La Voz de los Trabajadores

Foto: Eddy Vittini

De acuerdo con el Ministerio Público, la brutal explosión ocurrida en el mercado de San Cristóbal el día lunes, 14 de agosto, que ya ha dejado al menos 31 personas fallecidas y 59 heridos, se habría originado en la empresa Vidal Plast. El Ministerio Público señala que incluso hubo otro incendio en la misma empresa en marzo de este año por contacto entre chispas y un agente químico, como consecuencia del incumplimiento de normas de seguridad.

El desastre afectó a varias cuadras a la redonda, dejando una estela de destrucción, recordando otros desastres similares en los cuales la responsabilidad gubernamental y empresarial fue cubierta con un mano de impunidad, como la explosión de Polyplas y Propagas en Villas Agrícolas en 2018 y al menos otras diez grandes explosiones desde el año 2000 hasta la actualidad en el país. Reportes de prensa y declaraciones de funcionarios del gobierno ya habían apuntado a la presunta vinculación de una empresa dedicada al reciclaje o fabricación de plásticos con la explosión de San Cristóbal, a la cabeza de la cual estaría Edward Vidal. Lo que hasta ahora no había sido revelado, y que La Voz de los Trabajadores ha podido establecer, es que Vidal es un alto funcionario del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales (GCPS) adscrito a la Presidencia de la República.

Una investigación del periodista Balbiery Rosario, publicada el 16 de agosto, indica que el lugar de la explosión fue un mercado municipal que estaba en proceso de desmontaje para iniciar la construcción de un parqueo público el día 15 de agosto. Solo restaba por retirarse una empresa “recicladora de plástico que operaba de forma ilegal”, y cuyo cierre habría sido ordenado en 2019. El ministro de Industria y Comercio, Vïctor Bisonó, confirmó que había un proceso de desalojo, y en otras declaraciones también indicó que la empresa de plásticos estaba “clausurada”. La investigación de Rosario indica que, según las autoridades, “el hombre identificado como Edward Vidal se apresuró a desmontar unos equipos y buscó a un soldador del sector quien, al trabajar con las tuberías conectadas a un tanque de gas licuado de petróleo (…) habría provocado la explosión”, agregando que las investigaciones deberán corroborar dicha versión.

El alcalde de San Cristóbal, José Montás, un ex peledeísta que pasó a las filas del PRM, confirmó en una nota aparecida el 18 de agosto, que el propietario de la empresa de plásticos ubicada en la zona de la explosión era Edward Vidal, alegando que no era una fábrica sino un depósito de plástico. Otra investigación publicada el 18 de agosto por N Digital señaló a la empresa Vidal Plast SRL como la empresa en cuestión, y planteó que las propietarias serían Mercedes Altagracia Vidal Sandoval, Maribel Sandoval Almánzar de Vidal y Edmabel Altagracia Vidal Sandoval. La investigación de N Digital indica que Vidal Plast habría registrado como su dirección el Parque Industrial PISAN de San Cristóbal. En las Páginas Amarillas figura Vidal Plast SRL con la dirección Francisco J. Peynado 46, a cuatro cuadras y media del lugar de la explosión.

Maribel Sandoval Almánzar de Vidal, quien confirmó a N Digital que un trabajador de la empresa murió como consecuencia de la explosión, es la esposa de Edward Armando Vidal Garrido, quien se desempeña como Asistente Ejecutivo del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales de la Presidencia, bajo la coordinación de Francisco Antonio Peña Guaba. Un documento de «Relación de Empleados con Acuerdos de Desempeño Elaborados» para el período enero-diciembre de 2022 lo ubica como Asistente Ejecutivo del Despacho del Coordinador. Una consulta del portal de la Contraloría arroja que percibe un sueldo de 175 mil pesos como parte del Gabinete Social de la Presidencia, con datos actualizados en julio de 2023.

Edward Vidal, capitalista y alto funcionario

Existen numerosos indicios de los negocios del capitalista Vidal a la sombra del Estado desde hace muchos años. La Comisión Permanente de Contratos del Senado, mediante el acta 008-PLO-2010, del 15 de junio de 2010, dejó constancia de que Edward Vidal y su esposa Maribel Sandoval Almánzar de Vidal, compraron un terreno del Consejo Estatal del Azúcar (CEA) de 2,791 metros cuadrados en Boca Chica por aproximadamente 3 millones 350 mil pesos, mediante un contrato de junio de 2009. Edward Vidal también aparece en otro informe del Senado, del 11 de febrero de 2009, representando a José Aníbal de Jesús Rijo en la compra de otro terreno del CEA en la misma zona de Boca Chica.

En cuanto a sus responsabilidades como alto funcionario del gobierno de Luis Abinader, Edward Vidal aparece en un acto de entrega de medicamentos a la Junta de Retiro y Fondo de Pensiones de las Fuerzas Armadas, el 14 de febrero de 2023, en calidad de asistente del coordinador general del Gabinete de Políticas Sociales de la Presidencia.

En el Boletín del ONAPI del 30 de enero de 2015, Edward Vidal aparece solicitando el registro del nombre comercial “Estación de Servicios Jardines de Gautier”, para una empresa dedicada a la “comercialización y distribución de todo tipo de combustibles”, con el número de solicitud 399479. En un registro esta empresa aparece ubicada en la Carretera Mella.

¿Una plaza para la impunidad?

El director de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, Roberto A. Salcedo, afirmó el 18 de agosto que se construiría una plaza para recordar a las víctimas de la explosión del mercado de San Cristóbal, como una forma de que supuestamente “las familias vulnerables de todo el entorno sientan la mano solidaria del presidente Luis Abinader”. Sin embargo, lo más urgente, además de la atención a los sobrevivientes y afectados, es establecer responsabilidades, para sancionar a los culpables y prevenir futuros desastres. La decisión del presidente Abinader de designar a la inteligencia militar para investigar el caso aumenta la desconfianza.

La impunidad gubernamental y empresarial es muy grande en República Dominicana. Recordemos que luego del desastre de Polyplas y Propagas, que dejó ocho fallecidos y más de cien heridos en 2018, los capitalistas de ambas empresas fueron grabados en una conversación telefónica en la que discutían cómo coordinar estrategias para evadir sus responsabilidades, admitiendo incluso que trabajaban estrechamente con los técnicos que investigaban la explosión, y discutían sobre cómo distribuirse responsabilidades. A pesar de la gravedad de sus crímenes y de esa grabación que los incriminaba, la impunidad de los capitalistas fue total.

En el caso de San Cristóbal, la vinculación de un empresario con un alto cargo en el gobierno de Abinader también genera escepticismo sobre la disposición de las autoridades a investigar hasta las últimas consecuencias e imponer castigos ejemplarizantes, no solo a los responsables empresariales sino también a aquellas autoridades cuya negligencia o corrupción incidió en la laxa o nula observación de las leyes y los reglamentos de ordenamiento territorial, gestión de riesgos, incluso después de un primer incendio en marzo de este año. Además de ello, los bajísimos salarios y presupuesto de bomberos, paramédicos y personal médico, el abandono de los hospitales, son otros factores políticos que también determinaron la escala del desastre en San Cristóbal.

Un experto patólogo forense, Sergio Sarita Valdez, señaló que ni siquiera se observaron los protocolos para identificar a las víctimas de la explosión, lo que podría llevar a errores de contabilización y dificultar su identificación.

En ese marco, el presidente Abinader ha dicho que rechaza que se haya “politizado” la explosión, intentando victimizar al gobierno. El Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores ha planteado la necesidad de una investigación independiente con la participación de las familias de las víctimas para llegar hasta las últimas consecuencias.