezago de la modernización y tecnificación de áreas de producción estratégicas” y (de ser) una supuesta amenaza a la “seguridad nacional”… Con su agitación racista y xenófoba el gobierno ha buscado ganancias político-electorales en el corto plazo y abonado a la consolidación de un régimen de apartheid… se ha incitado a las acciones de grupos neonazis en coordinación con la Policía Nacional, así como expulsiones y linchamientos por parte de hordas fanatizadas y racistas en comunidades rurales…”.

Ya el 13 de enero de 2022 el gobierno emitió una declaración conjunta llamando a EEUU, Francia, Canadá y la Unión Europea al “rescate de Haití”. El documento del 26 de octubre no solo fue suscrito por la derecha, también tuvo algunas firmas de organizaciones de centroizquierda como Alianza País, Frente Amplio, Alianza por la Democracia y Movimiento Izquierda Unida. Lamentamos esa posición, contraria a las tradiciones de la izquierda socialista, que es por sus principios antirracista e internacionalista.

Las medidas contempladas por el pacto antihaitiano de Abinader, incluso si se concretan, no traerán nada positivo para el pueblo dominicano. No disminuirán el desempleo ni mejorarán la distribución de la riqueza o el acceso a servicios públicos de calidad. Al contrario, la política racista de Abinader ya está generando serios daños a la economía y descontento en las comunidades fronterizas y los productores agropecuarios, además de violar los derechos humanos y generar un clima de persecución antidemocrática. Para que mejore la situación de la clase trabajadora, los medios son otros: respetar la libertad y la democracia sindical para una sindicalización masiva; reforma tributaria progresiva para eliminar los impuestos regresivos y las exenciones tributarias a la burguesía; aumento de la inversión en salud y educación pública, cárcel y confiscación de los bienes de los corruptos; no más ARS ni AFP, entre otras medidas.

Nuevamente exigimos poner fin a la persecución racista contra la comunidad inmigrante haitiana, que ha hecho un gran aporte históricamente al desarrollo económico, social y cultural del país. Exigimos restituir la nacionalidad de las personas dominicanas de ascendencia haitiana convertidas en apátridas de manera inconstitucional hace diez años. Exigimos poner fin a las políticas neotrujillistas basadas en teorías conspirativas y el odio racial. Somos un país de mayoría negra que no está amenazado ni territorial ni demográficamente por Haití, la verdadera amenaza para nuestro pueblo proviene de los políticos corruptos de la derecha y de las tendencias antidemocráticas del régimen político que nos oprime, que agita el racismo para dividir a la clase trabajadora y hacer pasar sus políticas económicas y sociales al servicio de una pequeña minoría de capitalistas nacionales e imperialistas. Llamamos a todas las organizaciones y activistas que coincidan con esta perspectiva a que nos organicemos para la lucha y defendamos en las calles nuestros derechos como pueblo trabajador, pues en definitiva es la clase trabajadora dominicana e inmigrante la que ha construido este país y la única fuerza social que representa la posibilidad de un futuro mejor.